A 67 años de los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, que Rodolfo Walsh investigó y publicó primero en notas y luego en el libro “Operación Masacre”, comenzó el juicio por la verdad en el Juzgado Federal Nro. 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence. Declararon primero dos hijas de las víctimas mortales, Berta Josefa Carranza y Delia Beatríz Garibotti. La semana siguiente será el turno de uno de los sobrevivientes. El «fusilado que vive» con el que arranca el libro de Walsh. Es Juan Carlos Livraga. Livraga, que luego se exilió en EEUU, hoy tiene 90 años y fue recientemente recibido en el Senado de la Nación por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto Palacios es el abogado querellante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, el distrito al que pertenece Suárez. Anunció que se efectuarán entre una y dos audiencias por semana, con dos testigos por día. «Estuve con familiares de las víctimas y para ellos es muy fuerte, porque es la primera vez que van a testimoniar frente a un juzgado federal por estos hechos. De declararse delitos de lesa humanidad será un acto reparatorio fundamental para todos ellos», expresó Palacios.
“Los mataron por ser peronistas”, afirma, contundente, respecto de su padre Nicolás, Berta Carranza. Nicolás es uno de los que murió bajo las balas policiales en el descampado de José León Suárez, la fría noche del 9 de junio de 1956. Berta integra la comisión de San Martín que fundó, entre otros, su hermana mayor, Elena. La comisión es querellante en el juicio por la verdad y reclama que se lo declare como crimen de lesa humanidad y se lo integre como contenido curricular en las escuelas del distrito, a modo de reparación.
Berta tenía apenas dos años cuando su padre le fue arrebatado por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, por lo que, afirma, casi no tiene recuerdos de él. El padre era trabajador del ferrocarril. Habitaban el barrio ferroviario de Boulogne, partido de San Isidro. Fue cesanteado tras el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 y era buscado por la policía debido a su militancia peronista. Sólo visitaba el domicilio familiar esporádicamente y de noche, para no ser visto.
Los hechos
Los generales nacionalistas Juan José Valle y Raúl Tanco venían planificando un alzamiento contra la autodenominada “Revolución Libertadora”, que pronto pasaría a ser “La Fusiladora”, para ese 9 de junio, con el objetivo de restablecer el gobierno peronista derrocado por las armas nueve meses antes. Pero sus planes se habían filtrado a la conducción de las fuerzas que, en vez de detenerlos antes de que se alzaran, decidieron dejarlos hacer y aplicarles luego un castigo ejemplar.
Esa noche, algunos militantes peronistas esperaban escuchar la proclama rebelde por radio, que era la señal indicada para sumarse y salir a la calle. Pero los rebeldes no pudieron emitir. Hubo combates en La Plata y en Avellaneda, donde los antiperonistas los esperaban pertrechados y lograron finalmente reducirlos. Esa noche peleaba “El zurdo” Eduardo Lausse en el Luna Park y, como era costumbre, la gente solía congregarse en algún domicilio, alrededor de la radio, a escuchar el combate.
Eso ocurrió, de manera espontánea, en el departamento al fondo del pasillo que Juan Carlos Torres alquilaba sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 4519, en Florida Oeste, partido de Vicente López. Entonces, ese barrio del conurbano norte tenía, como todo el cordón oeste de Vicente López, compuesto también por Villa Martelli, Munro y Carapachay, un perfil fabril y obrero, muy similar al de la localidad vecina de San Martín. Casas humildes, algunas sin terminar, y terrenos baldíos, se intercalaban con metalúrgicas, químicas y demás talleres dedicados a todo tipo de actividad productiva, saldo del primer ciclo peronista.
Torres vivía solo y era muy sociable. Los muchachos del barrio solían reunirse en su casa a jugar al truco, comer asado o, como en este caso, escuchar la pelea. No sabían que esa noche habría un intento de alzamiento. Muchos de ellos ni siquiera eran peronistas. Y nunca imaginaron que ésa sería la peor o la última noche de sus vidas.
La policía irrumpió en la vivienda y a los golpes. “¿Dónde está Tanco?”, era la pregunta repetida, entre trompadas, patadas y culatazos. Los subieron a un colectivo que los dejó en la Unidad Regional San Martín. Los sentaron a todos en unos bancos de plaza, en una oficina. Esperaban que los largaran «en un rato o al mediodía siguiente como mucho», en cuanto se aclarase el malentendido.
Sin embargo, horas más tarde, sonó el teléfono de la repartición. Era nada menos que el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, desde La Plata. La orden le sonó tan extemporánea a quien la recibió, que se la tuvieron que repetir.
Luego los subieron a un camión que los llevó a los basurales. Una vez allí, los bajaron e intentaron reunirlos, valiéndose de los faros del vehículo para fusilarlos. Pero como no habían sido inmovilizados, al comprender lo que ocurría intentaron huir. Cinco de los 12 murieron en el acto: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brion. Los 7 restantes huyeron como pudieron, para contar la historia.
La reparación
Esa es la historia que, tras una exhaustiva investigación, cuenta Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”, el libro que es bibliografía obligatoria de todos los cursos de periodismo y es considerado pionero del género non fiction local, al estilo de lo que hizo Truman Capote con “A sangre fría”. Walsh entonces no era peronista: contaría después que se hizo peronista ante la evidencia de la crueldad de los enemigos del peronismo.
Más allá de la obra de Walsh, los crímenes de la Fusiladora, incluyendo los bombardeos a la plaza del 16 de junio de 1955, en los que la aviación naval y la Aeronáutica mataron a más de 300 personas, incluyendo niños, en un intento de asesinar a Juan Perón, nunca adquirieron la misma connotación pública que, por ejemplo, los crímenes de la dictadura de 1976.
En 2022, por primera vez, y a instancias de otro residente en San Martín, el diputado Leonardo Grosso, los familiares de las víctimas fueron recibidos en el Congreso de la Nación. El juicio que comenzó ayer es clave, porque por el largo tiempo pasado desde los hechos quedan pocos sobrevivientes y familiares directos. Y los que parten, lo hacen con el sabor amargo de no haber recibido justicia.
El reclamo de declarar los crímenes como de lesa humanidad es estratégico: esos delitos no prescriben. En el contexto actual de la Argentina, cuando los 40 años de democracia coinciden con una profunda crisis, recordar la barbarie y la violencia política es una manera de conjurarla. En el marco de los homenajes a las víctimas por este nuevo aniversario, el municipio de San Martín organiza para los próximos días 8, 9 y 10 una feria del libro peronista, de la que participarán distintos editores y figuras como Osvaldo Papaleo, Gabriel Katopodis y Felisa Miceli.
Los crímenes de esa noche -los fusilamientos de José León Suárez y el del general Juan José Valle en la vieja penitenciaría de Las Heras-, motivaron la escritura de uno de los tantos libros de Perón, “La fuerza es el derecho de las bestias”. En el frente del domicilio donde fueron secuestrados, se observa una placa colocada por el PJ local, a modo de homenaje.
