El tiempo pasa y el gobierno nacional sigue sin atender el reclamo de las universidades que desde hace años vienen alertando sobre la crítica situación que atraviesan. Ya son 173 los días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso de la Nación tras el veto del presidente Javier Milei que la suspendió instantáneamente después de promulgarla. En este contexto, la lucha de los docentes, rectores y estudiantes sigue exigiendo por el aumento salarial y presupuestario que les corresponde según la Ley. Desde AGD-UBA anunciaron una nueva semana de paro, tal como vienen realizando desde que comenzó el ciclo lectivo 2026. En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizará una jornada nacional de 24 horas con actividades bajo la consigna “Las universidades no se apagan”.
Las acciones en defensa de la educación pública se replican cada semana, sorprendiendo por su creatividad y convocatoria. A las clases públicas en uno de los departamentos del jefe de Gabinete Manuel Adorni y a las multitudinarias en Plaza de Mayo el pasado viernes, se le suma una nueva iniciativa. Esta vez, el (CIN) comenzará el miércoles 16 a las 8 una jornada con actividades en todas las universidades del país que se extenderá durante 24 horas seguidas. “Es una especie de medida de protesta a la japonesa. Lo que queremos es mostrar el potencial de la universidad pública que crea, proyecta, construye y que le aporta mucho a la nación”, anticipa el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
La jornada comenzará con el desarrollo normal de las clases en cada institución y, una vez que terminen por la tarde, se continuará con una planificación específica de actividades que incluyen ferias del libro y de ciencias, muestras de proyectos, clases públicas y sesiones de los consejos superiores hasta llegar a las 8 horas del martes 16, momento en el que en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar el acto central con una clase pública. “Esta jornada pondrá en evidencia todo lo bueno que sucede en la universidad y por qué es importante cuidarla entre todos”, enfatizó Bartolacci.
Apegados a su plan de lucha, desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA fueron tajantes: el paro continúa hasta que el Gobierno aplique efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario. “No podemos seguir corriendo para llegar a fin de mes, no podemos más. El paro es la respuesta”, enfatizaron desde el gremio y aseguraron que desde diciembre del 2023, los docentes perdieron un tercio de su sueldo. Por esa razón, anunciaron la continuidad de la medida de huelga durante la próxima semana, desde el lunes 13 al sábado 18 de abril. “Para recuperar esa caída, los salarios deberían aumentar un 50%, eso dice la ley que el gobierno incumple”, agregaron.
“Para desinflar el reclamo, el gobierno dictó un aumento unilateral del 6,7%: 2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo. Por debajo de la inflación de cada uno de esos meses. Incluso, por debajo del IPC de CABA que acaba de marcar un 3%. El aumento fue tan bajo que quienes cobran la garantía salarial ni siquiera lo percibieron”, explicaron desde AGD-UBA.
En AGD justifican la medida de huelga explicando que “el paro no es el que afecta el normal funcionamiento de las clases”, sino que las mismas “ya estaban afectadas desde el momento en que un docente tuvo que manejar un Uber o pedalear al ritmo de una aplicación de pedidos de comida para llegar a fin de mes. O quienes corren todo el día de acá para allá a causa del pluriempleo”, profundizaron. Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), casi 10 mil docentes renunciaron a sus puestos desde la asunción de Milei.
El proyecto de financiamiento aprobado el año pasado por el Congreso recibió hace unos días el visto bueno de la Justicia, que ratificó su vigencia e instó al gobierno a aplicar inmediatamente la ley. En un fallo que considera “poco serio” al argumento del gobierno nacional -había suspendido la ley alegando que el texto no indicaba el origen de los fondos para hacerla efectiva-, los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Federal enfatizaron particularmente en el cumplimiento de los artículos 5 y 6, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas.
En febrero, el poder ejecutivo envió un nuevo proyecto de financiamiento al Congreso para reemplazar el aprobado anteriormente bajo la excusa de “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026. La iniciativa libertaria, que se encuentra pendiente de tratamiento, plantea aumentos salariales escalonados del 4,1% en 3 tramos hasta septiembre, elimina la recomposición de 2023-2024 y quita la garantía de actualización según la inflación del INDEC.
Desde el CIN se muestran firmes y rechazan la nueva propuesta del gobierno. “Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario original, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, y que hoy tiene un una medida judicial que obliga al poder ejecutivo a aplicar de manera inmediata los artículos cinco y seis que estaban contenidos en la cautelar”, sostuvo su presidente, Bartolacci y sentenció: “Debe haber pocas leyes en la historia institucional del país con tanta legitimidad, debatida en innumerable cantidad de veces, sostenida con mayorías agravadas y ahora con disposición de la justicia respecto a la necesidad de de su cumplimiento”, expresó.
