Discapacitados, sus familiares y prestadores de servicios reclamaron en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Salud por demoras en los pagos a los centros de día y la desactualización de los aranceles. Y es que si bien la Ley de Emergencia ya está votada y reglamentada, el Gobierno No la está cumpliendo. Durante la protesta se vivieron momentos de tensión porque la policía empujó a los manifestantes, a los que les rompió un gazebo que intentaron instalar frente a la Casa Rosada.
Por otra parte, ayer los prestadores nucleados en el Foro Permanente Discapacidad comenzaron un paro de 48 horas. Denuncian que el PAMI y programas claves como el Incluir Salud tienen demorados sus pagos, con deudas que, en algunos casos, llegan a cinco meses. Si bien las prestaciones tuvieron en febrero un aumento del 5 por ciento, señalan que debido a la inflación acumulada los aranceles tienen un retraso del 35.
“Un gobierno insensible”
Un grupo de prestadores intentó armar una carpa tipo gazebo en la Plaza de Mayo, que la policía quitó del lugar violentamente. Los efectivos avanzaron sobre la gente para quitar la carpa, lo que generó forcejeos y empujones, incluso a personas en sillas de ruedas.
“El gobierno es muy insensible. Estamos pidiendo ayuda para nuestros hijos, que necesitan de los centros de día y del transporte. Venimos a reclamar, pero siempre son palos para nosotros”, dijo uno de los padres.
Los directivos de las instituciones de cuidado advirtieron sobre las graves dificultades que atraviesan por las demoras en los pagos. “Hace cinco meses que el programa Incluir Salud nos debe prestaciones del centro de día. Nosotros elegimos trabajar con estos niños, pero nos está siendo muy difícil seguir. Ya no podemos pagar los sueldos, también nos resulta complicado comprar los alimentos. Sostener todo el equipo terapéutico y las instalaciones, con todo lo que nos exigen, que es lo que corresponde para atender a los niños, se nos está haciendo muy difícil. Es insostenible”, advirtió Samanta Wahron, psicóloga y directora de un centro.
Agregó que Incluir Salud, un programa que depende del ministerio del mismo nombre, les debe prestaciones desde el mes de octubre. “La mayoría de los beneficiarios pertenecen a ese programa porque provienen de familias que no acceden a una obra social. Es terrible porque en muchos casos vienen al centro para poder comer, porque en una familia con discapacitados, los padres tienen que darle muchos cuidados a esos hijos y eso les dificulta poder trabajar”, dijo Wahron.
La directiva también contó que hay niños que están esperando desde hace más de seis meses para entrar a una escuela, pero su aprobación está demorada.
A su vez, los transportistas agregaron que, sin una actualización de aranceles que compense la inflación, les es posible mantener las unidades que trasladan a los pacientes a sus terapias.
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), señaló que, junto a familiares y otros prestadores, han estado en el Ministerio de Salud y se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”, quienes les dijeron “que (el ministerio de) Economía no gira los fondos”.
La medida de fuerza continúará este jueves con la segunda jornada de cese total de actividades, por el que no habrá atención en centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas especiales ni servicios de rehabilitación. También hace paro el transporte adaptado, que ya venía con cortes parciales desde el lunes.
También está anunciada para hoy una nueva movilización hacia la sede del Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regularización inmediata de los pagos de PAMI e Incluir Salud.
