La Cámara Nacional del Trabajo habilitó la feria para tratar los planteos de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei –con el que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) pretende regular la economía y el mundo laboral en beneficio de los grandes grupos económicos.
Después de una presentación del triunviro Héctor Daer con el patrocinio del abogado Pablo Topet, la sala de feria de la Cámara del Trabajo –integrada por los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera– resolvió que los planteos se analicen durante el receso de enero. “Frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria solicitada”, escribieron los camaristas del fuero del trabajo.
El 27 de diciembre pasado, la CGT mostró en sociedad la que será su táctica frente al DNU de Milei: la impugnación judicial y la movilización en las calles –que tendrá su máxima expresión el próximo 24 de enero con un paro general. El miércoles último, la CGT presentó un amparo que quedó radicado en el juzgado de José Ignacio Ramonet. En la presentación, la CGT pedía que se declarara la inconstitucionalidad del DNU y que se dictara una medida cautelar para impedir que sus efectos empezaran a golpear a los trabajadores.
El juez Ramonet aceptó la competencia del fuero laboral, pero dijo que no podía dictar una cautelar porque entendía que el DNU no estaba en vigencia –en efecto, entró el 29 de diciembre. El magistrado, además, emplazó al Poder Ejecutivo a responder en un plazo de tres días a los planteos de la CGT.
La central obrera criticó a Ramonet por no haber dictado la cautelar. «Si hay un grupo ‘socialmente vulnerable’, claramente son los trabajadores y no parecería dudarse de esta circunstancia, cuando la propia Constitución Nacional impone al legislador un mandato de tutela intensa, específica y preferente en su artículo 14 bis», dice la presentación.
La CGT, además, sostiene que Milei buscó saltarse el Congreso con su DNU. En esa línea, la central sindical insiste con que el DNU pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal. «No se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez».
La CTA, que conduce Hugo Yasky, también consiguió que la justicia laboral habilite la feria para tratar su amparo contra el DNU de Milei.
La pelea con el fuero contencioso administrativo
El gobierno de Milei, consciente de que el fuero laboral no es un terreno que vaya a favorecerlo, quiere que rápidamente todos los planteos se concentren en los tribunales en lo contencioso administrativo –donde se dirimen las acciones contra el Estado. En esa línea, le pidió al juez Esteban Furnari –el primer magistrado que aceptó tramitar el amparo colectivo que presentaron el economista Claudio Lozano (Unidad Popular), la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad– que atraiga todos los cuestionamientos que se impulsaron judicialmente contra el DNU.
La CGT recurrió tanto la decisión de no dictar una cautelar contra el DNU como el pedido de Furnari para que le manden también esa causa a su juzgado. El tema se dirimirá durante la feria.
Horas después de que la Cámara del Trabajo le corriera vista, el fiscal general interino Juan Manuel Domínguez dijo que le corresponde a la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolver quién se queda con las causas. Con el dictamen de Domínguez, la Cámara del Trabajo quedó habilitada para fallar.
Es probable que los jueces de la Cámara del Trabajo se pronuncien durante el miércoles. Incluso reconociendo que no es competente, el tribunal podría dictar una cautelar que suspenda al DNU si entiende que está ante un planteo de sectores socialmente vulnerables o si comprende que está comprometida la vida digna según la define la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o la alimentación. Así lo establece la Ley 26.854, que regula las cautelares contra el Estado.
El DNU –según denuncian organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales– empeorará la vida de millones. Solo en materia laboral estirará el período de prueba de tres a ocho meses, facilitará los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limitará el derecho a huelga.
No hay que pasar el verano
En el primer día laboral del año, hubo mucha actividad en los tribunales. En distintos fueros y en distintas jurisdicciones hubo jueces que decidieron habilitar la feria para tratar presentaciones relativas al DNU 70/23 de Milei. La justicia de San Juan y la de Lomas de Zamora decidió enviar los planteos que tenían al juzgado de Furnari para que se acumulen en el proceso colectivo que iniciaron el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Lozano, la CTA Autónoma y ATE.
En las últimas horas, el abogado Jorge Rizzo –expresidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y referente de la agrupación Gente de Derecho (GDD)– pidió que el fuero contencioso también habilite la feria. “¿Qué tema es de mayor gravedad para las instituciones de la Patria cuando se pone en jaque la forma de gobierno representativa, republicana y federal que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional? ¿O acaso lo que se demanda en los presentes obrados no es haberse expoliado a uno de los poderes constituidos del Estado de derecho a través del DNU 70/23, más precisamente el Poder Legislativo?”, escribió Rizzo. Sin embargo, el fiscal Miguel Gilligan dictaminó en línea contraria.
La decisión de distintos fueros y de distintas jurisdicciones de habilitar la feria para analizar el DNU a priori parece desentonar con la resolución de la Corte Suprema, que ante un planteo del gobierno provincial de La Rioja –patrocinado por el excortesano Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Gustavo Ferreyra– decidió posponer el tratamiento para febrero.
El gobernador riojano Ricardo Quintela dijo en Futurock que no veía mal que el máximo tribunal debatiera el tema después de la feria. «Es cierto, la Corte no nos habilitó la feria, aunque juzgamos valiosas institucionalmente las decisiones de la Corte», reafirma Ferreyra ante Página/12. El constitucionalista destaca que los supremos hayan tenido por presentada la demanda de la provincia, hayan formado un incidente de la medida cautelar que pide la suspensión de los efectos y que le haya corrido traslado por la demanda de inconstitucionalidad al Ejecutivo. «Todavía con sede en Balcarce 50», desliza con ironía el jurista.
