Tal como se explicó en una nota anterior, esto dio paso a una tragedia nacional por la magnitud de su afectación en la infraestructura y la pérdidas de vidas.
A esto se le suma el incremento de las lluvias que complica la situación, principalmente porque aumenta la posibilidad de que aparezcan enfermedades transmitidas, como el dengue u otras asociadas a la contaminación del agua.
Cuando los datos cambian de “boca en boca”
Este terremoto es considerado como una de las mayores tragedias naturales. Ya se contabilizan 304 personas fallecidas, 428 desaparecidos, 4.408 heridos y 262.154 damnificados. Según la ONU, 1.2 millones de personas en Colombia necesitan ayuda humanitaria y, en este momento, sólo hay disponibles 71 alojamientos que albergan a 4.700 personas.
Sin embargo, algo notorio es la manipulación de los datos de muertes y desapariciones por parte del presidente, Abelardo de la Espriella, quien siempre anuncia los números más bajos. Por ejemplo, a nivel de personas fallecidas por el terremoto, el presidente anunció el 19 de agosto que la cifra era de 289, mientras el Instituto Médico Legal anunció 304.
Según un primer informe, las pérdidas económicas ascienden a 9.570 millones de dólares. El sector más afectado es el de vivienda e infraestructura, con alrededor de 29.554 viviendas destruidas y unas 134.342 que presentan algún tipo de afectación.
En cuanto a la infraestructura, la mayor afectación se registró en los centros educativos: se reportan 3.443 instalaciones afectadas, hay 303 centros de salud afectados y más de 400 carreteras dañadas.
La zona más afectada se centra entre el Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Antioquia. En el caso de Chocó, se trata del departamento más pobre entre los afectados. Solo en este departamento hay 29 presentan afectaciones, 13 personas fallecidas, más de 45.000 afectadas o damnificadas, aproximadamente 1.000 viviendas destruidas y más de 8.000 con daños.
El caso de este departamento destaca ya que su población pertenece a minorías étnicas: el 78% de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos y el 16% como indígenas. El 6% restante como raizal, palenquero, gitano/rom o ninguno. A su vez, es el departamento al cual no llega ningún tipo de ayuda o interés, incluso, la misma población tuvo que organizarse para hacer su propio censo de daños, principalmente entre personas indígenas.
Crecen las críticas al gobierno de extrema derecha
El 14 de agosto el gobierno de Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia económica, social y ambiental. Se trata de una figura que permite expedir decretos con fuerza de ley durante un máximo de 30 días. Dicha figura se ha usado en doce ocasiones desde 1997.
Con esta figura, el nuevo gobierno de extrema derecha colombiano pretende crear un “fondo milagro” destinado a canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura. Sin embargo, las señales que han salido desde el Ejecutivo denotan el poco interés para atender la tragedia.
Por ejemplo, el pastor y ministro de Vivienda, Jaime Beltrán -una de las figuras más cercanas al presidente-, una semana luego del terremoto viajó a las playas del Caribe, lo cual cayó bastante mal entre la población. Es decir, mientras miles de familias vieron cómo el terremoto destruyó sus hogares, el ministro del ramo optó por tomarse unas vacaciones (a pocas días de haber asumido funciones el gobierno).
Poco después, en el puerto de Boaventura, el presidente de la Espriella arrojó balones estampados con la frase “defensores de la patria”, un eslogan asociado a su campaña. Esto desató una ola de críticas al mandatario, porque humilló a los pobladores y no resolvió ninguno de los problemas provocados por el terremoto, en una de las zonas más afectadas por el terremoto.
Aunado a lo anterior, hace unos días el mandatario declaró que el terremoto fue una prueba de Dios para poner a prueba a su gobierno. “Lo que Dios hace, queridos compatriotas, solo Dios lo sabe. Decidió presentarnos esta prueba tan difícil y, en su sabiduría, lo hizo precisamente el día en que comencé mi mandato”.
