Fabián «Pepín» Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio.

Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como reclamó la jueza María Servini cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, «Pepín» apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno.

Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace dos semanas que le adjudica «inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido» por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos.

Rodríguez Simón tuvo que explicar ante la CORE por qué no quería volver a la Argentina. Dijo que se encontraba radicado en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 tras ingresar de manera regular por el paso fronterizo de Fray Bentos. El motivo de su viaje, alegó, era de “turismo» para «pasar las vacaciones de verano en Punta del Este, sin perjuicio que también estuvo motivado por un emprendimiento comercial que planificaba desarrollar”, es decir el bar en la playa.

En la solicitud incluyó además que tenía temor de volver a la Argentina porque se sentía un perseguido. El pedido y los increíbles fundamentos, rechazados originalmente por la Comisión de Refugiados, fueron revelados esta noche por Gustavo Sylvestre en C5N. Y son los papeles que evaluó la jueza oriental para rechazarle el refugio.

Tiempos judiciales y políticos

El fallo de la jueza es del 23 de diciembre último, según informaron funcionarios de los tribunales de Montevideo, y se basa como antecedente en esa resolución de la CORE que en agosto del año pasado recomendó negarle el refugio ya que sus integrantes advirtieron que se lo juzga por delitos comunes y no encontraron signos de persecución de carácter político. Las conclusiones del informe decían: «El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional”.

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A pesar de no ser un integrante formal del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Simón tenía escritorio en la Casa Rosada y además era un hombre clave en las decisiones de la mesa judicial que se ocupó de las estrategias para perseguir opositores y diseñar un Poder Judicial a medida. Entre ellas están las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, para exigirles que atacaran a Cristina Kirchner y para quitarles sus medios de comunicación, de las que la jueza Servini sospecha que participó.

Los únicos cargos formales de «Pepín» eran el de miembro del directorio de YPF y, el que aún mantiene, como legislador del Mercosur. Para pedir asilo dijo, por ejemplo, que querían encarcelarlo, algo que no ocurrió con ningún imputado en la causa. Es más, Macri –uno de ellos– se la pasa viajando.

El expediente sobre el pedido de refugio del operador tramita en forma reservada en el juzgado de Chamsarian, pero este diario también pudo confirmar que su abogado Jorge Díaz lo apeló. El Tribunal de Apelaciones, explican en la justicia uruguaya, puede tomarse un buen rato para resolver. Cada uno de sus tres integrantes tiene 20 días para dar su opinión. Luego delibera y su decisión es una sentencia definitiva. Recién entonces, si confirman la sentencia de la jueza Chamsarian se reanudará el proceso de extradición, que tramita en un expediente aparte, que por ahora está suspendido a la espera de la definición sobre la cuestión del pedido de refugio, y que también podría llevar un tiempo.

Si bien en un comienzo el gobierno de Luis Lacalle Pou pareció alentar un proceso ágil, no fue lo que sucedió. De hecho, en el Parlasur, varios legisladores se quejaron y advirtieron sobre lo que ven como una cobertura política.

Cuando Servini advirtió que «Pepín» estaba instalado en Uruguay y que «mantenía contactos con estamentos del poder», dictó una prohibición de salida del país. La citación a indagatoria era para el 26 de mayo de 2021. Su defensa informó al juzgado que tenía pasaje para volver en Buquebús el 15 de ese mes, pero nunca regresó. Es más, pidió una postergación de la indagatoria, que la jueza le concedió para junio. Pero el 6 de mayo de aquel mismo año ya había presentado el pedido para obtener refugio en Uruguay y habló con algunos medios amigos donde aseguró que lo querían privar de la libertad y lo perseguían por haber querido cobrar impuestos al juego. «Pepín» tuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después de ocuparse del desguace de Lotería Nacional) pero para entonces los aprietes denunciados ya habían sucedido. López y De Sousa terminaron presos dos años en el expediente conocido como Oil Combustibles, donde al final fueron absueltos.

Cuando supo del pedido de refugio, Servini firmó una resolución en la que sostuvo que era «absolutamente improcedente» y «parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación». Lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

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¿Y el Parlasur? 

La parlamentaria del Mercosur por el Frente de Todos, Elena Corregido, hizo notar en una entrevista en la AM750 que en su última aparición en el recinto, cuando Rodríguez Simón armó un escándalo porque quería hablar y negar su condición de prófugo, ocultó lo que todo el mundo se enteró –las y los parlamentarios incluidos– este jueves: que la jueza Chamsarian le había negado su condición de refugiado.

Ese día se tuvo que ir abucheado. Hasta la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani, le recriminó en esa sesión que no se hubiera presentado a la indagatoria. «Quiero pedirle a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina», dijo. «Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse», reforzó.

Dos semanas atrás la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó un dictamen por mayoría de siete votos contra dos que propone la «exclusión» de Rodríguez  Simón «por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido«. Esto deberá ser tratado por el plenario y requiere 77 votos de sus 177 miembros. La sesión que estaba prevista para el 16 de mayo fue suspendida hasta nuevo aviso. El 9 de mayo hay una reunión de la mesa directiva que resolvería cuál será la nueva fecha.

La votación se perfilaba hasta ahora peliaguda pero la novedad de la resolución de la justicia uruguaya podría tener algún impacto en la posición de algunos/as parlamentarios/as. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, dijo«La decisión de la jueza fortalece la idea de separar a Rodríguez Simón del Parlasur ya que muchos que proponían mantenerlo argumentaban que no se lo podía expulsar porque todavía no se había definido la Justicia. Está claro que todo lo que hasta ahora se ha actuado marca que no hay motivo para considerarlo un refugiado, y que es un prófugo. Me refiero a la resolución de Servini, el rechazo del habeas corpus que él presentó el año pasado, el informe  de la CORE y ahora la resolución que se conoce de Chamsarian».  Cecilia Brito, una de las autoras del dictamen para la expulsión, coincidió: «La argumentación que tenía preparada la derecha de los cuatro países para sostener a Pepín, se desarma. Esperamos que el tribunal de apelaciones resuelva pronto».

La causa por la que Rodríguez Simón se escapó es una rama de funcionamiento de la llamada «mesa judicial» del macrismo. También está imputado en otra causa, donde se investiga de manera más amplia cómo operaron un grupo de exfuncionarios y operadores del macrismo para armar causas judiciales y también para perseguir y desplazar a integrantes del sistema de justicia.

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En ese expediente el fiscal Gabriel De Vedia, declaró que Rodríguez Simón fue quien le mandó a decir a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó que si no renunciaba tanto ella y sus hijas irían presas. En ese expediente está pendiente el resultado de un entrecruzamiento telefónico pedido por el fiscal Franco Picardi, en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. La posibilidad de que Servini lo indague algún día empieza a ser más cercana, aunque todavía falta. Pero la definición de la jueza Chamsarian es de vital importancia porque afirma que nadie lo persigue por razones políticas y, tarde o temprano, deberá rendir cuentas.

Los papeles del Core

La presentación que hizo Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya agrega detalles sobre la relación con aquel país y dice que tenía la “residencia permanente Mercosur” desde el 22 de octubre de 2020. El viaje anterior al de diciembre de 2020 había sido en agosto de de ese año y fue cuando tramitó, según su relato, un “ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento del local donde proyectaba realizar el emprendimiento relatado”. Los viajes recurrentes también estuvieron enmarcados, agregó, en su cargo de Parlamentario del Mercosur. Y dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, “pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud”.

En los papeles también contó su historia con el PRO, los cargos que tuvo y dijo que no fue abogado personal de Macri “sino abogado de confianza en el marco del gobierno” y que lo representó sólo en la asunción de la fórmula presidencial Macri – Michetti para el cambio de mando de 2015 con la presentación de una medida cautelar y que también actuó como su abogado en el juicio Panamá Papers.

Una confesión

La presentación tiene un párrafo sublime sobre la Mesa Judicial. “Aunque existía la ´mesa judicial´ –dice–, así denominada por la prensa, que reunía regularmente a distintos funcionarios y asesores para discutir y proponer políticas judiciales o seleccionar candidatos a jueces de la terna proveniente del Consejo de la Magistratura, nunca integré la misma ni participé de las reuniones que mantenía”.

También señala que se reunían por “propósitos legítimos de acción de gobierno” y que él “no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales”. Los dichos no son pocos y son de la misma persona que impulsó el nombramiento por decreto a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, con quien tiene 59 llamados en el periodo que investiga la causa judicial de Servini.

Probablemente parte de estos argumentos hayan nutrido la resolución de la jueza Chamsarián, y se encuentren bajo análisis del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

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