Sucedió en Córdoba en los primeros días de noviembre pero la noticia se conoció este martes. La necesidad de una ley que permita terminar con la clandestinidad. «Era una muerte que se podría haber evitado», dicen desde la Campaña por el derecho al aborto legal.
La noticia de la muerte de Mariela fue un impacto doloroso en estos días en los que se está debatiendo en Cámara de Diputados el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Córdoba anunciaba la muerte por aborto inseguro.
Mariela tenía 40 años y había llegado a una institución pública de la capital cordobesa con un avanzado cuadro de asepsia. Estuvo allí durante tres semanas deseando recuperarse para volver con su familia, pero no pudo. Luego de haber presentado una leve mejoría, Mariela murió el 7 de noviembre. Fue la cuarta muerte en este año por aborto inseguro.
“Los abortos siguen ocurriendo. Por eso, es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: sin ley, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada. Mariela es víctima de un sistema que criminaliza y prejuzga en lugar de garantizar”, difundió la Campaña a través de un comunicado.
“La familia y la comunidad está muy dolida con lo que sucedió con Mariela”, dice Betiana Cabrera Fasolis, integrante de la Red de Profesionales por el derecho a decidir, la Campaña por el derecho al aborto y de la organización Mumala, y aclara que se trata de un nombre ficticio que se eligió para protegerla a ella y a su familia. “No sabemos el método por el cual Mariela interrumpió su embarazo, sí sabemos que era una muerte que se podría haber evitado. Esta es la cara más terrible, lo que venimos denunciando es que todos los casos son similares y de pocos recursos materiales y pocos recursos simbólicos, bajo acceso a la información por eso nuestro reclamo es que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos vulnerados siempre pero más en contexto de pandemia mucho más”.
Durante la pandemia, denuncia Betiana, se discontinuó la proporción de métodos anticonceptivos se cerraron servicios, y varios sectores aprovecharon para ser objetores y obstaculizadores. La campaña pidió en dos oportunidades reunirse con el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo pero nunca les respondieron. “Pedimos que se garanticen las consejerías, algo que se hace de forma irregular, sobre todo cuando salimos de la capital de Córdoba. Tenemos muchos servicios que son objetores y que no tienen profesionales que garanticen la práctica. El problema es que no son abiertamente objetores, ocultan, dilatan, tergiversan, manipulan y ahí vemos la clara intencionalidad que se denuncia”, agrega. “Estamos hablando de una ley que dentro de poco va a cumplir cien años y no se cumple, lo cual da la pauta que al igual que en otros países del mundo, fracasó la política de aborto por causales y necesitamos una política de interrupción voluntaria”
Córdoba es una de las provincias que presenta grandes problemas para acceder a las interrupciones legales del embarazo. “Queremos una ley que garantice estas prácticas porque no obliga a nadie pero protege a aquella que decide hacerlo. El aborto es un evento obstétrico, uno de cada tres embarazos termina en aborto, sabemos que es algo frecuente, pero de acuerdo a la posibilidad de pago le va bien o le va como a Mariela, o también le puede ocurrir que termine presa o denunciada”, dice Cabrera Fasoli, quien es médica ginecológica.
Lo que oculta la objeción
Además de ser coordinadora de Mumala, Cabrera Fasolis es docente y médica. Afirma que la objeción de conciencia de la que tanto se habló durante las exposiciones de la mañana en Diputados, sólo se funciona cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos. “Es una construcción machista que recae sobre la mujer, por ende, tiene que ver con cuestiones inherentes a personas gestantes que nos consultan”, explica. “Si quiero ser objetora de conciencia para atender a un femicida no puedo”.
Según la profesional, sólo sirvió históricamente para obstaculizar, para entorpecer y para dilatar, “no hay ni una mínima empatía, inclusive cuando hablamos de casos terribles como embarazos productos de abusos sexuales”, afirma. “Como profesionales de salud no lo compartimos, no lo comparto con los colegas, es una prerrogativa para ciertas áreas. Si me declaro objetora para un legrado a causa de un feto muerto y retenido, cómo me voy a declarar objetora para un causal salud, para eso me dedico a la oftalmología”.
En ese sentido, Betiana recuerda que hubo provincias donde de pronto, todos se declararon objetores de conciencia y avanzaron en un registro público. “No cualquiera puede declararse, soo los que realizan la práctica, que hoy es una consejería, un seguimiento ambulatorio, una ecografía porque en su mayoría es un aborto medicamentoso hasta la semana 14 que se puede realizar de forma ambulatoria, lo cual nos ayuda muchísimo porque ahí son las mujeres las que tiene la decisión sobre su cuerpo”.
Mitos y confusiones
El dolor por Mariela contrasta con algunas intervenciones de sectores antiderechos en Diputados. Exposiciones que carecen ante todo, de certezas científicas.
“Es lamentable que se use es espacio que es una vidriera nacional e internacional para volcar argumentos basados en mitos, sin evidencias. Es realmente lamentable viniendo de colegas médicos me da incluso, tristeza. Ellos cumplen con su objetivo de confundir, no hay renovación argumental en ese sentido”, destaca la profesional. Y diferencia, “del sector de quienes estamos a favor del proyecto de ley, veo que hay una renovación y una actualización. Eso demuestra el trabajo y el camino recorrido, y cuando más pasa el tiempo vemos que el aborto legal como estrategia sanitaria es el camino, porque los abortos se siguen realizando”.
Por otro lado, manifiesta, “escuchar una línea argumental que dice que las pobres no abortan, puedo decir que nosotras que trabajamos en el territorio sabemos que no es así, y sabemos que eso es una terrible manipulación de la vulneración social porque todavía el tema del aborto sigue siendo algo que genera culpa, vergüenza y estigmatización”.
Para Betiana, el aborto legal tiene más chances de aprobación. “Este es un proyecto que viene a dar más derechos a la sociedad argentina y lo cierto es que este trabajo histórico también necesita que lo empujemos. La mejor forma de lograrlo es el consenso social”, finaliza.
Luego de conocerse la muerte de Mariela, se realizó un perejilazo en las plazas cordobesas. Su nombre engrosa el doloroso registro no oficial de muertes por abortos inseguros.
