El pasado sábado primero de agosto se realizó el primer contacto telefónico entre las delegaciones del oficialismo pos-madurista y de un sector de la oposición venezolana. Sería la primera entrevista de una ronda de negociaciones que continuaría con el primer encuentro presencial la semana próxima.
Las negociaciones son presentadas como parte de un proceso de transición democrática que debería derivar en la realización de elecciones nacionales, la reforma de los cuerpos institucionales (sobre todo los juzgados electorales) y la normalización de la vida política venezolana. En realidad, se trata de un paso más en el tutelaje trumpista, que busca generar la cantidad justa de estabilidad requerida para saquear los recursos venezolanos y garantizar el dominio estadounidense hacia el futuro.
Mientras Trump digita el futuro del país con el personal pos-madurista como gestor servil, los trabajadores venezolanos luchan día a día con las consecuencias del desastre humanitario producido por el doble terremoto del 24 de junio. Crecen el descontento y las críticas contra la gestión de Rodríguez.
¿Transición?
La conformación de la mesa de negociaciones corrió por cuenta exclusiva de Trump y Marco Rubio, quien viene operando como interventor estadounidense sobre Venezuela. La delegación oficialista estará formada por los funcionarios Génesis Garvett, Jorge Arreaza (excanciller y familiar de Hugo Chávez), Ana María San Juan (ministra de Educación Universitaria), América Pérez y Pedro Infante (vicepresidentes de la Asamblea Nacional). Como voceros de la oposición, el trumpismo designó unilateralmente a seis miembros de la llamada Asamblea Nacional 2015. Este organismo es una delegación autoproclamada de ex parlamentarios opositores que permanecen en el exilio, encabezado por Dinorah Figuera. Además de ella, participarán de las negociaciones Ramón López, Miguel Matheus y Jorge Millán (del partido Primero Justicia) y Sergio Vergara y Marco Aurelio Quiñones (por Voluntad Popular).
La conformación de dicha delegación es absolutamente arbitraria y no expresa otro criterio que el de la discrecionalidad trumpista. Los personajes nucleados en la AN-2015 no tienen ninguno mandato ni representatividad hacia la población venezolana. La decisión generó fuertes críticas hacia Trump y Rubio incluso dentro de la oposición de derecha venezolana, por la exclusión del sector de María Corina Machado, protagonista de las últimas elecciones.
En teoría, el objetivo de la ronda de negociaciones será dar paso a la “tercera fase” de la Operación Venezuela de Trump, que delineó como una sucesión de “estabilización, recuperación y transición”. Las primeras dos preguntas que surgen al respecto son cuándo se efectuará y hacia qué derivará dicha “transición”.
En cuanto a los tiempos, la hoja de ruta de las negociaciones marca como objetivo la conformación hacia diciembre próximo de una nueva Comisión Nacional Electoral, encargada de organizar los (eventuales) futuros comicios. Además, se buscarían nuevas conformaciones para las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con este calendario, se supone que las próximas elecciones deberían celebrarse en algún momento del 2027.
Sin embargo, tanto Trump (quien toma las decisiones) como Delcy Rodriguez (quien las gestiona dentro de Venezuela) ya dejaron claro que no hay ningún apuro por motorizar la tan celebrada “transición democrática” en el país sudamericano. Hoy por hoy, la injerencia de Trump se conjuga con la actuación del personal pos-madurista que permanece formalmente en el gobierno para digitar un régimen de tutela imperialista que tiene como único fin saquear la riqueza natural del país y convertirlo en una suerte de protectorado colonial estadounidense.
Trump y la tutela imperialista
Hace dos semanas, Trump dijo desde el Salón Oval que la perspectiva de elecciones en Venezuela no está en el escenario inmediato: “en cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso”. El ultraderechista estadounidense no hace ningún esfuerzo por ocultar el tutelaje impuesto tras el secuestro de Nicolás Maduro. Desde enero de este año, Marco Rubio opera como interventor cotidiano ante el gobierno de Delcy Rodríguez, al que le provee instrucciones minuciosas de cómo cumplir los designios del trumpismo para el país.
Las bellas palabras de Trump y sus funcionarios, quienes clamaron que la intervención buscaría el “crecimiento y prosperidad” de Venezuela, contrastan con el panorama desolador que la sociedad venezolana encuentra día a día, sobre todo tras la catástrofe humanitaria del 24 de junio. El tutelaje yanqui no traerá ninguna prosperidad, sino cada vez más saqueo económico y vasallaje a la soberanía venezolana.
En enero, menos de un mes después de la incursión estaodunidense y el secuestro de Maduro, Delcy Rodríguez motorizó en la Asamblea Nacional una reforma exprés de la Ley de Hidrocarburos. El nuevo texto permite la privatización de explotaciones petroleras, hasta ahora reservada a empresas estatales o mixtas. Además, permite reducir el margen de ganancia destinado al Estado venezolano desde el 30% al 15%. Es una reforma a la medida de Trump y las multinacionales extractivistas del sector. Lo que busca es crear las “condiciones de seguridad jurídica” que exigen las petroleras estadounidenses para volver a operar en Venezuela tras las etapas de Chávez y Maduro.
Sólo en julio, las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron el 1,16 millón de barriles. De los cuales 784.000 fueron directamente a Estados Unidos. Las cifras están entre las más altas desde la pandemia. Entre enero y abril, la producción petrolera aumentó casi un 23%. Pero este boom petrolero tutelado no se está traduciendo (ni traducirá) en una mayor afluencia de recursos a las necesidades de la población trabajadora de Venezuela, aquejada por una pobreza estructural sostenida en el tiempo, vulnerabilidades agudas en términos de infraestructura, salud y servicios básicos, mucho más tras el doble terremoto. La renta del petróleo venezolano no se dirigirá a los bolsillos de los venezolanos, sino a las arcas del Tesoro yanqui y a las billeteras de las grandes petroleras estadounidenses, que compiten para ver quién llega primero a los pozos del Orinoco.
Por si no alcanzaba con los gestos jurídicos, Trump tomó la decisión de poner las exportaciones de petróleo venezolanas bajo control directo del Estado estadounidense. Una acción de tutelaje económico absoluto sin precedentes: pone la principal (por no decir única) fuente de divisas venezolana bajo control de una potencia interventora. Ante esa medida, que siga habiendo un “gobierno venezolano” por fuera de la Casa Blanca es más una formalidad que una realidad.
En ese panorama, el 83% de los ingresos del Estado venezolano son administrados directamente por Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense. Desde el Tesoro, el gobierno trumpista opera diversos mecanismos para que las ganancias petroleras venezolanas se dirijan a la compra de exportaciones estadounidenses, en un círculo de pura ganancia para Estados Unidos.
En el otro extremo, la economía venezolana no da signos de despegue real. Las actividades que producen más puestos de trabajo, como la construcción, seguían paradas incluso antes de los terremotos. La brecha cambiaria entre la cotización oficial y la paralela del dólar se mantiene en torno al 30%, cifra por lo demás elevada. Y la inflación sigue alcanzando el 600% anualizado.
El “gobierno” pos-madurista
La intervención estadounidense el 3 de enero no produjo, propiamente, un cambio de régimen sino que más bien dio inicio a una relación de tutelaje imperialista en términos políticos y económicos, manteniendo en funciones al personal proveniente del gobierno madurista. Scott Bessent dictamina las partidas presupuestarias del Estado venezolano y Marco Rubio dicta la agenda política e institucional del “gobierno” de Delcy Rodríguez. Dentro del país, se está operando un proceso de reorganización y selección del personal burocrático proveniente del madurismo, digitado por Rodríguez en función de los deseos de Trump.
El sector nucleado en torno a Delcy Rodríguez fue el elegido por el trumpismo para gestionar su protectorado sobre Venezuela. Testimonio de esta decisión es el apartameinto (al menos por ahora) de la oposición derechista ligada a María Corina Machado, históricamente alineado con el imperialismo estadounidense.
Simétricamente, la sumisión de Rodríguez y sus adláteres al trumpismo es absoluta. Cada paso en su administración y cada declaración pública dan cuenta de una profesión de fé colonial. Se trata del último descenso en el proceso de degradación política del personal proveniente de los ciclos chavista y madurista. Quienes años atrás daban el nombre de “socialismo del siglo XXI” a un experimento con elementos capitalistas de Estado sin un gramo de socialismo, hoy son los encargados de administrar personalmente el avasalllamiento imperialista de los recursos y la soberanía del país.
En una entrevista reciente con medios estadounidenses, Rodriguez habla del “período” abierto con la intervención yanqui como si se tratara de un proceso de apertura democrática. “El 3 de junio [día del bombardeo estadounidense y el secuestro de Maduro] marcó un punto de quiebre para Venezuela. Personalmente, sentí que era un momento de gran cambio […]. Todo este cambio económico y político, que busca alcanzar las necesidades socioeconómicas, está pavimentando el camino para una nuevga era política en el camino. Mi trabajo diario me hace creer que hay un futuro brillante para Venezuela”.
El gran cambio económico del que habla Rodríguez es la extracción de miles de millones de dólares en exportaciones de petróleo por parte del Tesoro yanqui. Y el gran cambio político es su propia designación como apoderada de Marco Rubio y Donald Trump.
En términos de perspectivas políticas futuras, da la sensación de que la propia Rodriguez tiene pocas certezas o incluso pocas intenciones. No es sorpresa, teniendo en cuenta que todas las decisiones al respecto se toman, de momento, en Washington. Un marcado contraste con su absoluta seguridad (y premura) por motorizar la venta y saqueo de los recursos petrolíferos venezolanos. Tras evadir mayores definiciones sobre el futuro de la transición, la “presidente interina en funciones” se dedicó a enumerar los negocios baratos que promete a las multinacionales estadounidenses. “Venezuela tiene 303 billones de barriles de petróleo en reservas. Pero [muchos de ellos] son de campos verdes, lo que significa que Venezuela es una de las oportunidades más significativas para el futuro energético del plantea. Por eso mi propuesta para el Presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos fue desarrollar una agenda energética a largo plazo”.
Ante la pregunta de “¿cómo está administrando Estados Unidos las reservas de petróleo de Venezuela? ¿Cuál es exactamente el acuerdo alcanzado después de su asunción tras Maduro?”, Rodríguez optó nuevamente por las evasiones. Aunque la respuesta fue significativa: “lo más importante es que las compañías de Estados Unidos están volviendo y llegando [a Venezuela] […]. Estamos negociando 30 acuerdos”. Para Rodriguez, no hay seguridades sobre el futuro institucional ni soberano del país, tampoco sobre el derecho de la población venezolana a administrar sus propios recursos naturales y económicos. Su única certeza y preocupación es garantizar el acceso de las corporaciones capitalistas al crudo venezolano. Esa es hoy la única función de Rodriguez como cabeza del Estado.
Entre la tutela trumpista y el desastre humanitario
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio asciende, según los conteos oficiales, a 6.125. Según el gobernador de La Guaira, al menos 1400 personas continúan desaparecidas en esa región, la más afectada por los sismos. Al menos 24.000 personas permanecen desplazados y alojadas en refugios improvisados, mientras miles más tuvieron que ubicarse en hogares de familiares y conocidos ante la imposibilidad de retornar a sus hogares destruidos.
A más de un mes de los sismos que sacudieron Venezuela, la crisis humanitaria persiste. El hacinamiento de los desplazados y la falta de recursas generan preocupación en términos sanitarios; faltan agua potable y capacidad de atención médica. Se temen posibles brotes de enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos y enfermedades como el dengue y la malaria.
Aún tras el paso de las semanas, los testimonios que llegan de la zona son escalofriantes, con tintes apocalípticos. La playa de La Guaira, como muchos espacios públicos, se convirtió en un campamento de desplazados, repleta de carpas y tiendas improvisadas. Otros espacios de la ciudad (como un McDonald’s) se transformaron en hospitales de campaña. El Puerto funciona como una morgue improvisada y atestada de cuerpos.
Las gestiones del gobierno de Rodriguez se demostraron insuficientes desde el primer momento. La falta de recursos de primera urgencia fue absoluta, desde elementos sanitarios hasta maquinaria para remover los escombros y avanzar en tareas de rescate. La miseria para la asistencia tras el desastre puede haber elevado agudamente la cantidad de víctimas, al impedir realizar dichas tareas en las horas críticas tras el desastre. Según estadísticas oficiales, sólo se han despejado el 16% de los escombros.
Y es evidente que las estadísticas del Estado venezolano no reflejan la verdadera magnitud de las pérdidas. Estimaciones de ONGs y distintas fuentes marcan que podría haber, como mínimo, unas 41.000 personas desaparecidas. El gobierno de Rodriguez continúa negándose a dar cifras oficiales de desaparecidos, limitándose a contar los fallecidos confirmados.
¿Qué alternativas hay para el pueblo venezolano?
El desarrollo de la crisis humanitaria tras los terremotos del 24 de junio operó como una exposición en tiempo real de los roles y funciones de los actores en la situación venezolana. La gestión de Delcy Rodríguez abordó una crisis histórica con criterios de miseria masiva. Puso insuficientes recursos a disposición de la población, a lo que se suman los abusos y arbitrariedades cotidianas del personal policial, administrativo y militar. Las denuncias de acaparamiento y redireccionamiento de insumos de asistencia por parte del personal del gobierno son cotidianas. Mientras tanto, el trumpismo se dedica a seguir expoliando los recursos del país, sin que la crisis cambie un ápice su orientación.
La población trabajadora se encontró sola frente a la mayor catástrofe de las últimas décadas. Miles de venezolanos se organizaron solidariamente para realizar las tareas de rescate y asistencia que el Estado dejó incumplidas. A más de un mes de la catástrofe, la conclusión de muchos venezolanos es que no puede contarse ni con el gobierno autóctono ni con las supuestas bondades del imperialismo que lo tutela desde Washington. Hay una experiencia hecha por parte de la población.
Como informa una corresponsal de este medio desde el territorio: “la ruptura de la normalidad ha sido desigual, según el número de víctimas y la destrucción en cada lugar. Pero el repudio, la desconfianza y el odio hacia el gobierno son generales. Vecinos y familiares de las víctimas han aparecido con la cara descubierta, sin miedo a la represión, sobre todo en las redes, denunciando la inacción del gobierno, el ejército, la policía. La catástrofe tuvo una consecuencia positiva, se perdió el miedo”.
El estado de ánimo y conciencia de las masas venezolanas no es un elemento secundario o anecdótico. Sobre todo porque la población parece encerrada en un callejón sin salida, cercada de un lado por la degradación del gobierno pos-madurista y, del otro, por el tutelaje imperialista de Trump. En ninguno de estos dos términos radica esperanza alguna. Las promesas de transición democrática, paz y prosperidad hechas por Trump, Rubio y la propia Delcy Rodriguez no prometen ninguna nueva Venezuela a la medida de las necesidades de las masas.
Por el contrario, la transición tutelada es un proyecto para poner Venezuela a tono con los deseos y necesidades del imperialismo territorializado trumpista. Su objetivo es doble. Primero, convertir a Venezuela en una posición más en el tablero del dominio trumpista sobre el Hemisferio, tal como lo plantea la Doctrina Monroe 2.0 de Trump. Segundo, sancionar las condiciones legales, jurídicas y económicas necesarias para que el petróleo (y los recursos venezolanos en general) se convierta en otro motor de la acumulación capitalista estadounidense.
En este escenario, la única posibilidad de pensar una alternativa de futuro para las amplias mayorías trabajadores de Venezuela radica en la rehabilitación de las perspectivas anticapitalistas. Una salida anticapitalista para Venezuela significa poner sus riquezas estratégicas bajo control de los trabajadores del país, para que dichos recursos cimenten un desarrollo racional y democrático de la economía, impidiendo que sean pasto de la rapiña imperialista pero también que se conviertan en la fuente de enriquecimiento de personal burocrático, como el que cimentó el proyecto madurista. El principal punto de apoyo para pensar una perspectiva como esta dentro de Venezuela es, justamente, la inmensa muestra de solidaridad que expresó la auto – organización de miles de trabajadores para atravesar la dura crisis humanitaria luego del doble terremoto, así como en la solidaridad internacional de miles y millones de personas con su causa en todo el planeta.
