“Tuvimos una victoria circunstancial: le torcimos el brazo al Gobierno, pero aún no definieron la continuidad del programa. Los sectores políticos que tienen la heladera llena no tienen comprensión de este momento crítico”, advirtió Alejandro Gramajo este jueves. El titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular fue uno de los oradores en la asamblea realizada a metros del Puente Pueyrredón, en el marco de una jornada nacional de lucha de los movimientos sociales. El reclamo central es el mantenimiento y aumento del Salario Social Complementario —hoy rebautizado como Volver al Trabajo—, cuyo monto la gestión libertaria mantiene congelado en 78 mil pesos.
Hubo protestas en todo el país. En el AMBA estuvieron ubicadas en el acceso a la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Puente Avellaneda. Además hubo manifestaciones en once provincias.
En el Puente Pueyrredón, la gente contó situaciones de mucha necesidad: la preocupación más comentada fue el aumento de las personas que viven en la calle y de los consumos problemáticos. También hablaron de cómo los trabajadores formales están perdiendo ingresos, un hecho que se debe asociar a la reforma laboral.
“Mi yerno trabaja de bachero en Capital Federal. Le sacaron las horas extras, ya no le pagan el viaje y dejaron de darle el almuerzo, se tiene que llevar la comida. Tiene un sueldo de 900 mil, pero pagamos 400 mil de alquiler”, contó Gladys, cocinera de un comedor de Barrios de Pie en la localidad de Monte Grande.
Otro dato de la época es el crecimiento de las ferias, donde la gente lleva lo que puede vender en busca de sumar un ingreso, y la aparición de la clase media entre los feriantes. “Tenemos a una docente manteando en nuestra feria”, señaló Edith Collman, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos de Lomas de Zamora. Su compañero Cristian Ruiz, que trabaja como reciclador en Solano, agregó algo parecido pero en el cartoneo: en los últimos meses “vecinos con oficios, electricistas y plomeros, se ponen a cirujear porque lo que ganan no les alcanza”.
Es en este escenario, de deterioro en los ingresos de la población, que el gobierno decidió eliminar el programa que asistía con un salario social complementario a los trabajadores informales.
Volver al trabajo
La decisión del gobierno de Milei fue anunciada a principios de abril. Hace dos años, el Ministerio de Capital Humano ya había tomado una medida similar, al dejar sin alimentos a los comedores de los movimientos sociales. Son políticas que tienen el objetivo de desarmar a las organizaciones con capacidad de protesta frente al plan económico.
Las organizaciones sociales, aunque golpeadas por la ofensiva libertaria, vienen sosteniendo su reclamo en unidad. Al igual que en los últimos dos años, salieron a la calle los tres bloques de movimientos, la Utep, el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha.
Al hablar de una victoria circunstancial, Gramajo, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, aludió al amparo dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que semanas atrás ordenó al gobierno mantener el pago del programa Volver al Trabajo.
La causa judicial fue iniciada por cinco trabajadores de la economía popular que cobran el programa, que el ministerio Capital Humano quiere reemplazar por un sistema de “vouchers educativos”.
Los denunciantes plantearon que tal decisión era “arbitraria e ilegítima”, ya que elimina “un ingreso de naturaleza alimentaria esencial para personas en extrema vulnerabilidad”. Al describir sus situaciones personales, mencionaron que el programa, a pesar de estar congelado en 78 mil pesos, les permitía sostener sus tareas en comedores, merenderos comunitarios, cooperativas de reciclado y de cartoneros, defendiendo así su derecho a realizar un trabajo que, aunque informal, es su principal medio de vida.
El juez, al hacer lugar al pedido de amparo, argumentó que el Estado debe garantizar respuestas especiales a grupos vulnerables (Reglas de Brasilia) y que las prestaciones de seguridad social tienen un carácter alimentario.
El magistrado agregó que la referencia genérica a “vouchers” no es equivalente a la prestación en dinero (los $78.000 mensuales) que permitía cubrir necesidades básicas de subsistencia. Finalmente, indicó que el corte abrupto de los pagos compromete derechos constitucionales (derecho a trabajar, derecho a la seguridad social) así como a tratados internacionales, violando el principio de progresividad que prohíbe a los estados tomar medidas regresivas en relación a los derechos sociales.
Su fallo fue apelado por Capital Humano. Por esa razón, el pago del programa el mes próximo es incierto.
