No hay mejor defensa que un buen ataque. Éste parece haber sido el principio que guió los descargos que formularon los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que los había notificado de los cargos que pesan en su contra. Los dos integrantes de la Corte Suprema se escudaron en que hubo irregularidades en el proceso y que, en todo caso, los legisladores buscaron afectar la independencia del tribunal. Rosenkrantz hizo una defensa de su fallo del 2×1 en favor del represor del Hospital Posadas Luis Muiña –que abría la puerta de una liberación temprana al resto de los criminales de lesa humanidad– mientras que Rosatti no explicó los mensajes que se conocieron entre su mano derecha, Silvio Robles, y Marcelo D’Alessandro, el entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta que debió renunciar tras el escándalo que se desató por la divulgación de sus comunicaciones.
Rosatti y Rosenkrantz fueron los dos únicos miembros del máximo tribunal que respondieron al traslado que les había hecho la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard del FdT. Sus otros dos colegas, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, optaron por el silencio.
Si bien Rosatti y Rosenkrantz enviaron sus respuestas por separado, en ellas hay un hilo común: la impugnación al proceso que se llevó a cabo desde principios de este año en la Cámara de Diputados. ”Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”, se quejó Rosatti.
“Ésta es una instancia más de una historia desafortunadamente rica en intentos de la rama con atribuciones de control de condicionar, neutralizar o directamente cooptar al Poder Judicial de la Nación y, en especial, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicten sentencias que, con independencia de su ajuste al derecho vigente, satisfagan las preferencias ideológicas y las necesidades políticas de las mayorías circunstanciales de una comisión de una de las cámara del Congreso de la Nación”, se victimizó, por su parte, Rosenkrantz.
Los dos jueces debieron enfrentar cuestionamientos desde la forma en la que llegaron al tribunal hasta por los fallos más controvertidos que firmaron: el 2×1 para los genocidas, la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación con la Nación y la declaración de inconstitucionalidad de la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura –y tras ello, la vuelta a una norma que ponía al presidente de la Corte como titular de ese organismo.
En el caso de Rosenkrantz, sus esfuerzos se centraron en tratar de explicar por qué se puso como prioridad la tramitación de los planteos de los represores de la última dictadura que reclamaban que se le computaran doble los días que habían pasado en prisión preventiva –es decir, sin una condena firme. Rosenkrantz no rebatió que esa haya sido una de sus prioridades. De hecho, Federico Morgenstern, el secretario que estuvo al frente de ese caso, relató ante la Comisión de Juicio Político que había trabajado durante la feria de 2017 para tener un relevamiento de los casos y de la jurisprudencia. Rosenkrantz sostuvo que el fallo era correcto y que los jueces deben hacer cosas que probablemente no querrían hacer. Era una forma de justificar la “justeza” del fallo que él mismo propició.
A Rosenkrantz también le achacaron haber desactivado la Comisión Interpoderes –creada para contribuir con la tramitación de los juicios de lesa humanidad–, pero él contestó diciendo que no había ninguna norma que estableciera con qué periodicidad debía convocarla el presidente de la Corte. Además, aprovechó para arrojarle un dardo envenenado a Ricardo Lorenzetti: dijo que cuando él llegó a la presidencia de la Corte –tras el golpe palaciego del 11 de septiembre de 2018, que desbancó a Lorenzetti de la titularidad del tribunal–, la Comisión ya llevaba dos años inactiva. Rosenkrantz afirmó también que mientras él estuvo al frente de la Corte aumentaron las sentencias de lesa humanidad que se dictaron.
El otro punto sobre el que debió dar explicaciones fue la demora en dictar una sentencia en el caso de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma involucrado en crímenes de lesa humanidad. Básicamente, Rosenkrantz contestó que ese expediente ya estaba demorado desde antes de que él llegara a la Corte y de que asumiera como presidente del tribunal. Aclaró que nunca conoció a Blaquier, aunque tuvo que admitir que sí Nelly Arrieta –la exesposa de Blaquier– hacía donaciones para la Universidad de San Andrés mientras él ejercía como rector y que tenía vínculo con Miguel Blaquier a través de la Fundación Cimientos que integraba su esposa. “No eran parte del pleito”, enfatizó.
Para Rosatti lo más difícil de explicar fue la relación de su mano derecha, Robles, con D’Alessandro, con quien habría intercambiado información sobre dos temas que interesaban al macrismo: la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Para evitar dar detalles puso en duda la veracidad de los chats que se conocieron en diciembre pasado. “Como consecuencia de la declaración judicial de invalidez de esas supuestas conversaciones, no se ha podido indagar acerca de su veracidad, por lo que no resulta posible saber si las imágenes difundidas son producto de una maquinación fraudulenta. Por lo antedicho, no es posible que me expida sobre el punto sin que ello signifique una interferencia en un proceso judicial que tramita ante una instancia anterior a la Corte que integro”, escribió el presidente supremo.
En su descargo, Rosatti apuntó sus cañones contra la Comisión de Juicio Político, a la que acusó de haber llevado adelante un proceso con «vicios de procedimiento». Se quejó, por ejemplo, de que a algunos testigos se les habría dicho que podrían ser denunciados penalmente por su reticencia a declarar. También dijo que hubo trato hostil hacia algunas personas que testificaron en el Congreso. «La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso», remarcó el supremo que, entre otras cosas, defendió el autovoto para llegar a la presidencia de la Corte –y después al Consejo de la Magistratura.
A Rosatti también lo habían acusado de darle cobertura a un represor, Eduardo «Curro» Ramos Campagnolo, mientras era intendente de Santa Fe. Al responder a esa acusación, dijo que Ramos Campagnolo había ingresado al municipio antes de que él asumiera y que promovió un sumario después de que la exdetenida-desaparecida Patricia Isasa denunciara que uno de sus victimarios trabajaba cerca del intendente.
La Comisión está citada para el martes próximo en caso de que Lorenzetti o Maqueda quieran hacer un descargo presencial, ya que no hicieron sus presentaciones por escrito como Rosenkrantz y Rosatti. La Comisión tiene plazo hasta el 20 de noviembre para dictaminar, es decir, hasta un día antes del balotaje. Es probable que los diputados y las diputadas vuelvan a reunirse con ese fin el jueves 16 o el viernes 17, estimaron fuentes parlamentarias.
