La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le dio un sacudón al caso $LIBRA: se presentó en el expediente, asumió la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano (quien consideró que no se cometieron delitos) y pidió la reapertura de la causa. En un escrito de 15 páginas, el organismo que dirige el fiscal Sergio Rodríguez planteó que los sobreseimientos de Javier Milei, su hermana Karina, los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, entre otros, fueron “prematuros”. “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, advirtió. Señaló que hay peritajes inconclusos de los celulares y de la ruta del dinero, chats borrados, pruebas mal valoradas y un apartamiento cuestionable de los damnificados.
La intervención de la PIA había sido requerida el martes último por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que actúan como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la causa. Le pidieron que asumiera la función acusadora que Taiano había abandonado, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal prevé que así lo haga cuando un fiscal deja de investigar en pleno trámite, de manera de garantizar la continuidad de una investigación.
Taiano había presentado el jueves 22 de octubre a la mañana un dictamen donde proponía los sobreseimientos, pese a que aún estaban pendientes medidas que él mismo había ordenado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los dispuso y cerró la causa al día siguiente, pasado el mediodía. Horas después se fue de vacaciones. Por eso, quien recibió en estos días las apelaciones de las querellas fue el juez Daniel Rafecas, que lo subroga por dos semanas. También tuvo el jueves el planteo de la PIA. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le propuso a Milei el nombramiento de Rafecas en la Cámara de Casación Nacional, cargo para el que concursó, y entregó un proyecto para enviar su pliego al Senado.
El juzgado tiene que responder (aunque sea con “téngase presente”) el reclamo de los querellantes contra los sobreseimientos y el planteo de la PIA también, que presentó una “apelación en subsidio” por si le rechazan asumir la acción penal. Esto hará que indefectiblemente haya una nueva instancia de discusión en el expediente. Los antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de Casación Federal, juegan a favor de la incorporación a la causa de la Procuraduría que, en rigor, tuvo una participación en los inicios de este mismo caso. Después no continuó porque Taiano no la convocó para participar como auxiliar, como sí suelen hacer otras fiscalías. Asumió la acción en expedientes como Skanska.
El cierre anticipado de una causa, afirma Rodríguez, “exige un estado de certeza absoluta sobre la inexistencia de delito o la falta de responsabilidad del imputado, debiendo basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de dubitación”. Queda claro que para él está lejos de ser el caso.
