A once años del primer Ni Una Menos, los números vuelven a interpelar a la sociedad salteña. En lo que va de 2026, la provincia se cometieron ya al menos tres femicidios.
Los datos corresponden al registro provisorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), al Registro Provincial de Femicidios de la Oficina de Género del Poder Judicial, al Registro del Observatorio Popular Ñawi y al relevamiento propio de la prensa. Detrás de cada cifra hay una constante que persiste desde hace años: la violencia ejercida por quienes integraban el círculo más cercano de las víctimas.
Los tres casos de este año comparten características. Todos fueron cometidos dentro de viviendas y los acusados o principales sospechosos mantenían o habían mantenido una relación de pareja con las víctimas. El hogar fue el escenario de la violencia más extrema.
El primer femicidio de este año, fue cometido el 9 de febrero en la ciudad de Salta, en una vivienda de calle Buenos Aires al 1100. La víctima tenía 44 años y era madre de una niña. La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, dispuso la detención e imputación de un hombre de 54 ó 57 años que era pareja de la mujer. La causa se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 8 del Distrito Judicial Centro como homicidio calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio).
Días después, el 17 de febrero, Natalia Cruz fue asesinada en Campo Quijano. Tenía 37 años, era docente y madre de dos hijos de 11 y 17 años. Estaba separada de Daniel Orlando Serapio, de 40 años, aunque él seguía hostigándola. Ese día Serapio la atacó, confesó el hecho ante familiares de Natalia y se dio a la fuga. Cruz llegó con vida al hospital local pero murió poco después de ingresar.
Serapio escapó en una camioneta que fue encontrada abandonada cerca de la estación Chorrillos y permaneció prófugo once días, oculto en una cueva junto a las vías del Ramal C-14, cerca de la estación Diego de Almagro. Era oriundo de Santa Rosa de Tastil y conocía bien esa geografía. Fue detenido en la noche del 27 de febrero por personal de la UGAP del CIF, en un operativo en el que intervino la fiscal Sodero Calvet. Dos familiares de Serapio fueron imputados como coautores de encubrimiento agravado por haberlo asistido durante la fuga. En mayo, el juez de Garantías Ignacio Colombo confirmó la prisión preventiva de ambos tras rechazar el pedido de revisión de la defensa.
Desde el día del crimen, la familia y vecinos de Campo Quijano marcharon casi a diario y cortaron la ruta nacional 51 exigiendo la captura. “Justicia por mi hermana Natalia Marilín Cruz, justicia por sus hijos, por una madre, por una amiga”, dijo su hermana Azucena Colque al conocerse la detención. El caso conmovió especialmente porque no fue el primero en la familia: en 2017, su hermana Amira, de 17 años, también fue asesinada, y su prima María José “Majo” Cabrera, de 36 años, murió en diciembre de 2023 días después de ser atropellada a la salida de un boliche en Campo Quijano. En este último caso, la familia sostiene que también fue un femicidio.
El tercer femicidio de este año fue cometido el 16 de marzo, en el barrio San Calixto, en la zona sur de la capital salteña. Vanesa Guadalupe García, de 41 años, fue hallada asesinada por dos de sus hijos, de 14 y 15 años, cuando volvieron del colegio. Era madre de cuatro hijos: dos jóvenes de 24 y 21 años y los dos menores de edad que encontraron su cuerpo. García presentaba signos compatibles con asfixia. En el mismo domicilio estaba ahorcado Aníbal Palacios, de 51 años, su pareja, señalado como principal sospechoso. La investigación quedó a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet y la hipótesis principal es femicidio seguido de suicidio. La causa se tramita ante el Juzgado de Garantías N° 3.
Además, el Ministerio Público Fiscal de Salta comunicó el lunes 2 de febrero que una mujer de 78 años fue hallada sin vida en su vivienda de El Carril. Este caso no fue confirmado como femicidio pero intervino la fiscal de la Unidad de Femicidios, quien ordenó diversas medidas. El caso permanecía bajo investigación, conforme al protocolo de la Procuración General que establece que toda muerte violenta debe investigarse bajo presunción de femicidio u homicidio doloso hasta que la causa quede científicamente determinada. No hubo más información oficial sobre este caso.
Femicidios desde 2017
Desde 2017 hasta marzo de 2026, la Oficina de Género del Poder Judicial contabilizó 110 femicidios en la provincia.
El pico fue 2017, con 21 casos; en 2018 se registraron 10 y en 2019, 12. Durante 2020 se contabilizaron 14 femicidios; en 2021 también 14 y en 2022, 11. Luego en 2023 se registraron 12 femicidios, entre estos casos se contabilizó el de un niño hallado sin vida junto a su progenitor en Las Lajitas, porque se consideró un “femicidio vinculado”, que se da cuando el padre mata al hijo para dañar a la madre. En 2024, el registro contabilizó 7 femicidios y en 2025, 6.
El registro del Poder Judicial difiere con el del OVCM en algunos años: en 2020, 11; en 2021 coinciden en 14; coindicen con 11 en 2022, también. Mientras que en 2023, el OVCM registró 12 casos, en 2024, 9, en 2025, 6 y en 2026, 3.
Aunque estos datos podrían dar cuenta de un descenso en la cantidad de crímenes de género, hay una zona gris desde 2023, ya que la Oficina de Género del Poder Judicial empezó a registrar por separado las “Muertes Violentas y Dudosas de Mujeres”. En ese año contabilizaron 23; en 2024, 24, y en 2025, 22. En total, 69 casos en tres años que no se incorporaron en las estadísticas de femicidios pero que pueden serlo: muertes presentadas como accidentes o suicidios, investigadas sin perspectiva de género o directamente archivadas sin imputados. En varios de estos casos, los familiares consideran que se trató de femicidios.
En lo que va de este año el Registro del Poder Judicial en 2026 no tiene contada ninguna muerte violenta o dudosa, mientras que el OVCM incorporó un caso en la categoría “muertes violentas y/o dudosas de mujeres cis, trans”.
Por su parte, El Observatorio Popular Feminista Ñawi contabiliza en 2025 seis femicidios, un travesticidio y 22 muertes violentas o dudosas de mujeres. Y releva que entre 2019 y 2025 se registraron siete femicidios de niñas y adolescentes indígenas, una categoría que los registros oficiales no desagregan.
Travesticidios/transfemicidios
En los últimos años, se registró al menos tres transfemicidios/travesticidios. Mirna Antonella Di Marzo, fue brutalmente golpeada en la madrugada del domingo 21 de octubre de 2018, tras agonizar durante tres meses, falleció el 27 de enero de 2019. Su atacante José Gareca fue condenado a perpetua.
En 2022, Carina Guzmán, mujer trans de 37 años, fue encontrada sin vida el 31 de agosto en su casa del barrio Villa Tranquila, en General Güemes, con signos de violencia y la causa fue caratulada primero como homicidio simple, luego como homicidio criminis causa, sin agravante de identidad de género. Según el seguimiento realizado por el Poder Judicial, hubo cuatro imputados varones y dos imputadas mujeres. Luego, el 11 de agosto de 2023 se ordenó la elevación de la causa a juicio contra las dos imputadas y se dictó el sobreseimiento para tres de los otros cuatro imputados. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023 se dictó el auto de sobreseimiento a favor del cuarto imputado.
En 2025, Daniela Fernanda Arias, una mujer trans de 34 años, murió bajo custodia policial de la comisaría N° 2 de Rosario de Lerma tras haber sido detenida por una contravención, el 26 de noviembre, pasadas las 20. La versión policial indicó que se suicidó en una celda, con su propia ropa. La familia de la joven expresó sus dudas sobre la explicación de la policía y, junto a organizaciones feministas, transfeministas y de derechos humanos, viene reclamando que se investigue a fondo el accionar de la fuerza y las condiciones en que se produjo la detención. En la causa interviene la UFEM.
Mujeres desaparecidas
Mientras los femicidios se contabilizan con todas sus limitaciones en registros oficiales, hay otra dimensión de la violencia que el Estado no sistematiza: la de las mujeres y niñas que desaparecen y cuyo paradero permanece desconocido.
El Observatorio Popular Feminista Ñawi publicó un registro colectivo que acumula 32 casos en Salta desde 2011 hasta la fecha.
El 3 de junio, once años después
Los femicidios de 2026 dejan, además de las muertes, niños y niñas sin madre. Solo en los tres casos registrados hasta marzo, al menos siete chicas y chicos quedaron en esa situación: la hija menor de la primera víctima, los dos hijos de Natalia Cruz de 11 y 17 años, y los cuatro hijos de Vanesa García.
La fecha del 3 de junio remite a la movilización de 2015 que surgió tras el femicidio de Chiara Páez (Santa Fe). Once años después, el reclamo no cambió. Sólo en el primer semestre de 2025, el Sistema de Emergencias 911 recibió 84.440 llamadas por violencia familiar y de género en Salta, el 41% los fines de semana.
Las organizaciones denuncian que el achicamiento de las áreas de género y la lentitud judicial dejan a las mujeres en mayor desprotección. Mientras preparan las movilizaciones del 3 de junio para exigir prevención, asistencia y acceso a la justicia, los números de este año confirman lo que el movimiento lleva once años diciendo: que detrás de cada estadística hay vidas, y que el Estado todavía no encontró la forma de protegerlas.
