La trama del Adornigate sigue sumando capítulos y también personajes: esta vez le tocó a Francisco Adorni, el hermano menor del jefe de gabinete, cuyo patrimonio se convirtió en motivo de investigación para la justicia. Este domingo, Francisco incorporó en su declaración jurada este año una camioneta marca Jeep que adquirió en noviembre de 2025 y blanqueó la cancelación de $60 millones de un crédito hipotecario con el Banco Provincia. A priori, ambos movimientos parecen estar fuera del alcance de sus ingresos como diputado provincial (cargo al que accedió en las elecciones de septiembre pasado) y del sueldo que recibía como funcionario público, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego como responsable del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Por ese motivo, el fiscal federal Guillermo Marijuán decidió imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”, dice el dictamen del fiscal.
La causa, paralela a la que investiga al jefe de gabinete, surgió a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en Marijuán.
Pagano basó su denuncia en el hecho de que Francisco duplicó su patrimonio neto declarado entre 2024 y 2025, que pasó de $43,7 millones a $80,5 millones, siguiendo la huella de su hermano. Su hipótesis es que se habría enriquecido por “interpósita persona”: plantea que Francisco podría estar actuando como un “testaferro” de Manuel para canalizar activos “de origen incierto”, en referencia a los ciento de miles de dólares que ya se comprobó que el jefe de gabinete gastó a un ritmo infernal sin poder explicar de dónde los sacó.
La denuncia abarca también la eventual figura de lavado. “Si el avance de la investigación surgiere que los fondos aplicados a la cancelación del pasivo hipotecario, a la adquisición del rodado y/o a otros activos que pudieran detectarse, provienen de un ilícito penal precedente, corresponderá la imputación adicional por lavado de activos”, dice Pagano en su escrito.
En ese marco, Marijuán ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del menor de los Adorni y hasta un pedido a ARCA para saber si se acogió a los últimos blanqueos de capitales de la gestión libertaria.
Un ascenso meteórico
Francisco había iniciado su trayectoria en la función pública de la mano de su hermano, a la par de la llegada de Manuel a la vocería presidencial. En diciembre de 2023, el entonces ministro de Defensa Luis Petri le dio su primer carguito, como asesor de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. A mediados de 2024 lo ascendió a titular de esa misma entidad, lo que desató un escándalo porque no gozaba de ningún tipo de mérito profesional ni antecedentes que lo convirtieran en apto para el puesto.
Aún así, Francisquito gozó entonces de una paritaria monumental, del 420 por ciento: pasó de cobrar unos 820 mil pesos mensuales como asesor a casi cuatro millones como funcionario (exactamente unos $3.935.093,7) a julio de 2024.
Ese sueldazo, que había generado mucho malestar entre las fuerzas –que recientemente dieron varios signos, incluso, de rebelión por sus magros ingresos– está lejos igualmente de poder justificar la cancelación de $60 millones de un crédito hipotecario a la par de sostener un nivel de vida acorde a, pongámosle, el apellido Adorni.
Pese a los cuestionamientos, Francisco volvió pegó más tarde un nuevo salto, esta vez gracias al voto popular: pasó de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas del Cielo. Karina Milei y Sebastián Pareja lo convocaron a encabezar la lista de LLA en la octava sección bonaerense y resultó electo en las elecciones de septiembre pasado. Desde diciembre Francisco integra el bloque de 20 bancas libertarias en la Cámara de Diputados bonaerense.
En este caso es que, al igual de lo que sucede con Manuel, a Francisco tampoco se le conocen antecedentes válidos en el sector privado que avalen algún tipo de gasto como el que se le imputa. Todo vino del Estado. “Hasta su designación, Francisco Adorni no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves”, dice Marijuán en el dictamen, parafraseando a Pagano.
De hecho, en su primera DDJJ, de inicios de 2024, Francisco había declarado un patrimonio de $43.790.000, que se explicaba básicamente por el 50% de una casa en City Bell de 162 m² y un coche Chery Tiggo, modelo 2017 de $5.000.000. Como funcionario no sólo duplicó esos montos totales sino que canceló la mitad de un crédito por poco más de 100 mil dólares en pocos meses.
El polémico paso por IAF
Antes de desembarcar en la legislatura bonaerense, el hermano del jefe de gabinete obtuvo otro ascenso: fue nombrado al frente del IAF, desde donde puso el gancho para la aprobación de un préstamo a la obra social militar, IOSFA, por $40.000 millones, justo en los meses previos a la quiebra de esa entidad. A Pagano ese movimiento le resultó también sospechoso, así que radicó una segunda denuncia penal contra Francisco para que se investigue si no hubo además algún tipo de retorno. Lo acusa de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.
“La hipótesis penal que se somete a investigación es que, lejos de cumplir con sus deberes, el denunciado (Franciso Adorni) convalidó, ejecutó y/o consintió la aplicación irregular del préstamo, omitiendo los controles legalmente exigibles y permitiendo que fondos previsionales del personal militar terminaran financiando, en condiciones onerosas y sin trazabilidad transparente, el déficit corriente de un organismo cuya disolución estaba siendo planificada por el propio Poder Ejecutivo que lo designó”, denunció Pagano.
IOSFA fue disuelta a principios de este año y el Gobierno mandó a crear una obra social sustituta, OSFA. Pero los problemas de los militares para conseguir atención médica, según algunas denuncias, se agravaron a partir de entonces.
