Después de un trámite récord de más de 20 años, la causa del Correo Argentino vuelve a caer en estado de parálisis. Esta vez es por la decisión de dos juezas de la Cámara Comercial que admitieron un planteo de la empresa de la familia Macri de dejar en suspenso la revisión de la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli hasta que la Corte Suprema defina si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), pese a ser parte de la justicia local, es una instancia habilitada para revisar este caso, lo que podría impactar en las decisiones de la justicia nacional en general.
Entre todos los intentos por evitar la declaración de quiebra y el pago de su millonaria deuda, el Correo y su principal controlante, Socma, hicieron planteos de todo tipo entre los cuales especularon con la posibilidad de meter por la ventana al máximo tribunal porteño (el TSJ), donde lo primero que llevaron fue la recusación de la fiscala ante la Cámara, Gabriela Boquin, y la jueza Cirulli. El TSJ le dio señales favorables porque resolvió admitir su «competencia» pero se generó una disputa con la Sala B de la Cámara Comercial, que rechazó su intervención. Por si acaso, el macrismo logró que la Legislatura porteña aprobara una ley a medida para darle superpoderes al tribunal en cuestión. La discusión por las facultades de lxs supremxs porteños está en la Corte nacional desde mediados del año pasado. El 5 de julio la jueza Cirulli decretó la quiebra de la empresa, que cómo era esperable apeló pero quiere seguir estirando el proceso judicial hasta el infinito y no pagar a sus acreedores, entre ellos el Estado.
A fines de agosto del año pasado, el procurador interino Eduardo Casal se opuso a las pretensiones de la empresa. «No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia» dictada por la Justicia nacional, escribió. «La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la Justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación», algo que sólo podría ocurrir a través de una ley votada por el Congreso, especificó. Los supremos no se pronunciaron todavía. Lo que diga Casal no es vinculante para ellos. No hay señales de que compartan su criterio.
Mientras tanto, la sala B de la Cámara Comercial recibió un dictamen lapidario de la fiscala Boquin que pedía la confirmación de la quiebra y denunciaba un sinfín de maniobras de vaciamiento del Correo que luego en una asamblea de Socma se advirtió que se extendería a otras firmas del grupo. Sería un modo de alegar falta de respaldo para pagar la deuda que supera los 6 mil millones de pesos. La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, pidió también la extensión de la quiebra, lo que precisamente pondría a Socma en posición de tener que asumir las históricas obligaciones.
El fallo que deja en veremos la definición sobre la quiebra está firmado por las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal. Ballerini planteó en el fallo que «no puede perderse de vista que, de prosperar la postura del TSJ de erigirse en instancia superior a esta Cámara de Apelaciones, la cuestión atinente a las recusaciones de la magistrada de primera instancia, la sra. fiscal de Cámara, e incluso de una de vocal de este tribunal, podrían ser tratadas en esa jurisdicción, y ser eventualmente decididas de modo contrario al arribado». Hasta ahora todo fue rechazado. «Así es que, de concretarse dicha hipótesis –posible por cierto dada la actual coyuntura de este proceso– no puede soslayarse la eventual proyección de sus efectos respecto de la materia de fondo que esta Sala debe abordar», advirtió para darle la razón al Correo. Uzal la acompañó con algunos agregados.
La jueza Guadalupe Vásquez votó en disidencia. «El pedido de suspensión de la totalidad de las actuaciones no tiene sustento legal y se funda en la interposición de recursos locales, que fueron desestimados en forma liminar por esta Sala en tanto no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico que rige los procesos concursales que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Comercial. Además, esa pretensión contradice uno de los principios fundamentales de los procesos universales de insolvencia, a saber, la celeridad, así como las reglas procesales previstas en la Ley de Concursos y Quiebras».
El oficialismo porteño ve en la corte de CABA un tribunal aliado. De hecho tiene tres jueces «propios»: Inés Weinberg de Roca fue la fallida candidata de Mauricio Macri a la Procuración General, Santiago Otamendi es el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano, y Vivian de Langhe es a quien el expresidente le encomendó en sus tiempos como jefe del gobierno porteño la formación de las y los policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
