En distintos operativos en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, la Policía incautó más de dos millones de piezas robadas o adulteradas.

Una organización que se dedicaba a adulterar y vender autopartes robadas fue desbaratada en las provincias de Mendoza y Buenos Airesen varios operativos en los que se incautaron más de dos millones de piezas y en los que 21 personas quedaron afectadas a la causa, según informaron fuentes de la Policía y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El operativo, a cargo de la División Investigación de Delitos Contra el Automotor de la Policía Federal Argentina (PFA), se inició en el año 2018 con la detención de dos personas en Buenos Aires, cuando el personal policial las interceptó transportando un vehículo que iban a ingresar en un depósito.

Luego de inspeccionar el rodado, los agentes de la Policía Federal comprobaron que éste provenía de la provincia de Mendoza, que había sido denunciado como robado meses atrás en la localidad bonaerense de El Palomar y que tenía las numeraciones registrales del motor y chasis adulteradas.

La pesquisa estableció que aquellas dos detenciones tenían relación con una red de transporte de automóviles, que eran trasladados en camiones de carga desde Buenos Aires hacia distintos comercios de compra y venta ubicados en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Con las pruebas acumuladas y a pedido del fiscal Carlos Vasser, de la Fiscalía Criminal y Correccional 21, el Juzgado 47 del mismo fuero, a cargo de Paula González, ordenó realizar cinco allanamientos en la ciudad de San Rafael y tres en las localidades bonaerenses de Morón y San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Mirá También:  Los movimientos populares reclamaron al Gobierno que tome medidas de emergencia frente a los aumentos en los precios de los alimentos. En una masiva asamblea en el Obelisco, señalaron que la quita del IVA a los productos de la canasta básica, anunciada la semana pasada por el presidente Mauricio Macri en un reconocimiento de la gravedad de la crisis, no alcanza para que las familias de menores ingresos puedan hacer en sus hogares dos comidas diarias. Los comedores de las organizaciones sociales están desbordados por la demanda y hay mucha preocupación por cómo va trasladarse la devaluación al costo de los alimentos de aquí a fin de año. Esta fue la primera concentración grande de movimientos sociales después de la derrota del oficialismo en las PASO, de la posterior disparada cambiaria y del lanzamiento del paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias de menos ingresos (junto con la quita del IVA, que tuvo una aplicación dispar en los supermercados, el Gobierno dispuso dos refuerzos de mil pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo). Los referentes barriales que hablaron en el Obelisco denunciaron, en este sentido, que el poco de dinero que tenían en el bolsillo quedó licuado por la suba de los precios. La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Los reclamos principales fueron un refuerzo del 40 por ciento para los comedores, un aumento del 50 por ciento en el salario social y la extensión del bono de 2 mil pesos, que hasta ahora se anunció para los trabajadores formales, a los de la economía social. En la Plaza de la República, los organizadores instalaron un micrófono para que los manifestantes pudieran hablar. Prácticamente todos lo que lo usaron llamaron a cambiar el gobierno en las elecciones de octubre y respaldaron el proceso de unidad del Frente de Todos. “Hay dos relojes, uno que marca el tiempo social y otro que marca el tiempo político. El 11 de agosto se juntaron y les dimos una paliza importantísima”, señaló Rafael Klejzer, del Movimiento Popular La Dignidad. Hablaron responsables de comedores y merenderos e históricos militantes sociales, mientras a un costado de la concentración de los Cayetanos, el Frente de Organizaciones en Lucha -agrupación con una identidad más de izquierda- compartía con los asistentes un polentazo. Esta confluencia en un mismo lugar para la protesta de movimientos que están participando de la campaña del Frente de Todos con otros de la izquierda independiente es reflejo de la importancia que todo el arco de las organizaciones sociales le otorga a la necesidad de poner fin al gobierno macrista. La asamblea en el Obelisco fue organizada como preparatoria de una jornada nacional de lucha del próximo miércoles. En principio, los movimientos la habían organizado pensando que mientras estuvieran en el Obelisco iba a sesionar el Consejo del Salario para fijar un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil. Luego, a mediados de esta semana, el Gobierno postergó la sesión del Consejo para el 30 de agosto. El piso del salario mínimo determina el ingreso de los cooperativistas sociales, ya que el monto del salario social es siempre la mitad del salario mínimo. "Hacemos esta asamblea para definir un plan de lucha, para expresar que tiene que haber un aumento importante del salario y las jubilaciones", dijo Esteban "Gringo" Castro, titular de la CTEP. El referente responsabilizó al Gobierno por no dar resguardo a la población más humilde en el el escenario de devaluación y aumento de los precios. "Hay pibes que no comen más de una vez por día y abuelos en la misma situación. En los barrios todos los días nos piden que abramos más merenderos. La devaluación pega a los más pobres. Como organización de los trabajadores más pobres de la Argentina, tenemos que estar en la calle, reclamando por una agenda de inclusión y reconocimiento de derechos de la economía popular".

Como resultado del operativo, 21 personas fueron notificadas que quedaban afectadas a la causa y se secuestraron más de dos millones de autopartes, cientos de chasis, un camión y siete vehículos con pedido de secuestro, entre ellos un auto antiguo de colección.

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