Las «listas negras» comenzaron a circular primero en forma de un comunicado interno filtrado desde Personal, luego en la confirmación vía Boletín Oficial, y finalmente a través de un WhatsApp de urgencia que enlazó a las filiales de todo el país. A falta de una comunicación oficial que anunciara y explicara los motivos del despido de 165 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ellos mismos comenzaron a hacer un relevo de la situación. Pronto cayeron en la cuenta de una realidad alarmante: en Goya, Corrientes, en Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, se desarmaron centros de atención enteros de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son regiones del país que quedan sin acceso a atención alguna, lo cual implica en los hechos la imposibilidad de obtener ayuda para tramitar nuevas pensiones, hacer un seguimiento de las ya iniciadas, o responder a cualquier necesidad de esas poblaciones.
En el resto de las regiones, claramente, la restricción de personal dificulta la atención, la ralentiza, proyecta más obstáculos sobre los ya existentes: vulnera más derechos. Pero en estas regiones del país, directamente los suprime. Cada centro cerrado representa la atención de varias localidades: desde Trenque Lauquen, por ejemplo, se abarcaba la atención de las localidades cercanas de Tres Lomas, Saliqueló, América, Villegas, Carlos Casares, Pehuajó, Casbas, Pellegrini, en un radio de varios cientos de kilómetros.
Todo esto lo hacía una sola trabajadora social, con «veinte años de trabajo asumidos con profesionalismo, compromiso y un legajo intachable», destacan quienes enlazaban diariamente esta tarea desde otras dependencias como Anses, Desarrollo Social y el hospital zonal, en un comunicado que difundieron a los medios locales. Como tantas y tantos en el Estado, la trabajadora tenía un contrato que renovaba anualmente, y recién en el último año había logrado concursar su cargo. La semana pasada les habían avisado que la renovación pasaría a ser trimestral, es decir, ahora vencía el 31 de marzo. Fue despedida el jueves.
Lo mismo en Arrecifes, cuya atención se extendía a Capitán Sarmiento y Pergamino, entre otras localidades. También allí fue despedida la única trabajadora social, que realizaba un trabajo diario que todos coinciden en describir como «intenso». La idea de «ñoquis», «sobrante» o «grasa del Estado», como se ve, es de nula aplicación en estos casos.
Un ataque a los más vulnerables
«La gran mayoría de las personas que atendemos no sólo tienen el tema de la discapacidad, sus vidas también están atravesadas por situaciones de vulnerabilidad. Eso es lo que vemos diariamente, son los casos que acompañamos. Entonces, a esas personas no se les puede decir: ‘ahora vaya y siga el trámite on line, siga por Anses, o por otro lado’, que creemos es lo que van a decirles, aunque en realidad es una suposición, nadie vino a explicar nada. Los trámites implican muchas certificaciones y muy pocas personas podrían hacerlo solas. Es casi directamente decirles: para ustedes no hay más nada, arréglense solos«, lamentan.
En Goya, donde recibían una gran cantidad de personas de toda la región y había una alta demanda, los trabajadores eran seis: dos licenciados en trabajo social, tres administrativos y una abogada. Todos ellos fueron despedidos. Y todas las personas que fueron a atenderse ayer y hoy se encontraron con un cartel escrito a mano por los mismos trabajadores, que les anunciaba: «Andis Goya cerrada. Personal despedido».
Esa es toda la explicación y el acompañamiento que reciben hoy personas con discapacidad y sus familias en situación de vulnerabilidad, que no perciben «ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva», tal la definición de los requisitos beneficiarios.
También la que reciben los trabajadores despedidos «al azar», según concluyen a falta de mejor explicación. Entre ellos había delegados gremiales, personas embarazadas y con discapacidad, que también trabajaban en Andis, algunos de los cuales fueron reincorporados.
