Alejandro Slokar, flamante presidente de la Cámara Federal de Casación Penal

Orgulloso de ser uno de los fundadores de Justicia Legítima, siempre tildado de K por los medios monopólicos, el juez pide una reforma profunda de la justicia, deconstruir el patriarcado judicial y valorizar a los funcionarios honestos.

Cada vez que hace o dice algo, lo que sea, la oposición y sus medios afines tildan al juez Alejandro Slokar de «kirchnerista» y recuerdan su pertenencia al colectivo Justicia Legítima, como si se tratara de algo cuestionable. Hace horas, en cuanto empezó el año, se convirtió por el voto de sus colegas en el nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía por debajo de la Corte Suprema, que se ocupa de revisar sentencias de tribunales orales, privaciones de la libertad y establece criterios que son referencia en Comodoro Py. Es también el tribunal de los camaristas que visitaban a Mauricio Macri en la quinta de Olivos y la Casa Rosada, con quienes Slokar fue crítico. En diálogo con Página/12 dice que lo que se ve en el video de la Gestapo antisindical es «una burla extraordinaria a la democracia, mediante el ataque a las libertades civiles básicas» y advierte que también existió una «Gestapo antijudicial». Habla de la justicia federal porteña, de la criminalización de la política, de la Corte. «La anomalía de cuatro jueces sin mujeres es institucionalmente indefendible», afirma. Para esa y otras reformas sostiene que es imprescindible «un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, ya que existe una vigilia ciudadana que llama a vencer el marasmo y regenerar la confianza pública en la justicia».

–Cuando lo eligieron sus colegas algunos diarios titularon “un juez kirchnerista” presidirá la Cámara de Casación. ¿Qué piensa de eso?

–¡Que existe una obsesión patológica con la letra K! Desde la especulación de ciertos medios siempre hay tendencia al etiquetamiento, que no impactó en el acuerdo general de la Casación. Con mis colegas de la Cámara desde luego poseemos diferencias significativas, pero me confiaron la presidencia del cuerpo por el voto unánime. Ahora, si la identificación procede de mi desempeño como secretario de Política Criminal de Néstor Kirchner, debo recordar que además de una honra, entre tantos otros ministros del área, colaboré con al actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con quien al día de hoy mantenemos una relación de mutuo respeto, cada quien con su ideología, lejos de la idea de un juez eunuco, pero en aplicación honesta de la ley.

–¿Sigue en Justicia Legítima? ¿Por qué fue tan demonizado este colectivo?

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–Me siento orgullosamente fundador de Justicia Legítima, aun cuando por imposibilidad desde hace años no detento cargo directivo. Se trata del colectivo que se nutre de todos aquellos que desde hace años, y con distintos gobiernos, denuncian y mantienen una posición abiertamente crítica al interior del Poder Judicial. Nos dimos cita hace casi una década en debate público, con más de un millar y medio de personas en la Biblioteca Nacional. Todavía es un debate postergado. Y a diferencia del accionar corporativo, hicimos una autocrítica para reclamarnos un Judicial más plural y más independiente, dispuesto a transparentar su actuación. Muchos pagaron un alto precio por ello, pues las carreras profesionales son el principal activo de aquellos funcionarios honestos. Hasta les valió también su Gestapo, la antijudicial. Porque hubo macartismo, y también una campaña de esterilización en la tentativa de neutralizar a aquellos que se insinuaban como obstáculo. Algunos colegas testimoniaron en la causa conocida como “mesa judicial” en su condición de víctimas, contaron las presiones recibidas.

–¿Quedan resabios de esa Gestapo antijudicial?

–No veo que actualmente la persecución o el disciplinamiento tengan el sentido o la profundidad de entonces. El entorno de entonces es absolutamente distinto al actual.

–¿Qué implica presidir la Cámara Casación? ¿Le da algún poder especial?

–La unanimidad con que fui elegido se traduce en la más amplia legitimidad para actuar. Pero lejos del rasgo monocrático, apuesto a un diálogo franco y respetuoso dentro del tribunal, y con las demás autoridades y poderes, para brindar más y mejor servicio. La actualización de las reglas prácticas para la rapidez de los juicios, en los casos de crímenes de lesa humanidad y otros procesos por crímenes complejos, a una década de su redacción, es imperiosa. Otra vía para la agilización es tomar aspectos del código procesal acusatorio (que no se terminó de aplicar). Debería también incluir un lenguaje inclusivo y más desformalizado, que se piense como una práctica a generalizar.

–Pasó casi un año desde que se conoció que dos de sus colegas visitaban a Mauricio Macri en la rosada y Olivos, tenis y paddle mediante. No tuvo grandes consecuencias salvo el escándalo público, ¿Cómo evalúa esto hoy? 

–Frente a situaciones desdorosas evalué que no había lugar para la anomia ética. Me expresé oportunamente desde el imperativo de defensa de la integridad de la función, para una actuación imparcial en los casos a resolver, más allá de los vínculos que cada quien cultive y sabrá explicar. También señalé que no soy juez de jueces, ya que eso quedó en manos de otros magistrados y del propio Consejo, que evalúan las responsabilidades. Pero nunca debemos olvidar que los jueces tenemos una altísima responsabilidad ante el pueblo en el ejercicio de la delicadísima tarea encomendada.

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–¿Por qué el macrismo tiene tanto interés en que las causas que involucran a su gente se muden a Comodoro Py? Y lo logran. ¿No existe la justicia real?

–Comodoro Py es el territorio que ocupa la centralidad de lo judicial, y hasta de lo público, con bondades y horrores que pueden existir en otros territorios. En la crisis de confianza pública no aparece como un lugar donde se resguardan de modo estricto las garantías del Estado de Derecho, que son las únicas herramientas que impiden la perversión de la criminalización política, quien quiera sea su circunstancial destinatario. Frente a tamaña concentración de poder, surge entonces la pretensión de una “justicia a la carta”, con atracción hacia este terreno, en donde hasta el gaucho Fierro advertiría que la lluvia no es pareja. Y ello trasciende las responsabilidades individuales, que no admiten disculpas, claro, pero obliga a un urgente rediseño más estructural. Como yo lo veo, con la plena vigencia de un modelo en cabeza de fiscales, con los debidos controles y reaseguros internos. La lógica organizativa propia de la cultura inquisitiva está emplazada a transformarse hacia un modelo ágil, moderno y trasparente.

–¿Por qué si esa reforma se aprobó no se lleva a la práctica?

–Primero, porque sigue habiendo un procurador interino. Mientras tanto el avance tiene profundizarse por resoluciones que dicte la bicameral de ministerio público.

–¿Es culpa del oficialismo que no se destrabe y no haya procurador/a?

–En cierta medida, sí. Habría que extremar la capacidad política en favor de un acuerdo con la oposición para hacer efectiva la reforma.

–¿Qué implica el video de la Gestapo antisindical, que muestra políticos, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios planificando la persecución a sindicalistas? ¿Qué debería pasar con esto?

Tragedia y farsa, un curso degradatorio que conduce a la negación de los derechos y al quiebre de la democracia. Así lo advertí cuando me tocó intervenir en el caso D’Alessio. Parece que la denunciada urdiembre de espionaje político, linchamiento mediático y complicidad judicial, guarda aspectos reticulares, y la clave a conocer es si supera la lógica del mero “emprendedor” o se trata de la gobernanza a través de un Leviatán espiador. En cualquier caso, resulta una ingenuidad peligrosa pensar que no hay regresión a oscuras etapas que se creían superadas y que la democracia consolidada es un proceso irreversible. Su trayectoria está en jaque y amenaza permanentes. Jamás hay que olvidar que el espionaje, persecución y cautiverio ilegales, y aún eliminación a opositores, gremialistas, empresarios y hasta judiciales, es la marca registrada por la última dictadura cívico-militar. La única distancia, lo constituye la pérdida del sentido de vergüenza. Lo impúdico u obsceno no puede llevar a acostumbramiento ni a ser naturalizado. Pero no observo mayor repudio político general a esta burla extraordinaria a la democracia, mediante el ataque a las libertades civiles básicas.

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—¿Cómo definiría la actual Corte Suprema?

–La anomalía de cuatro jueces sin mujeres es institucionalmente indefendible, más allá de las capacidades de sus miembros. Sin embargo, veo una crítica hiperfocalizada en las personas de los jueces, en general, o en el número. Y eso es quedarse en la superficialidad del iceberg. No alcanza, se requiere el cambio estructural porque un cuarteto o aún una sinfónica necesita un repertorio distinto y moderno. La elaboración debe ser más sofisticada y profunda de acuerdo a una reingeniería conforme las exigencias y necesidades del siglo XXI y las demandas de una justicia menos injusta.

–Otra vez, parece haber una dificultad de orden político para avanzar en reformas

–La falta de concreción de reformas indica que el mantenimiento del status quo resulta funcional a ciertos sectores, sobre todo a pretores del capital concentrado. Por eso insisto en que todo cambio demanda de un amplio acuerdo entre oficialismo y oposición, ya que existe una vigilia ciudadana que llama a vencer el marasmo y regenerar la confianza pública en la justicia, y así defender el futuro de la democracia. En el caso de la Corte, por ejemplo, hasta se ven indicios a través de expresiones de Rosatti de que el tribunal no está cerrado a la discusión de una posible ampliación.

–¿Y cómo vio, por ejemplo, la decisión suprema de declarar inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura? 

–Ciertas decisiones perturban la buena conciencia jurídica. Respecto del Consejo, se dictó un fallo cuya tardanza es bastante ostensible. Recién quince años después se viene a declarar una inconstitucionalidad bajo el argumento de que el estamento político está sobre representado, y en contra de los expresado por la voluntad popular a través de una ley. Pero desde el funcionamiento nada de lo ocurrido durante la vigencia autoriza al temor de hegemonía partidista, antes bien lo contrario. Yo fui nominado por un Consejo con esta integración, y como otros colegas, se obtuvo unanimidad.

–¿Qué lo más urgente de cambiar?

–Lo urgente, en el plano estructural, es deconstruir el patriarcado judicial como resabio antidemocrático. La feminización por vía de la equidad de género es impostergable. Ahora, lo estratégicamente instrumental es, desde siempre, la transferencia de toda la administración judicial al Consejo, como obliga la constitución, que todos juramos.

Por Irina Hauser para Página12

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