A pocos días del inicio de clases, las universidades nacionales enfrentan una situación inédita: si el gobierno no dispone un aumento de las partidas y continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses podrían cerrar sus puertas. Frente a ello, las autoridades al frente de las diversas casas de estudio optan por declarar la “emergencia económica” y así visibilizan la gravedad de la situación. Por el momento, pese a los intentos individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron infructuosos.
El acuerdo paritario marcha hacia un rumbo incierto y, para peor, desde el Ministerio de Capital Humano que gestiona Sandra Pettovello se frenó la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023.´
Como si no hubiese inflación
Si el gobierno, como ya adelantó, se limita a entregar el mismo presupuesto que en 2023, con una inflación que supera el 250 por ciento interanual, será imposible que las 57 casas de estudio puedan afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables como la luz, el agua o la limpieza. En la cuerda floja quedan los programas especiales, los proyectos de infraestructura y el funcionamiento de los hospitales universitarios. Mantener las aulas abiertas será todo un desafío en un escenario así. De hecho, la paralización podría dejar a unos 300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2 millones y medio de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir cursando las carreras.
Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN, detalla: “Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones con la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ellos se muestran comprensivos de nuestra situación, pero no pueden generar la sensibilidad en las áreas superiores que deciden sobre el presupuesto de todo el sector público y expresar el valor estratégico de la educación. Por ahora nos dicen que no hay plata”.
Un dato a tener en cuenta es que el dinero que destina el Estado a las universidades nacionales solo corresponde al 2.6 por ciento del presupuesto total. Más allá de una situación a todas luces insostenible, el gobierno se mantiene firme y está dispuesto a cortar los canales de diálogo. En esta línea, con respecto al futuro, el referente universitario comparte: “No hablaría ni de vía administrativa ni judicial, sino de vía política. Estamos haciendo el mismo pedido a la Secretaría de Educación, luego vamos para arriba y hablamos con el Ministerio de Capital Humano. Si no hay respuesta, iremos a Economía, a Jefatura de Gabinete, al Congreso. Iremos a dónde sea para que el presupuesto universitario sea garantizado como un derecho”.
Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, apunta: “Teniendo en cuenta el congelamiento presupuestario y la inflación hemos declarado la emergencia y estamos trabajando en evaluar las estructuras de costos y observar aquellos aspectos que aún podemos reducir, aunque siempre fuimos muy austeros. Lo que más nos preocupa es el sostenimiento de las políticas de inclusión estudiantil”
Alarmas por todas partes
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA informó el “Estado de alerta presupuestaria”. Así, a través de un comunicado manifestaron “la extrema preocupación por la situación de congelamiento presupuestario que sufre la Facultad”; y reclaman al gobierno nacional «una actualización del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento para el presente año, que permita la continuidad de las actividades”.
Desde la Universidad Nacional de Quilmes hicieron lo propio durante la tarde del miércoles y declararon la emergencia económica. Desde aquí, sus autoridades manifestaron que “nunca, en 35 años de existencia, estuvimos tan cerca de semejante asfixio presupuestario que afecta no solo salarios y funcionamiento sino también becas, investigación, extensión, cultura y transferencia”.
El mismo rumbo eligió el Consejo de la Universidad Nacional de San Martín que alertó: “Nuestros laboratorios pueden dejar de funcionar, nuestras aulas pueden quedar vacías, si el presupuesto universitario no se actualiza de acuerdo a los niveles de inflación vigentes y si los salarios quedan casi congelados”. El comunicado continúa: “Las condiciones económicas y financieras mínimas para su funcionamiento normal corren serio riesgo de deteriorarse aún más, poniendo en jaque la continuidad del trabajo de profesores, investigadores, becarios, trabajadores no docentes y la formación de miles de estudiantes”.
Otras casas de estudio también compartieron declaraciones de emergencia, anunciaron recortes en las propuestas educativas y difundieron comunicados que manifiestan su preocupación ante el contexto actual. Además de la UBA, la UNQ y la UNSAM se pronunciaron las universidades de Misiones, Luján, General Sarmiento, Mar del Plata, Hurlingham, La Pampa, Comahue, Río Negro, La Plata y Rosario.
Al respecto, Greco resume: “Interrumpir los procesos de formación sería una gran pérdida. Nosotros pedimos sostener la actividad con la actualización del presupuesto prorrogado. No pedimos plata para carreras nuevas ni para recibir más estudiantes, solo queremos mantener lo que estamos haciendo. A la fecha, tenemos un cuarto del presupuesto que deberíamos tener para funcionar y los salarios perdieron un 50 por ciento de poder adquisitivo, es insostenible. Solo piensan en pasar la guadaña, pero se podrían cobrar impuestos progresivos a los que más tienen, por ejemplo”.
No es economía, es política
El ajuste no solo es «justificado» a partir del objetivo de reducir el déficit fiscal —así lo explica el Gobierno–: esconde un fin ideológico subyacente. La gestión actual parece no valorar la función social de las instituciones de educación superior y, como resultado, el clima en las universidades está enrarecido: la desazón y la impotencia se mezclan con la incertidumbre al enfrentar una situación inédita frente a un gobierno que recién comienza sus funciones.
Las universidades concentran, aproximadamente, el 80 por ciento de las investigaciones científicas que se realizan en el país. En efecto, limitar la capacidad de investigación en estos organismos equivale, también, a congelar la producción del conocimiento autóctono en el país. Asimismo, la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, clave durante la gestión anterior para gestionar el financiamiento del sector, en el presente está acéfala, es decir, sin autoridades designadas. En paralelo, un organismo como el Conicet marcha por la misma vía del ajuste presupuestario. En estos dos meses 49 personas perdieron su empleo allí y 1200 más están en peligro de correr el mismo camino. Hay institutos que, al no recibir ningún tipo de fondo, tienen dudas sobre si en las próximas semanas podrán abrir sus puertas, al no poder afrontar el pago de seguridad, luz y gas.
El caso de las becas es emblemático y enseña, a las claras, por qué el problema, lejos de ser económico, es político. Para sostener el pago a los 1600 jóvenes investigadores cuyas becas fueron evaluadas y aprobadas, el Estado debería destinar el equivalente al 0.008 por ciento del PBI. Pero no lo hace y decide entregar a cuentagotas solo 300 destinadas a finalización del doctorado.
Las paritarias universitarias también están paralizadas. Desde el gobierno se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero, porcentaje que fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron.
El Gobierno parte de la premisa de que las universidades públicas son un gasto y no una inversión a futuro, y lo sustenta con hechos. A partir de una resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, actualmente se revisa la puesta en marcha de las actividades académicas, una medida que “implica suspender los nombramientos de cinco rectores normalizadores nombrados con anterioridad».
Así, podría pensarse que el sistema de vouchers y la privatización de la educación pública que, durante la campaña, Javier Milei proponía como eje, podría cumplirse más temprano que tarde. Si las universidades no reciben fondos, deberán solventarse por su propia cuenta. ¿Qué otra manera de autosustentarse si no es a través del arancelamiento de los cursos y carreras? Siguiente pregunta: ¿cuántos estudiantes podrán acceder a la educación pública de calidad si esta deja de ser gratuita e inclusiva? Penúltima: ¿qué pasará con los que queden afuera? Última: ¿a quién le interesa?
