Bukele llegó a la presidencia por primera vez en el año 2019 de la mano del partido Nuevas Ideas que él mismo fundó. En el 2024, se postuló nuevamente como candidato a presidente y ganó con casi el 85% de los votos. Dos años antes, en el 2022, inició un régimen de excepción que suspendió las garantías constitucionales, el cual se mantiene vigente hasta hoy.
Asimismo, el mandatario modificó dos normas electorales. La primera para crear una nueva circunscripción para los salvadoreños en el exterior, mientras que la segunda cambia la forma de elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, concentrando esa decisión en una Asamblea dominada por Nuevas Ideas.
Bukele se presenta como representante del “interés general” del país que “resolvió” la crisis de la violencia de las maras mediante el incremento del punitivismo y la creación de una mega cárcel.
Del terror a las maras al terror del Cecot y las fosas comunes
Las maras son un fenómeno particular de Centroamérica. Surgieron tras los conflictos armados y las migraciones de diversos sectores sociales a los Estados Unidos. Allí, en medio de los barrios empobrecidos comenzaron a agruparse grupos de pandillas de jóvenes que, tras el cierre de los conflictos armados, volvieron a sus países de origen deportados desde Los Ángeles.
Las maras aprovecharon el debilitamiento institucional derivado del conflicto armado y el ajuste estructural impulsado por el FMI, para asentarse como estructuras paraestatales de control territorial, provocando constantes enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Asimismo, desde las instituciones formales del Estado se establecieron relaciones con estos grupos. Las fuerzas del antiguo bipartidismo (Arena y el FMLN) sostuvieron acuerdos temporales con las maras; los homicidios se convirtieron en un “grifo” que los gobiernos abrían o cerraban según el compás político. En ese entonces, era común encontrar cadáveres a plena luz del día.
Tras la primera elección de Bukele en el 2019, el principal punto de apoyo para lograr legitimidad consistió en disminuir la tasa de homicidios. El “modelo Bukele” fue hacer hincapié en la detención masiva de “pandilleros” y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las cárceles más grandes del mundo que devino en un centro de tortura y desapariciones.
Durante varias décadas, El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. En 2015, por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 103, pero bajó a 7,8 en 2025; una de las más bajas de Centroamérica. Sumado a lo anterior, desde el 2022 hasta el 2026, se reportan 123.838 personas en prisión, equivalente a 2.053 reclusos por cada 100 mil habitantes.
Las personas detenidas no pueden ser visitadas por familiares ni sus abogados en los centros penales, no tienen derecho a la legítima defensa y son juzgados en audiencias masivas. Entre las personas detenidas hay trabajadores, presos políticos, activistas y, tras bajar la edad de imputabilidad, hay más de 1.600 personas menores de edad detenidas.
Las detenciones masivas se han convertido en una cacería de brujas, pues arrestan a cualquier persona por su físico, lugar de residencia, acusaciones en redes sociales o por teléfono. De hecho, un caso que causó molestia fue el arresto de estudiantes de varias instituciones educativas públicas en San Salvador, incriminados por, supuestamente, crear una nueva pandilla llamada “La Raza”. Una de “las pruebas” eran que tenían stickers del Joker en sus computadoras y cuadernos.
Dicho oscurantismo y las condiciones de tortura que se viven en los centros penales (como la privación de luz), han generado un nuevo problema: las desapariciones. En un reportaje de El Faro, un medio salvadoreño crítico del gobierno bukelista, se exponen varios de los muchos casos de personas que desaparecen en las cárceles, en particular del CECOT. Entre los testimonios está el de una mujer embarazada que pasó hambre varios meses para llevarle alimentos a su esposo que estaba detenido, aunque había muerto hacía varios meses dentro de la megacárcel y no hubo ningún aviso a su familia al respecto.
Según una investigación de El Faro, el régimen consolidó un método sistemático para desaparecer personas. En muchos de los casos se trata de reos con enfermedades a quienes no se les da el tratamiento médico que necesitan y terminan por morir.
Este sistema va desde la opacidad en las cárceles, pasando por los guardias custodios que torturan a las personas privadas de libertad, los médicos penitenciarios que emiten informes tardíos de las defunciones y ocultan las torturas que ocasionaron la defunción y el personal encargado de llevar esos cuerpos para enterrarlos en fosas comunes. Según estimaciones, alrededor de 100 personas murieron en las cárceles.
Desde hace un año El Salvador se convirtió funciona como parte de los países que reciben migrantes deportados de los Estados Unidos por las políticas xenófobas de Trump. Como parte de la misma Washington se comprometió a pagar hasta $4.7 millones a San Salvador para que recibiera hasta 300 deportaciones en el centro penal.
A eso se le suma la campaña de “blanqueamiento” de la tortura que lleva adelante el régimen, permitiendo que voyeurs hagan visitas guiadas al CECOT para ver a las personas privadas de libertad en las condiciones inhumanas. En el plano ideológico, lo que hace el modelo Bukele es presentar ante la sociedad de manera distorsionada e invertida la tortura para presentarla como legítima y deseable, colocándola como la respuesta al problema de la violencia.
Además de los métodos punitivistas, Bukele emprendió otras medidas para militarizar la sociedad salvadoreña, como el despliegue de militares en las calles, los operativos policiales para lograr llenar las cuotas de detenciones, o colocar a una capitana del ejército al frente del ministerio de educación. Además, en el régimen de Bukele operó un cambio que desplazó el miedo a las pandillas al miedo a las detenciones y al aparato represivo del Estado, cuya joya de la corona es el CECOT y las desapariciones.
Es de remarcar que el modelo Bukele se apoya en una concentración de poder sin abolir del todo las instituciones de la democracia burguesa, sino subordinándolas con funcionarios leales a su figura y presentándose como un poder que está por encima de las clases para poder llevar adelante su programa.
Visto desde la teoría marxista, el régimen que encabeza Bukele se puede entender como bonapartista. Esta categoría de análisis sirve para en este caso para explicar la concentración de poder sin “romper” por completo con las instituciones burguesas, más bien se usan estas instituciones para colocarse aparentemente como un árbitro entre las clases (y entre facciones de clase).
Para Marx, en el bonapartismo el poder del Estado aparece personificado en la figura de un líder que se eleva, en apariencia, por encima de la sociedad apoyándose en las instituciones pétreas (ejército, poder judicial), mientras se presenta como mediador entre los intereses de distintas clases. En este caso ese líder que personifica el poder del Estado sería Bukele.
La familia Bukele como eje del poder
Bukele reorganizó el aparato represivo del Estado, pero también promovió el surgimiento de una nueva élite empresarial vinculada a su familia, los bitcoiners y empresas desarrolladoras de Inteligencia Artificial.
La concentración de poder se divide entre los cuatro hermanos Bukele: Nayib ocupa la presidencia y sus tres hermanos actúan de facto como parte del gobierno, aunque oficialmente no ostentan ningún cargo. Por ejmplo, Karim ha integrado delegaciones oficiales del Gobierno desde que su hermano llegó a la Presidencia en 2019, mientras que Yusef fue clave en las negociaciones de los bonos bitcoin.
La familia de Bukele aumentó su patrimonio un 363% desde la llegada de Nayib a la presidencia. En 2012, el patrimonio de la familia era de $964.546, en el 2018 ya había aumentado a $2.210.000 millones y, para el 2026, llegó a $4.446.478 millones. A lo anterior se le suma la adquisición de propiedades, un total de 34 bienes inmuebles a nombre de la familia Bukele con un valor que rondan los $10 millones.
Junto a la familia del presidente salvadoreño, se encuentra un círculo conformado por funcionarios estatales que han disfrutado de la bonanza del régimen. En los 7 años de gobierno, 75 funcionarios aumentaron su patrimonio en un 713%. Parte de esa bonanza provino de préstamos millonarios del Banco Hipotecario, aunque no tenían capacidad de pago. Uno de los casos es el de Ernesto Sanabria, secretario de prensa del gobierno, cuyos activos pasaron de $269.884 en el 2019 a $2 millones en 2026.
Estos nuevos sectores coexisten con la oligarquía tradicional salvadoreña, a la cual se le llama coloquialmente como “las 20 familias”. Se trata de la élite de terratenientes y cafetaleros originada entre el siglo XIX y el siglo XX que, tras la conclusión de la guerra civil, se expandieron a otras áreas como la banca, el comercio y las finanzas. Durante el bipartidismo “las 20 familias” concentró el poder económico y político, pero ahora Bukele se presenta como un árbitro entre dicho sector y las nuevas facciones de clase vinculadas al bitcoin y la inteligencia artificial.
Un caso particular que ejemplifica el modo de operar de Bukele es el proceso de reestructuración urbana en el centro histórico de la capital, San Salvador. Aquí el Estado tomó el control de la política urbana del lugar, para su reestructuración desplazó a vendedores ambulantes y comerciantes con décadas de vender en el lugar, bajo amenaza de arresto, y abrió el espacio para que lo ocupen cadenas transnacionales de comercio.
Esto disparó el precio de las propiedades del centro histórico. El gobierno creó la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador para continuar con la política de desplazamiento y aprobó la exención del impuesto sobre la renta por un periodo de diez años a aquellas inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles.
La revalorización de la tierra fue aprovechada por los hermanos de Bukele. A inicios de este año adquirieron tres nuevas propiedades, por un monto conjunto de $1.25 millones, por lo cual ya son dueños de cinco inmuebles que suman un total de 3.036,64 metros cuadrados. Es evidente que el régimen usa el poder estatal para reorganizar el espacio urbano y la acumulación de capital de sectores cercanos al gobierno, algo nada despreciable considerando que la atracción de capital ya suma alrededor de $194 millones en proyectos de inversión.
Bukele: un “referente” de las derechas de la región
El modelo Bukele se erigió como una “alternativa” ante la descomposición social del país, producto de la ruptura del tejido social del conflicto armado que azotó el país y, posteriormente, por la crisis generada por las maras que llegaron a controlar amplios sectores del territorio. Ante esto, el mandatario se presentó como una alternativa de “mano dura” que llegó para resolver el problema de la violencia.
De manera paralela, se convirtió en un “instrumento” del capitalismo extranjero al beneficiar a sectores transnacionales, vincularse con el bitcoin y empresas desarrolladoras de Inteligencia Artificial o proyectos extractivistas y de reestructuración urbana.
Asimismo, es un instrumento del imperialismo estadounidense, pues Trump lo utiliza como un punto de apoyo para su política xenófoba de deportaciones masivas al recibir a personas deportadas en el CECOT. Es más, para sectores de la derecha estadounidense, Bukele es un “niño mimado” de la Casa Blanca y es una de las figuras en la región que más cercanía tiene con el mandatario estadounidense.
Al respecto de lo anterior, vale la pena rescatar lo que señalaba Trotsky en “La revolución traicionada”, en la cual indica que los gobierno bonapartistas erigen su poder “sobre una sociedad políticamente atomizada, apoyado sobre la policía y cuerpos oficiales (…) el bonapartismo fue uno de los instrumentos del régimen capitalista en sus periodos críticos”. Y, en el caso del bonapartismo en Latinoamérica donde el capital extranjero juega un rol importante, “esto le da al gobierno un carácter bonapartista de índole particular (…) en realidad, puede gobernar convirtiéndose en instrumentos del capitalismo extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial”.
Por otra parte, el presidente salvadoreño se presenta como un referente para el resto de figuras y gobiernos reaccionarios o de extrema derecha de la región, principalmente porque enaltecen su “modelo de seguridad” sustentado en la represión y el encarcelamiento en masa. Son los casos de gobiernos como el de Noboa en Ecuador, Keiko Fujimori en Perú, Abelardo de la Espriella en Colombia o Laura Fernández en Costa Rica). También se suman otros gobierno como Javier Milei en la Argentina, José Antonio Kast en Chile o Luis Abinader (República Dominicana, entre otros tantos de la región.
Es indiscutible que los rasgos autoritarios del gobierno salvadoreño se profundizan cada vez más. Bukele busca perpetuarse en el poder y, en los hechos, no cuenta con ningún contrapeso institucional a su poder, pues controla todas las esferas del aparato estatal del país centroamericano.
Además, el movimiento sindical, estudiantil y popular resultó muy golpeado por la política represiva del gobierno, dado que cualquier tipo de oposición al presidente puede ser motivo de un arresto.
En este contexto es que se realizaran las elecciones de 2027, en las que el presidente salvadoreño buscará consolidar su perfil como un bonapartista “milenial” sin ninguna oposición a su mandato.
