- En 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público, en 20 provincias, cantidad que se mantuvo estable respecto a la medición anterior.
- 13 provincias sostuvieron el acceso al aborto con presupuesto propio frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de insumos.
- 11 jurisdicciones reportaron un 90% de abortos realizados dentro de las 12 semanas de gestación.
- Entre 2023 y 2026 el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación se redujo 57%.
- En la última década, tanto la fecundidad como la natalidad descendieron en el país, y el descenso fue mayor entre niñas y adolescentes: 69% en la fecundidad de 10 a 14 años y 70% en la de 15 a 19 años.
Estos indicadores son el resultado del trabajo del observatorio Proyecto Mirar, que se ocupa de monitorear la implementación de la Ley 27.610 en Argentina.
“Recopilamos, producimos, analizamos y diseminamos información para la toma de decisiones y la incidencia, con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto”, dice a Las12 Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y CONICET.
La iniciativa reúne a dos instituciones: CEDES e Ibis Reproductive Health, orientadas a la investigación aplicada para informar el debate público, las políticas públicas y las estrategias de incidencia en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
El laboratorio funciona gracias a un equipo multidisciplinario que recolecta información de fuentes públicas, de pedidos de acceso a la información, sintetizando y complementando monitoreos de otras organizaciones y realizando seguimiento normativo. “Tenemos una página web (www.proyectomirar.org.ar) con datos sobre aborto que se actualiza semestralmente y publicamos un reporte anual sobre la implementación de la ley 27.610”. continúa Romero.
En 2021 comenzó a implementarse la ley de acceso al aborto. ¿Qué ocurrió con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo desde entonces?
-Sin duda la ley trajo legitimación, legalidad y seguridad para las personas que requerían abortos y para los equipos de salud. Estas condiciones permitieron que se pase de 900 a 1800 equipos dando acceso en el sector público a IVE e ILE, distribuidos en las 24 provincias. También que se pueda acceder a las tecnologías adecuadas (medicamentos y otros insumos) de forma oportuna. El 88% de las interrupciones en el sector público se realizan de forma ambulatoria y antes de las 12 semanas de gestación en los centros de salud.
En una visión rápida y general, los números del informe no muestran un retroceso en las prácticas. ¿Eso qué significa?
-La gestión nacional “tocó” varios aspectos: desarticuló el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), dejó de comprar y distribuir insumos para IVE ILE y recortó las compras y distribución de métodos anticonceptivos, entre otras medidas. No se observan retrocesos visibles porque las provincias, los equipos de salud y las usuarias están haciendo esfuerzos importantísimos para sostener la política de acceso al aborto. Cualitativamente y en los territorios, distintas organizaciones dan cuenta de dificultades de naturaleza diversa que se enfrentan en el cotidiano.
¿Cómo se refleja en la experiencia de hospitales y centros de salud el creciente retiro del Estado de la salud pública, en particular de la salud sexual, desde la asunción de Milei y su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, como parte de una agenda contraria al financiamiento y apoyo a la práctica del aborto?
-El retiro se traduce en la ausencia de rectoría, en haber desarmado capacitaciones, en discontinuar compra y distribución de insumos, en dejar de publicar lineamientos y rendición de cuentas de lo actuado. También, en discursos ofensivos y violentos. Esta situación afecta la labor de los equipos de salud porque preocupa, desincentiva, en algunos casos genera temor a la vez que los tensiona. Aun así, hay equipos que reconocen la gratificación de poder garantizar en contextos tan adversos.
¿Hay diferencias en el acceso entre los centros primarios y los grandes hospitales, las grandes ciudades y el interior, ¿qué implicancias supone esa desigualdad territorial?
-Una supone diferencias entre territorios. En algunos casos entre ciudades capitales y otras localidades, también por condiciones estructurales de las provincias y también por la trayectoria en la implementación de la ley. Los diagnósticos situados sin duda los tienen las organizaciones que trabajan territorialmente y seguro son dinámicos. Proyecto Mirar no tiene en este reporte las voces de las usuarias, pero sugerimos consultar los reportes de Amnistía Internacional Argentina o de Mujeres x Mujeres quienes tienen foco particular en situaciones concretas.
¿Se puede hacer un pronóstico aproximado de la salud sexual de la población femenina, en especial en el acceso al aborto?
-Estamos hablando de políticas públicas. El pronóstico es complejo e incierto… Por un lado, por los insumos (difícilmente se pueda implementar una política sin la posibilidad de garantizarlos) y por el otro, porque sostener en una coyuntura como ésta políticas que tienen que ver con prevención y bienestar es un desafío impresionante.
¿Cómo se podría modificar, mejorar, la situación sanitaria en la materia?
-Con campañas públicas, con trabajo intersectorial, con articulación del Estado con organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, y con una agenda de prioridades consensuadas y con participación de las personas beneficiarias de esas políticas. También, con fortalecimiento de la respuesta, esto es, de los equipos de salud en los territorios y en las instituciones.
El derecho conquistado y el desafío de sostenerlo
Transcurridos más de cinco años desde la sanción de la Ley IVE ILE proyecto mirar presentó El reto de sostener el aborto legal en Argentina, que mapea la situación del acceso al aborto durante 2025 y parte de 2026. El relevamiento fue realizado en base a pedidos de acceso a la información pública. Se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones con cobertura heterogénea de los datos y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que reporta datos parciales de algunas provincias.
El número de más de 87 mil interrupciones voluntarias y legales (IVE ILE) realizadas en el sector público, en 20 provincias, muestra que no hubo cambios significativos respecto a lo observado para las mismas jurisdicciones en 2024. En este sentido, la tasa de aborto (cantidad de abortos por 1000 mujeres de 15-49 años) se mantiene prácticamente igual a la registrada en 2023 (7,45 en 2025 frente a 7,49 en 2023).
Las provincias de Buenos Aires y Córdoba, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran los mayores números absolutos (41.446, 9.341 y 9.458, respectivamente), sumando un 72% del total de IVE ILE informadas, en consonancia con la concentración del 53% de la población de mujeres en edad fértil del país, en esas tres jurisdicciones.
Con esfuerzo y voluntad de las provincias
Según Romero, “frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.
Con relación a la disponibilidad de establecimientos en el sector público, hay 1.846 efectores de salud que garantizan las interrupciones voluntarias (IVE) y legales (ILE). Este número también se mantuvo sin cambios significativos comparando con 2023 (1.862).
El 70% de los efectores son del primer nivel de atención, lo que facilita el acceso y la consulta temprana. 9 de cada 10 abortos son realizados dentro de las 12 semanas de gestación.
Frente a la discontinuidad en la compra de insumos para servicios de aborto por parte del Ministerio de Salud de la Nación, 13 provincias compraron con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Hubo caída en el gasto realizado por el Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, entre 2023 y 2026, en torno al 57%. Esta reducción de las compras en anticonceptivos impactó negativamente: de más de 1,2 millones de personas cubiertas en 2024 a apenas 63 mil para 2026, una disminución del 93%.
De acuerdo con las estimaciones realizadas, cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera ahorros equivalentes a tres pesos en atención médica. Y cuando se consideran los efectos en educación, empleo, productividad y recaudación fiscal, el retorno total asciende a veinte veces el valor de la inversión.
Otros datos del informe
- Nueve provincias reportan el tipo de procedimiento utilizado: la mayoría de los abortos se realiza con medicamentos; la aspiración manual endouterina (AMEU) sigue siendo una opción de uso infrecuente.
- Seis jurisdicciones disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico dedicado a la provisión de información sobre IVE ILE.
- El 0800SaludSexual del Ministerio de Salud de la Nación indica que las secuencias de IVE ILE representan el 94% del total de llamadas. De ellas, la mayoría fueron realizadas para reportar barreras en el acceso a los servicios.
Panorama jurídico
El período 2025-2026 muestra estabilidad del marco jurídico vigente y escasos cambios legislativos. Se presentaron 75 proyectos: una cantidad menor buscó limitar la aplicación de la Ley 27.610 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni tratamiento en el recinto.
Desde la aprobación de la Ley 27.610, en 2020, se iniciaron 38 causas judiciales en contra, de las cuales 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema.
“Si bien no hubo cambios legislativos sustantivos, la disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias, educación sexual (ESI), o el proyecto legislativo para regular el lobby, impulsado por el Poder Ejecutivo”, explicó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.
En octubre de 2024 Mendoza actualizó el vademécum obstétrico, que habilitó la prescripción de misoprostol y mifepristona. Así, las obstétricas se incorporaron como prescriptoras, fortaleciendo el continuo de la atención del aborto y la respuesta del primer nivel de atención, especialmente en zonas rurales y semiurbanas. Son cinco las provincias que han seguido ese camino: Neuquén, Mendoza, Jujuy, San Luis y, recientemente, la provincia de Buenos Aires.
El reporte presenta secciones en torno al aumento de la mortalidad materna y al descenso de la natalidad y fecundidad. La razón de la primera (que mide el riesgo de muerte materna por cada 10 mil nacidos vivos) aumentó 37% en 2024, respecto de 2023. Aun así, lo grave es el amesetamiento de la tendencia de este indicador en la última década. Sin embargo, las muertes maternas por aborto muestran una evolución diferente: se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la Ley 27.610, respecto del trienio previo.
Argentina registró una caída del 69% en la fecundidad de niñas de 10 a 14 años y del 70% en la franja de 15 a 19 años en la última década. Las transformaciones culturales y de la vida social convirtieron la maternidad y la paternidad en una opción personal. El acceso a la anticoncepción y la interrupción del embarazo, junto con restricciones derivadas de la incertidumbre económica y la escasez de políticas de corresponsabilidad para el cuidado, son otros elementos que explican este fenómeno demográfico y social.
Las autoras del informe son Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del CEDES; las ya mencionadas Ramos y Romero; Sonia Ariza Navarrete, abogada e investigadora adjunta del CEDES; Celeste Benetti Catarineu, psicóloga e investigadora visitante del CEDES y Daniela Guberman, geógrafa e investigadora del IIGEO-UBA.
