En las llanuras del Midwest estadounidense, allí donde el horizonte parece no terminar nunca, el Estado de Kansas se convirtió en el escenario de un experimento de crueldad administrativa sin precedentes. No se trata solo de prohibir derechos a futuro; es una máquina del tiempo legislativa diseñada para borrar legalmente a las personas trans. El viernes pasado, dos ciudadanos transgénero, con el respaldo de la American Civil Liberties Union (ACLU), fueron a la justicia con un pedido desesperado: frenar una ley que, de un plumazo, invalidó sus carnets de conducir y sus partidas de nacimiento.
La medida, que entró en vigencia el jueves pasado, no tiene grises. Exige que la marca de género en cualquier documento oficial coincida a rajatabla con el sexo asignado al nacer. Si bien estados como Florida o Texas avanzaron con políticas parecidas, Kansas cruzó una frontera ética: es el primero en obligar a dar marcha atrás con cambios que ya estaban hechos. Se calcula que unas 1.700 personas quedaron, de la noche a la mañana, con una identificación que el Estado ahora tilda de “falsa”.
La carta que el Departamento de Ingresos de Kansas mandó a las casas de la comunidad trans esta semana parece sacada de una distopía de terror. “Su credencial actual será inválida de inmediato”, dice el texto, y acto seguido les ordena entregar el plástico y pagar por uno nuevo que los obligue a “salir del clóset” por la fuerza ante cada control policial, trámite bancario o entrada a un boliche.
Pero la cacería no termina en el registro civil. La ley también habilita a cualquier ciudadano a denunciar y pedir resarcimientos económicos contra personas trans que usen baños que no coincidan con su sexo biológico en edificios públicos. Es la institucionalización de la alcahuetería vecinal elevada a política de Estado.
“Esta medida es una amenaza cruel y cobarde a la seguridad pública, todo en nombre de fomentar el miedo y la paranoia”, denunció Harper Seldin, abogado de la ACLU. En la demanda, los denunciantes —que usan seudónimos para protegerse— argumentan que la ley viola el debido proceso y la autonomía personal. El planteo es básico pero demoledor: si un veterano de guerra puede elegir que su condición figure en el carnet, o una persona con discapacidad puede declarar su situación para obtener protección, ¿por qué a las personas trans se les prohíbe nombrar su propia realidad?
Detrás de esta embestida está el Fiscal General Kris Kobach, un halcón republicano que hizo de la transfobia su principal bandera política. Para Kobach y los legisladores que saltearon el veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly, esto es una cuestión de “exactitud”. Susan Humphries, la legisladora que impulsó el proyecto, lo soltó con una frialdad técnica: “Tiene que ver con la verdad en los registros gubernamentales”.
Sin embargo, para quienes viven en Kansas, esa “verdad” de cartón es una invitación al acoso. Anthony Alvarez tiene 21 años, estudia en la University of Kansas y cuenta cómo ese refugio que creía haber construido se le viene abajo. Anthony hizo su transición en la secundaria y a los 19 logró que su pasaporte dijera quién es. Hoy, la idea de tener que irse del estado le ronda la cabeza. “Cuando salís del armario por primera vez tenés miedo, todo se siente raro… no había tenido que pensar en eso en una eternidad. De repente, estoy de vuelta en ese lugar mental”, confiesa.
Para quienes leemos esto desde Argentina, lo de Kansas ya no suena a una distopía lejana, sino a un espejo que empieza a empañarse. Si bien acá la Ley de Identidad de Género (26.743) todavía garantiza que el carnet dependa de la vivencia interna y no del capricho de un burócrata, el clima de época está enrarecido. Con un Gobierno nacional que en foros como Davos 2025 puso a las políticas de diversidad en la mira de su “batalla cultural” contra el “socialismo woke”, lo de Estados Unidos funciona como un aviso: en el mapa de las nuevas derechas, la identidad es un permiso que el Estado te puede revocar si le rinde para el algoritmo o si necesita aceitar su base electoral más conservadora.
Este avance no es un hecho aislado, sino un engranaje regional que busca instalar que los derechos conquistados son apenas una “locura” que se puede desmantelar. Mientras la justicia de Kansas decide si devuelve la validez a los carnets, 1.700 personas caminan por las llanuras del Midwest con el miedo de que un policía les pida el documento y se encuentren con que el Estado, por decreto, decidió que ya no existen.
