En la continuidad del juicio a tres gendarmes y un finquero por contrabando de granos, la fiscalía federal presentó audios de conversaciones entre los acusados en los que se los escucha hablar de la operatoria, de las coimas que se pagaban y de los aprietes a los camioneros que no accedían a «arreglar» para pasar a Bolivia por el paso ilegal habilitado en una finca de Campo Durán.

Ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta están siendo juzgados el ex jefe del Escuadrón Aguaray de Gendarmería Nacional, el comandante principal Marciano Alberto Páez; el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, ambos de ese mismo escuadrón, y Alberto Martín Crossa, propietario de una finca en Campo Durán, en el departamento General San Martín. Este último hombre cuenta, en un mensaje de whatsapp, que su arreglo consistía en recibir “Para ellos 250 mil por semana y para mí lo mismo». 

El jueves pasado, la audiencia se reanudó con la declaración del sargento primero Marcos Coronel, jefe del Equipo de Análisis de la División Antidrogas de la Sección Aguaray de Gendarmería, quien llevó adelante un estudio de los mensajes y audios extraídos de los teléfonos secuestrados a los acusados que están siendo juzgados y a otros dos imputados que se encuentran prófugos.

En una extensa declaración que se extendió hasta el viernes, el testigo detalló los movimientos y acuerdos de los acusados dentro de la organización delictiva que fue desarticulada tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Coronel describió el rol de cada acusado, también contó como se gestó la maniobra, la modalidad para el paso de los camiones con granos por un camino dentro de la finca de Crossa; también habló de las disputas internas y dio los montos y forma de pago de los sobornos.

Coronel explicó que la maniobra consistía en liberar la ruta para el paso de los camiones con granos hacia Bolivia. Sostuvo que esta función estaba a cargo de los gendarmes acusados y que Crossa era una pieza clave en todo el andamiaje delictivo, pues su finca, colindante con el vecino país, era la puerta que coronaba el contrabando.

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A cambio, los gendarmes y el finquero recibían pagos de coimas que primero eran de 150 mil pesos, pero que luego llegaron hasta los 250 mil por semana. El testigo sostuvo que, de los peritajes a los teléfonos, surge que esta maniobra se puso en marcha en noviembre de 2020, pero que tuvo su mayor apogeo desde diciembre de ese año hasta marzo de 2021, cuando el comandante Páez asumió la dirección de la organización.

El testigo sostuvo que la investigación del caso se vio robustecida con el secuestro del teléfono celular del prófugo Rodrigo Torrico, que el 12 de marzo de 2021 intervino en un procedimiento para liberar el secuestro de dos camiones que fueron detenidos cuando llevaban aceite de soja.

Un asado para arreglar 

El equipo de la Unidad Fiscal presentó audios y chats de conversaciones vía WhatsApp, así como videos e imágenes extraídas de los distintos teléfonos.

Coronel dijo que a partir del secuestro del teléfono de Torrico pudo establecer que el contrabando de granos estaba dirigido inicialmente por el sargento Ayala, que operaba junto a Crossa para el paso de los camiones hacia Bolivia.

Con Ayala como referente, el flujo de camiones oscilaba entre los 5 y 6 camiones por semana. Utilizaban la ruta nacional 34 hasta el cruce con la provincial 54, que conduce a Campo Durán, donde los transportistas llegaban hasta la finca de Crossa, en el kilómetro 79, por donde accedían al vecino país.

Pero el 21 de noviembre de 2020 Crossa recibió una notificación desde la jefatura del Escuadrón de Aguaray, al mando de Páez. El oficio fue diligenciado por el alférez Radaelli, quien era mano derecha del comandante, lo cual surgio de los numerosos mensajes que intercambiaban.

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Para la fiscalía, la notificación, que solo hacía alusión a las obligaciones de los propietarios de terrenos colindantes con la frontera de otro país, preocupó tanto a Torrico como a Crossa. Este último asumió entonces un rol más protagónico en la maniobra, al romper relaciones con Ayala y dirigir la negociación hacia Páez.

“Si tengo buen tino, podríamos estar trabajando todo el año”, sostuvo Crossa, en uno de los audios a Torrico. Para ello, invitó al comandante a un asado en su finca, lo cual también fue probado con audios del finquero. Asimismo, el testigo refirió que en el teléfono de Páez había mensajes con un subalterno, a quien le pidió indicaciones de cómo llegar a la finca del kilómetro 79.

En otros audios Crossa renegaba con Torrico respecto al arreglo para el paso de camiones. “Hay que agarrar la cabeza” y no pagarle a un “pinche o a un cabo”. El finquero y el transportista debatieron en ese intercambio respecto a cómo insinuarle a Páez el soborno y los montos.

Torrico le sugería que ofreciera “150 mil pesos por semana”. Y lo alentó para que negociara con Páez: “Vaya, don Crossita, yo le tengo fe”, y le aconsejó que subiera el monto de la coima “hasta 200 mil”.

Después, Crossa, siempre verborrágico en los audios, comunicó a Torrico, quien era el nexo con los transportistas, que había una nueva persona con quien negociar. “Ya hice contacto con mi tocayo (refiriéndose a Alberto Páez)”, afirmó, y luego explicó cómo debía ser la nueva mecánica para el contrabando.

De los audios surge que la forma no era muy diferente, pues se había estipulado que a Páez debían pasarle fotos de las patentes de los camiones que iban a pasar, los que pagaban la coima. Por su parte, el comandante, a través de Radaelli, definía una franja horaria para el paso de esos camiones.

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De esta manera, el flujo del contrabando se incrementó notablemente, incluso hasta 25 rodados por día. Crossa llegó a disponer castigos para los camiones que no querían arreglar, a los cuales delataba con Páez, a quien le pedía que enviara patrullas a interceptarlos.

Los audios causaron un gran impacto en la sala. El debate transitó con la reproducción de más audios y chats de conversaciones, en los que se confirmó la participación del resto de los acusados y se hizo referencia a la cantidad de dinero que la maniobra les dejó.

Por ejemplo, en el caso de Crossa se advirtió el manejo de millones de pesos, lo cual utilizó para comprar un equipo electrógeno de primera marca, ganancias que compartía con sus hijos, que quedaron registradas en un grupo de WhatsApp familiar. “Para ellos 250 mil por semana y para mí lo mismo”, se escuchó decir al finquero en uno de sus mensajes, tras una renegociación en torno al pago de los sobornos.

El juicio, iniciado el jueves 19 de mayo, es por el delito de contrabando de granos, agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, todo ello en concurso real con cohecho, tanto activo como pasivo. Además de ser el primer caso sobre este delito que llega a juicio bajo el sistema acusatorio, la causa refleja aspectos que se daban por sabidos en la materia, pero que no habían podido llegar a debate debido a la ausencia de los responsables ubicados en los eslabones superiores de la cadena de contrabando, situación que, en este caso, se da prácticamente a la inversa.

El fiscal general Eduardo Villalba, dirige la acusación. El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule y Abel Fleming y la jueza Gabriela Catalano.

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