El Gobierno tiene un plan de desempleo para ingenieros, especialistas, técnicos e investigadores. Anunció un plan de retiros voluntarios para 2800 profesionales del sector nuclear, lo que representa el 92 por ciento de la planta permanente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Los trabajadores denuncian que la medida forma parte del vaciamiento sistemático que se realiza desde los inicios de la gestión libertaria, por lo que solicitaron una reunión urgente con el nuevo vicepresidente del organismo, Gustavo Gennuso, quien “aún no ha prestado ninguna declaración pública ni interna acerca de la perspectiva de trabajo que pretende”, determinó el trabajador de la CNEA Ignacio Cortés.
Antes de que iniciara la gestión de Javier Milei, la CNEA contaba con más de 4000 trabajadores. Hoy, en la nómina completa del personal figuran 3045, de los cuales 2800 fueron invitados a retirarse, lo que resulta en el 92 por ciento del total de los trabajadores actuales.
La noticia les llegó vía mensajes el miércoles pasado, mientras en la Cámara de Diputados algunos profesionales exponían la importancia económica del sector nuclear para el desarrollo y la soberanía del país. Vale aclarar que ningún legislador del oficialismo estuvo presente en la Comisión de Economía para escuchar las exposiciones de los trabajadores del sector.
El integrante del grupo de Física, Estadística e Interdisciplina, Ignacio Cortés, determinó que los trabajadores evaluaron el plan de retiros y concluyeron que se trata de “un paso más para la invitación a la renuncia y el vaciamiento de la institución”. La propuesta libertaria incluye la indicación de que “los puestos suprimidos no podrán ser nuevamente cubiertos, bajo ninguna modalidad de contratación, por el término de dos años”.
El plan fue publicado por el Ministerio de Economía y desde el jueves 20 está vigente por una duración de 30 días. Pese a los bajos salarios que perciben en la institución, los trabajadores no encontraron que la propuesta sea tentadora. Desde el sindicato ATE-CNEA pidieron que “no tomen decisiones apresuradas”, cuestionaron el monto de la gratificación ofrecido, y remarcaron que al aceptar “estamos resignando posibilidades laborales futuras dentro del Estado Nacional”, debido a la prohibición para los trabajadores de poder volver al sector público por un período de 5 años.
La trabajadora de la CNEA Marianela Kramm definió la propuesta como “lagrimosa, rara, poco seductora para que nos vayamos”. Consiste en el 90 por ciento de la remuneración bruta por cada año trabajado, con un tope de 24 bases salariales, a pagar entre seis o máximo 24 cuotas dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Para Kramm, esta propuesta se suma a la lista de medidas que aportan “en detrimento de la ciencia nacional”, en seguidilla con los 60 despidos del mes de junio, los recortes de salario por la desarticulación del proyecto CAREM, y el ajuste en la estructura general de la CNEA.
En el mes de julio, el Gobierno decretó achicar la estructura de la Comisión con un recorte de casi el 58 por ciento del organigrama que estaba vigente. Previo a esto, la institución contaba con un total de 645 unidades organizativas y ahora el máximo pasará a ser de 272. Por otra parte, las gerencias de área pasaron de ser once a siete. En su momento, los trabajadores denunciaron que estas reducciones no cuentan con un criterio técnico para que la CNEA pueda seguir funcionando, sino más bien lo contrario.
Con autoridades colocadas por el gobierno libertario, la comunicación gerencial de la CNEA hacia los trabajadores se volvió prácticamente nula. Ahora, le solicitaron una reunión urgente a Gennuso, designado como vicepresidente de la institución en julio de este año, para abordar algunos temas cruciales sobre “el presente y el futuro de nuestra institución y de quienes trabajamos en ella”.
En la carta, los trabajadores del Centro Atómico Bariloche expresaron que es crucial que exista “un canal de diálogo directo con los trabajadores, que permita conocer las decisiones previstas, expresar nuestras preocupaciones y discutir alternativas que permitan preservar las fuentes laborales, recuperar las capacidades perdidas y fortalecer a la institución”.
El nuevo régimen de retiro establece que quienes adhieran a la propuesta no podrán volver a incorporarse bajo ninguna modalidad al Sector Público Nacional. Este veto también abarca entes públicos y empresas y sociedades estatales, como la Autoridad Regulatoria Nuclear, INVAP y Nucleoeléctrica Argentina, donde los trabajadores que acepten el plan tendrían restringido trabajar.
A los trabajadores de hasta 59 años les ofrecen una gratificación equivalente al 90% de su remuneración bruta por cada año de antigüedad. Para los mayores de 60 otorgarán hasta 24 cuotas mensuales no remunerativas y cada cuota equivale a la remuneración neta mensual. En ambos casos se agrega un 9% de la remuneración bruta mensual en concepto de cobertura médica.
Una de las conclusiones a las que se llegó el miércoles pasado fue que la energía nuclear, “debido a sus múltiples ventajas frente a otras fuentes de electricidad, será imprescindible para el futuro. Por este motivo, y por la cantidad de dinero que hay en juego detrás de esta industria, no sabemos qué incentivos tienen las autoridades para destruirla”, expresó Cortés, quien estuvo presente en dicha Comisión de Economía.
Tras enterarse del plan de retiros, la diputada, expresidenta de la CNEA e investigadora del Conicet, Adriana Serquis, determinó en el Anexo de Diputados que “se esperaba poder llegar a fin del año que viene sin esta noticia, apostar a lograr retener el sistema con un cambio de gobierno, pero necesitamos hacer algo ya”.
