En España, la situación de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años con discapacidad, desalojada de su vivienda en Madrid por una orden judicial, desencadenó una organización que lleva semanas acampando en el centro neurálgico de la ciudad. La empresa propietaria del inmueble habría multiplicado por cinco el valor de su alquiler. Fue desalojada, y producto de esa situación cruenta, inmediatamente internada.
Mientras Maricarmen permanecía hospitalizada, la concentración en Puerta del Sol, acompañada por el Sindicato de Inquilinas, crecía y crecía. Finalmente, se alcanzó un acuerdo para que pudiera volver a su casa. Pero Maricarmen falleció este 7 de octubre en el hospital, sin llegar a recibir el alta. La sacaron forzosamente de su casa, y murió sin poder regresar. La solidaridad que despertó su situación terminó convirtiéndose en un punto de tensión que permitió destapar la olla y dejar en evidencia un problema estructural.
Mientras tanto, en Argentina, existe una crisis habitacional que se profundiza, sin reacción social. Se estima que cerca de 14 millones de personas alquilan en el país y que más de la mitad de los ingresos familiares se destina únicamente al pago del alquiler de la vivienda. María Olmedo, abogada e integrante del equipo de asesoramiento de la organización Inquilinos Agrupados, da a onocer la situación actual y las consecuencias de décadas de desregulación y de una vivienda cada vez más centrada en la especulación.
¿Cómo analizan lo que está pasando con el acceso a la vivienda en España?
-En España, la regulación de la vivienda, si bien ha sufrido algunos retrocesos, es mucho mayor que la regulación inexistente que tenemos acá en Argentina. Hace tiempo que allá tienen garantizada cierta estabilidad en los hogares que forman, o en los departamentos que alquilan, que se traduce en los derechos que tienen, y que los están defendiendo. Acá, la falta de regulación desde hace muchas décadas y, sobre todo, lo que hay es una desregulación basada en la idea del valor supremo y absoluto de la propiedad privada, por sobre otros derechos. Eso desdibujó en gran medida la noción de qué es lo que debemos y podríamos defender en cuestión de acceso a la vivienda.
¿Qué está pasando para que, pese a ser un problema que persiste desde hace décadas, no sea posible una respuesta colectiva?
-Es un problema relacionado con la crisis económica y con la crisis de representación. Hoy, la mayoría de quienes no acceden a una vivienda propia tienen más de un trabajo, trabajan todo el día y, pese a eso, no llegan a poder tener las cuatro comidas diarias, y están endeudados. Hay mucho agobio frente a una enorme cantidad de problemáticas relacionadas con el trabajo, la salud y el futuro. El acceso a la vivienda o a un alquiler justo es una de ellas. Tampoco hay, dentro del sector político, una representación que levante estas banderas, más allá de algunas frases que ya hemos escuchado. No hay propuestas a corto plazo que sean innovadoras o que entusiasmen. Se ha instalado la idea de que la solución depende del éxito individual.
¿Cuáles son las situaciones que aparecen con mayor frecuencia en las consultas que reciben?
-La mayoría de los casos que atendemos en el asesoramiento a inquilinos son consultas provenientes de mujeres. Lo que las afecta especialmente es que las típicas tareas de cuidado se mantienen en cabeza de las mujeres, que además trabajan y realizan otras actividades, por lo cual recae sobre ellas cada problemática específica, una encima de la otra. Lo que sí es notorio es que muchas veces, en la relación locativa, hay violencia hacia la mujer; las mujeres nos comentan malos tratos y abusos por parte de inmobiliarias y locadores, que los hombres no relatan tanto.
Emergencia habitacional declarada
En la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra una parte importante de los ingresos y recursos del país, la situación también da cuenta de la magnitud del problema: cerca del 40 por ciento de la población alquila y, en la mayoría de los hogares, el alquiler supera la mitad de los ingresos familiares. A esta situación se suma una dimensión marcada: en los barrios populares, el 38% de los hogares inquilinos con jefatura femenina destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 21% de los hogares encabezados por varones.
La muerte de Maricarmen, atravesada por la violencia del mercado inmobiliario, y lo que atraviesan millones de personas que alquilan en Argentina tienen un punto en común: ser mercancía de otros. Las mujeres y personas LGBTI+ traen consigo desigualdades históricas que se profundizan frente a la precariedad habitacional, más aún cuando no hay garantías ni amparo por parte de un Estado que legitima cualquier forma de violencia. En Argentina, donde millones enfrentan alquileres cada vez más difíciles de sostener y el endeudamiento es moneda corriente, tener casa se vuelve un lujo y una pelea cada vez más insostenible.
