Geografía del desastre

El epicentro de los dos sismos (de 7,2 y 7,5 grados, respectivamente) estuvo en el Norte del país. El primero de ellos fue entre las ciudades de Yumare y Montalbán, al oeste de Caracas y La Guaira. El segundo sismo fue mucho más destructivo. A pesar de su medición similar en la escala, liberó 3 veces más energía. Su zona de mayor intensidad fue en la línea costera, especialmente sobre las localidades de Puerto Cabello, La Guaira y Caraballeda.

Además de su alta intensidad, los terremotos gemelos fueron altamente destructivos por su superficialidad, sobre todo en el caso del segundo. La superficialidad hace que los sismos afecten mucho más fuertemente el tejido urbano y generen muchas más víctimas. El de la semana pasada es el peor terremoto en el norte venezolano desde el año 1900, cuando se produjo un sismo de 7,3. En las próximas semanas, podría transformarse en una de las peores catástrofes humanitarias fruto de desplazamientos telúricos en la historia reciente.

La zona de mayor destrucción sigue la línea de la falla de San Sebastián desde Catia la Mar hasta Caraballeda, en la costa del caribe. Hasta el domingo (28), esas dos localidades eran justamente las que reportaban más personas desaparecidas. La Guaira fue el estado más afectado por el desastre, a pesar de encontrarse a casi 300 kilómetros de distancia del epicentro de los sismos. Expertos señalan que esto se debió a las particularidades geográficas sobre las que se emplazan las localidades costeras. “Los suelos blandos sobre los que se erige el estrecho territorio de La Guaira lo hacen particularmente propenso a la destrucción ante fenómenos como el registrado el miércoles 24 de junio”. La Guaira se ubica “entre escarpadas montañas de la cordillera del Ávila y las costas del mar Caribe, por lo que las inundaciones y los deslizamientos de tierra […] tienden a canalizarse a través de las zonas densamente pobladas”.

No es la primera vez que un fenómeno natural hace estragos sociales en la zona. En 1999, un deslizamiento de tierras producido por lluvias torrenciales, generó una inmensa cantidad de muertes que nunca pudo determinarse con exactitud. Se estiman entre 10.000 y 30.000 las víctimas fatales.

Además de la mayoría de las víctimas y desapariciones, La Guaira concentra los mayores índices de destrucción urbana. “Según el análisis elaborado por Corey Scher, de la Universidad Municipal de Nueva York, y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad del estado de Oregón, el número de edificaciones dañadas o derruidas [en todo el país] es de 58.870. Aproximadamente la mitad están en La Guaira, con diferencia el área más afectada”. Este índice de probabilidad de daños a las edificaciones permite formarse una imagen más global que la esgrimida por el gobierno, que libera información a cuentagotas.

En el ranking de este índice, La Guaira concentra casi 30.000 edificaciones con probabilidad de destrucción. Lo siguen, a una larga distancia, el Distrito Capital (8.000), Carabobo (7.000) y Aragua (4.000).

Crisis humanitaria

A seis días del terremoto, la situación en Venezuela, y especialmente en La Guaira, es de aguda crisis humanitaria. La suma de sismos superficiales y vulnerabilidad urbana configuraron un episodio de destrucción de niveles históricos. Pero lo que está convirtiendo el desastre sísmico en una tragedia social es la absoluta falta de recursos para las labores de rescate.

Los testimonios de rescatistas y de la población civil son desgarradores. Miles de venezolanos de a pie están tomando en sus manos las tareas de rescate ante la falta de personal suficiente. Un rescatista narró que los únicos elementos que tenía para trabajar eran un martillo y un cincel, mientras miles de personas permanecen sepultadas bajo los escombros.

Hasta el martes se contaban 1.943 fallecidos y 10.571 heridos. Pero todas las estimaciones esperan que el número crezca significativamente en los próximos días. La cifra de desaparecidos se estima en al menos 50.000 personas, según datos de la ONU. Este último dato es el que permite pensar en un aumento exponencial de la cantidad de fallecidos.

A medida que pasan los días, las posibilidades de rescatar con vida a las miles de personas que permanecen sepultadas bajo los escombros se reducen drásticamente. Según los especialistas, la ventana crítica para las tareas de rescate es de entre 48 y 72 horas. Ese plazo está largamente caducado. Hay casos en los cuales los rescatistas deben elegir entre continuar trabajando sin garantías de salvar a las víctimas con vida o suspender tareas para resguardar a decenas de rescatistas en edificios a punto de derrumbarse.

El Servicio Geológico estadounidense advierte que la cantidad de muertos podría superar los 10.000. Otras estimaciones directamente hablan de la posibilidad de llegar a los 100.000. En las últimas horas, Naciones Unidas envió cargamentos con 10.000 bolsas para cadáveres. Y los problemas se conjugan a medida que pasa el tiempo. A la alta cantidad de desaparecidos y la falta de recursos para labores de rescate se suman el colapso de los hospitales y la infraestructura crítica en términos de logística. La ruta principal que llega a La Guaira estuvo bloqueada por el tráfico durante un largo período. Esto atrasa la posibilidad de obtener atención médica y tiende a aumentar todavía más la tasa de mortalidad.

Según estimaciones de la ON U, la cifra total de damnificados podría llegar a los siete millones de personas. El daño a la economía venezolana podría configurar una retracción de hasta el 6% del PBI. Los contornos de la situación ya dan cuenta de una tragedia histórica. Para tomar dimensión, basta recordar que la catástrofe de Fukushima en Japón tuvo unas 16.000 víctimas mortales. En ese caso, a la actividad sísmica se sumaron un tsunami con olas de 40 metros de altura y la destrucción de una central nuclear. La altísima tasa de daños en Venezuela no se explica sólo naturalmente. El desastre natural se convirtió en una tragedia histórica por las condiciones de miseria social y decadencia económica que atraviesa el país.

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En La Guaira, el epicentro de la crisis, las vivencias de la población son verdaderamente catastróficas. Colapsadas las morgues, el gobierno improvisa morgues al aire libre en estacionamientos. “Las imágenes […] muestran decenas de cadáveres hinchados, desnudos, alineados. Una parcela entera. La crisis de salud pública ya es un nuevo reto”. Los relatos que llegan desde la zona parecen describir una escena de guerra. El olor de cadáveres en descomposición se impone en toda la ciudad, tras seis días de tareas de rescate infructuosas y con temperaturas que alcanzan los 40 grados. El único lugar al que la población puede ir a escapar de la pestilencia es la orilla del mar.

Las primeras (e insuficientes) máquinas excavadoras llegaron el domingo, cuatro días después del terremoto. La pérdida de tiempo crítico se alargó todavía más. La escasez de combustible (en uno de los mayores productores de petróleo del planeta) impidió ponerlas a funcionar durante varias horas.

La infraestructura puesta a disposición por el gobierno de Rodríguez no alcanza siquiera para resguardar temporalmente a los miles de desplazados por la destrucción de viviendas. La ACNUR señaló este martes (30) que las paupérrimas condiciones en los refugios improvisados y la escasez de agua potable podrían desatar brotes de enfermedades infecciosas como sarampión, difteria, tos ferina y otras. Según el organismo de la ONU, hay por lo menos unas 16.000 personas desplazadas en los estados del norte venezolano. De ellas, casi el 40% permanece durmiendo en la calle y un 10% en refugios que no cumplen ningún estándar de higiene o protección. Este martes (30) un centro de acogida temporal en el que permanecían 140 personas, colapsó por daños estructurales.

Desastre natural, catástrofe capitalista

Salta a la vista que Venezuela no estaba ni mínimamente preparada, en términos urbanísticos, sanitarios y de infraestructura general, para enfrentar o resistir un desastre como este. La miseria estructural criada por la decadencia del chavismo ponía, de por sí, a la mayoría de la población en una situación de vulnerabilidad extrema. El año pasado, el país latinoamericano tuvo una inflación del 475%. Y se estima que el 50% de la población permanece bajo la línea de pobreza.

Se multiplican, ahora, las preguntas por las políticas de vivienda pública del chavismo. Tras los terremotos, ingenieros y especialistas pidieron que se releven las condiciones de seguridad de los edificios que permanecen en pie, y que se investigue las condiciones que permitieron que otros se derrumabaran en su totalidad. “La denominada Gran Misión Vivienda Venezuela asegura haber construido más de cinco millones de viviendas. Sin embargo, es imposible determinar cuántas se edificaron realmente. Una estimación independiente de 2024 calculó apenas 134.771, muchas de ellas con grietas y filtraciones por falta de planificación urbana, e incluso algunas levantadas sobre fallas geológicas inseguras […]. En lugar de viviendas modernas, Venezuela sigue llena de bloques de apartamentos construidos en las décadas de 1960 que, según los ingenieros, no podrían resistir un sismo de la magnitud que la ciudad puede esperar” (Washington Post, 26/6).

Las denuncias de inseguridad y deficiencias estructurales en las construcciones de la Misión Vivienda constan de casi una década atrás. Si bien harán falta estudios pormenorizados para determinarlo, es posible y esperable que fallas en la construcción hayan facilitado o amplificado los daños de la actividad sísmica. Sobre todo porque las condiciones geográficas de la región exigían normas estrictas de edificación para poder resistir eventuales episodios sísmicos.

El gobierno de Delcy Rodríguez estima oficialmente en 189 la cantidad de edificaciones que se desplomaron totalmente. Pero la cantidad de viviendas afectadas e inutilizadas es muchísimo mayor. En Catia la Mar, por citar un ejemplo, se evacuaron 3400 departamentos de uno de los complejos habitacionales construidos por el chavismo, compuestos por 192 edificios.

No es la primera vez en la historia que la desidia del Estado y los especuladores inmobiliarios transforman el desastre en tragedia, pero el caso venezolano es particularmente significativo. El chavismo hizo de la supuesta planificación estatal un tópico de su discurso político. El plan Misión Vivienda fue anunciado por Chávez como un intento por superar los problemas de vivienda “heredados del capitalismo”. La realidad es que en Venezuela nunca existió, bajo el chavismo, algo que no fuera capitalismo, aún en la variable estatista y autoritaria construida por el PSUV.

Por otra parte, es necesario destacar que en los últimos años el antiguo chavismo sufrió un acelerado proceso de degradación. Esto ya era patente en los últimos años de Chávez, pero pegó un salto durante los gobiernos de Nicolás Maduro, cuando quedó expuesto el fracaso del proyecto del «socialismo del siglo XXI» (que no tuvo nada de «socialista» y si de nacionalismo burgués).

La crisis venezolana en tiempos de tutelaje imperialista

Tras los bombardeos y el secuestro de Maduro a manos de Trump, Venezuela entró en una situación de tutelaje cotidiano bajo el mando del imperialismo estadounidense. No se trata, simplemente, de presión política bajo la amenaza de nuevas incursiones militares. Sino de que Estados Unidos tiene, en los hechos, el control de la salida del petróleo venezolano, la única fuente de divisas para la economía del país sudamericano.

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El desastre el pasado 24 de junio llega en momentos de alta incertidumbre sobre el futuro del país (y del régimen). Quedó claro que Trump buscaba, más que derrocar el régimen, forzar un cambio en su alineamiento político, forzar una sumisión neo-colonial de Venezuela a EEUU, aún manteniendo al mismo personal político que gobernó con Maduro al frente del país. Este proceso, hasta ahora refrendado en los hechos por Delcy Rodríguez, mantiene una alta cuota de incertidumbre sobre el futuro.

Sobre todo porque puede cambiar las coordenadas sobre las que se erigió el capitalismo de Estado venezolano durante las últimas décadas. El régimen chavista construyó un esquema de poder y gestión económica centrado en dos clivajes: el control estatal de los hidrocarburos y los negocios de la llamada boliburguesía.

Las porciones de la economía estatizadas fortalecieron la condiciones de existencia de la burocracia estatal. El personal político y militar se enriqueció al calor de la propiedad estatal, hasta el punto de convertirse en controladores de gran parte de la economía nacional. “Las Fuerzas Armadas ya no son solo una institución militar: también fungen como un conglomerado empresarial con intereses propios. La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) es apenas la parte visible de un enorme entramado económico privado en manos de funcionarios adinerados, otrora pilar fundamental del poder de Maduro. Esta doble naturaleza -castrense y empresarial- de las Fuerzas Armadas es precisamente lo que hace tan complejo su rol en la Venezuela tutelada: los militares deben gestionar la contradicción entre un discurso antiimperialista que ya no tienen cómo sostener y la realidad del protectorado que los obliga a callar”.

Este sector está debilitándose con el tutelaje yanqui. En los últimos meses, el gobierno interino de Rodríguez comenzó una purga y reacomodamiento de los altos mandos militares. Desde marzo, trasladó o degradó a 28 mandos de la cúpula militar. Hay una reorganización en curso, con destino incierto, de los entramados de poder en el personal burocrático del Estado venezolano.

La llamada boliburguesía, un sector empresarial enriquecido por contratos nada transparente con el Estado, parece tomar un rumbo distinto. Un analista venezolano señala que estos personajes permanecen, hoy, a la expectativa de participar en el reparto de la carroña tras un eventual desarme del esquema de propiedades estatales. La pregunta que anticipan los boliburgueses es simple: ¿quién se quedará con el resto de la torta tras la debacle definitiva del chavismo y el saqueo yanqui? Los boliburgueses exigen su tajada.

Es evidente que, al día de hoy, todas estas perspectivas son potencialidades en juego, marcadas más por la incertidumbre que por la planificación. Lo seguro es que ninguno de estos sectores tiene intereses remotamente cercanos a los de las masas venezolanas. El personal político en torno al sector de Delcy Rodríguez, parece dispuesto a acomodar sus expectativas a los designios de Trump, con tal de conservar algún control sobre el destino político del país o del sistema político. La burocracia militar, por su parte, está preocupada por conservar algo de su privilegio económico. La boliburguesía está apurada por desguazar la economía estatal para repartirse los trozos. No se trata de ninguna idea de desarrollo o modernización de la caduca economía venezolana. Más bien hablamos del saqueo de lo existente bajo un nuevo esquema.

La apertura de la que hablan el imperialismo y sectores del establishment «pos-chavista» es, únicamente, una apertura de las aduanas y fronteras venezolanas para los negocios de los grandes capitales extranjeros bajo el padrinazgo de Trump. El caso testigo es el de Chevrón, que tras la caída de Maduro aumentó su participación en inversiones petroleras en el país.

En todo caso, las promesas de reactivación económica y reconstrucción del país, esgrimidas por Trump para justificar ante el mundo y la población su incursión militar y política, están quedando sepultadas bajo los escombros del 24 de junio. Este discurso se paraba en la posibilidad de que la economía venezolana creciera producto de la reactivación de la industria petrolera. Eso no significaba, en sí mismo, mejores condiciones de vida para la población. Sólo auguraba mejores negocios para Trump, las petroleras imperialistas y, quizá, un puñado de boliburgueses.

Para este año, con el panorama de una Venezuela tutelada, el FMI preveía un crecimiento del PBI entre el 4% y el 6%. Pero las estimaciones de esta semana señalan que la economía podría retraerse un 6% por los destrozos.

La debacle definitiva del «madurismo» alimenta el descontento

Todos los actores del poder en Venezuela están mostrando el abismo que los separa de la sociedad en el marco de la crisis humanitaria.

Trump anunció paquetes de ayuda humanitaria por 300 millones de dólares (así como lo hicieron decenas de países más) luego de sustraer al país decenas de millones de barriles de petróleo en pocos meses. Parece un precio bastante barato a cambio del principal recurso estratégico del país. No hace falta explayarse demasiado, además, para entender que la incursión trumpista de enero dejó a Venezuela en una situación de extremada fragilidad estatal, institucional y operacional. Es difícil hacer frente a una catástrofe humanitaria como esta con la bota del imperialismo sobre la cabeza.

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El gobierno y el personal militar-burocrático del madurismo están quedando expuestos por su responsabilidad en la crisis. Los relatos de la población reflejan toda clase de ineficacias, negligencias, destratos, derroches, aprovechamientos y estafas por parte del gobierno y las fuerzas armadas en medio del desastre. Una fuente presente en el territorio consultada desde este medio comenta que “los jóvenes [venezolanos] denuncian por las redes sociales la incapacidad del gobierno y del ejército”. Reportan “robos de la policía”, que sustrae donaciones humanitarias destinadas a la población afectada. También que, en las últimas horas, el gobierno montó “controles burocráticos, papeleo para la gente que quiere levantar los escombros”. Es el colmo del destrato burocrático. El gobierno no sólo no mueve un dedo por garantizar las tareas de rescate. Se da el lujo de, además, entorpecer y regimentar la acción de la población civil. En los últimos días, miles de venezolanos se volcaron masiva y solidariamente a tomar en sus manos lo que el Estado dejó librado al azar.

La negligencia del régimen venezolano está dando lugar a escenas de verdadero caos social en La Guaira. Hoy la región vive en un estado de absoluta anormalidad, como si se tratara de territorio en guerra. “La situación se agrava por episodios de saqueos y denuncias de robos en comercios, mientras persisten fallas en servicios básicos. La zona fue militarizada y el acceso quedó restringido mediante salvoconductos para rescatistas y personal autorizado” (La Nación, 30/6). El intento del gobierno por militarizar la zona merece ser repudiado. No se trata de medidas preventivas o de gestión, sino de pura represión. El régimen criminaliza a una población abandonada por el Estado, que permanece en situación de supervivencia desde hace una semana.

En el mismo sentido van las maniobras del gobierno para restringir el movimiento de la población y difuminar las dimensiones reales de la tragedia. La negativa oficialista a difundir cifras oficiales de desaparecidos, buscan silenciar una realidad demasiado evidente: la cantidad de víctimas es mucho mayor a la conocida. Recientemente, el Ministerio de Comunicación venezolano suspendió por 48 horas la entrada de periodistas internacionales a la zona de La Guaira, con excusas sanitarias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), repudió la decisión por considerarla un intento de suspender el flujo de información sobre la situación real en el terreno. Esto no impide que las imágenes del desastre recorran el mundo, generando una ola de dolor, pero también de solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano.

Lo cierto es que el accionar del gobierno está alimentando cada vez más la rabia popular. En las últimas horas se reportaron discusiones entre los vecinos de La Guaira y las tropas desplegadas en el territorio. “Acá hay más fusiles que palas”, recriminaba un civil venezolano a los militares que montaban guardia en los accesos. Tal fue el repudio a la inacción estatal que, en algunos casos, la población obligó a los militares a tomar parte en los trabajos de rescate, pala en mano.

La solidaridad desde abajo como única alternativa

La crisis humanitaria en curso resulta de un desastre natural procesado por un régimen político reaccionario, antidemocrático y en vías de descomposición bajo la tutela trumpista. El chavismo sumió al país en una crisis económica interminable. Lo que queda del régimen (con sus fisuras internas aún indefinidas) negocia con Trump el reparto de los recursos del país. Este sector no puede garantizar, siquiera, el rescate de las víctimas y que la población desplazada atraviese la crisis en condiciones de mínima dignidad humana.

La negligencia oficial parece ensanchar la brecha que separa al régimen de la población. Tras una larga debacle, el desastre que el gobierno de Rodríguez está haciendo en la gestión de la crisis podría ser el golpe de gracia para el «madurismo», o lo que resta del mismo. No nos referimos a que el régimen vaya a caer próximamente. Sino a que sus perspectivas históricas, existenciales, son cada vez menores.

¿En qué coordenadas puede el madurismo, o pos – madurismo tutelado, pensarse a sí mismo como proyecto político o de gobierno? Incursión imperialista, saqueo de recursos estratégicos, control yanqui sobre la gestión del crudo, impopularidad masiva y, ahora, una crisis humanitaria que podría traducirse, también, en un recrudecimiento de la crisis económica para el próximo período. Es una lista de problemas demasiado larga y con perspectivas de resolución demasiado inciertas.

Como contraparte, el único elemento progresivo que emerge en el escenario actual es la acción espontánea e independiente de las masas venezolanas. La acción de los miles de voluntarios que trabajan incansablemente para rescatar a las víctimas va más allá de los designios y gestiones de Rodríguez y la burocracia madurista. Son las masas las únicas interesadas en resolver la crisis humanitaria.

Su solidaridad dentro de Venezuela se espeja en la solidaridad que se extiende internacionalmente. Y lo que cuenta para la crisis en curso cuenta, también, para las perspectivas generales del país. La crisis venezolana se arrastra hace más de una década. El chavismo no la resolvió y, por el contrario, tendió a agravarse con el madurismo. Trump sólo puede transformarla en una crisis de saqueo y tutelaje. El único actor capaz de pensar y crear otra perspectiva para el país es la masa de trabajadores que experimenta en carne propia todo el peso de la realidad.

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