En medio de las tensiones entre la Nación y las provincias por la Ley Ómnibus y el Impuesto País, el gobernador de La RiojaRicardo Quintela, hizo una nueva presentación judicial contra el gobierno de Javier Milei. Formulada ante la Corte Suprema de Justicia, la demanda exige la transferencia de más de 56 mil millones de pesos, correspondientes a los fondos coparticipables de 2023 y 2024.

Quintela ya inició acciones legales contra el gobierno nacional, también ante el máximo tribunal, solicitando que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por Milei para ajustar y desregular la economía.

Con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la nueva presentación denuncia “un injustificado trato desigualitario” por parte de la Nación para con la provincia: “La Rioja, aún en el ámbito de su autonomía, tendrá un serio obstáculo material para cumplir con los objetivos constitucionales y convencionales si el Estado federal no remite los correspondientes fondos coparticipables”, indica la demanda.

Concretamente, Quintela reclama que “el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos nueve mil trescientos millones debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Indec (…) correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, que transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos cuarenta y siete mil millones debidamente actualizada (…), mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’ o bien subsidiariamente, en doce cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.”

Como fundamento de la legitimidad del reclamo, la presentación detalla los intercambios administrativos entre la provincia y la Jefatura de Gabinete. “De las notas intercambiadas se extrae como nítida conclusión que el Estado Nacional reconoce de forma implícita la indebida retención de fondos que pertenecen a la Provincia de La Rioja, y a la vez, manifiesta de forma expresa una tentativa inequívoca de utilizar dichos fondos a efectos de someter políticamente a la Provincia de La Rioja».

 

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La demanda destaca que las provincias necesitan recursos para ejercer plenamente su autonomía y para desarrollar políticas públicas inclusivas: «No existe autonomía política sin recursos que la sustenten.”

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