La Justicia aceptó analizar la demanda del Gobierno para declarar nula la renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte a la empresa Autopistas del Sol (Ausol). La aprobación de dicho contrato había sido firmada por la gestión de Mauricio Macri en 2018. El Ejecutivo espera que los tribunales también se expidan sobre un reclamo similar planteado en relación al Acceso Oeste, en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Fuentes oficiales calculan que en menos de quince días debería haber alguna definición sobre la cautelar presentada por el Gobierno, mediante la cual el Ministerio de Obras Públicas solicitó hacerse cargo de manera inmediata de la gestión de los accesos Norte y Oeste. El ministro de esa cartera, Gabriel Katopodis, dijo que «el gobierno anterior reconoció una deuda y una tarifa dolarizada, que garantizaban ganancias extraordinarias a estos grupos económicos».
Este lunes se conoció que el Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa presentada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. El Gobierno busca declarar nulo el decreto del año 2018 y el acuerdo de renegociación ratificado con Autopistas del Sol S.A (AUSOL), «que comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios», calificó el Ejecutivo. Además, la semana pasada se presentó la respectiva acción de lesividad con el objetivo de modificar el acuerdo integral de renegociación celebrado con el Grupo Concesionario del Oeste S.A (GCO).
Con el pedido de la medida cautelar, el Estado busca ejercer el control sobre los dos principales corredores viales mientras se define la cuestión de fondo, que consiste en la evaluación judicial del acuerdo de renegociación.
Acuerdos de 2018
En 2018, las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno de Mauricio Macri acuerdos de renegociación de los contratos de privatización. «Esos convenios comprometían al Estado con una deuda bruta, sin descontar penalidades, de 813 millones de dólares (540 millones para el caso de AUSOL S.A. y 272 millones para el caso de GCO S.A.)», explica el Gobierno.
«Se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8 por ciento anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago, el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a 1161 millones de dólares», advierte el texto presentado por la Procuración, que detalla que en realidad la suma actual llega a los 2 mil millones de dólares, ante la falta de cumplimiento de las cuotas anuales. A cambio, las empresas bajarían su reclamo frente al Estado argentino ante el Ciadi.
«Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria. Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente», agrega la Casa Rosada.
Como paso previo a la presentación judicial, el Gobierno emitió el Decreto N°633/2022, que declaró a los contratos de renegociación como «lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad».
