El premio sobre el precio del gas extraído en Vaca Muerta se mantendrá, pese a que el cuestionamiento al costoso privilegio detonó la salida de Iguacel de Energía. Les mantendrán el beneficio a quienes lo tienen pero no otorgarán nuevos.

El Gobierno decidió mantener el subsidio extraordinario a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta en favor de las petroleras, aunque limitó el ingreso de nuevos proyectos que puedan recibir el beneficio. Así se respetaría el total de 700 millones de dólares asignado para este programa en el presupuesto de este año, confirmaron fuentes oficiales. A pesar del atractivo beneficio fiscal para las empresas extractivas, persiste un fuerte diferendo con Tecpetrol, empresa perteneciente al grupo Techint, que puede terminar en un juicio contra el Estado. Incluso Techint amenaza con bajar las inversiones en el yacimiento, ya que el Gobierno considera que el subsidio para no convencional en 2018 se debía pagar hasta la curva esperada de producción que presentó Techint, mientras que la firma sostiene que se le debe pagar por todo lo producido (que fue el doble de lo proyectado en el plan original). El Grupo de la T mantiene además otra puja por una deuda que surgió por la no actualización de precios de la obra del reactor nuclear Carem, en Lima, Zárate.

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, encabezó ayer por la mañana una reunión conjunta con las empresas petroleras que operan en el país para comunicarles la postura oficial respecto del subsidio a la producción en el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, previsto en la resolución 46/2017. La norma define un precio estímulo para la producción de gas en áreas nuevas de Vaca Muerta. Ese valor fue de 7,50 dólares el millón de BTU en 2018 y de 7 dólares este año. El programa sigue a 6,50 dólares en 2020 y 6 dólares en 2021. Como la demanda paga un promedio de 4 dólares, la diferencia está a cargo del Estado y representa un fuerte aliciente de rentabilidad a la producción de las empresas.

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Como a lo largo del año pasado la economía nacional se fue a pique y el Gobierno ingresó en un plan de fuerte ajuste fiscal que sigue al pie de la letra a instancias del FMI, el Gobierno venía negociando en las últimas semanas de manera individual con las petroleras sobre los términos de la continuidad de aquella resolución, dictada en marzo de 2017 por Juan José Aranguren.

Al mismo tiempo, la norma fue en primer lugar favorable a Tecpetrol, del grupo Techint, que explota el área de Fortín de Piedra. Cada empresa que presentó pliegos para obtener los beneficios de la resolución 46 debió estimar la producción incremental. A Techint se le aprobó el plan por un aumento de 8,5 millones de BTU pero el aumento total fue de 17 millones, con una inversión de 1.800 millones de dólares. La producción de esta empresa explica en más de un 70 por ciento el aumento de la producción local en el último año, lo cual puso a Techint en una situación de privilegio y generó resquemores entre las competidoras. En total, la producción de gas no convencional creció el año pasado un 40 por ciento gracias al aporte de Techint en el shale gas.

A pesar de estos conflictos, la decisión oficial fue no modificar los parámetros de la resolución 46 y negociar y potencialmente afrontar los juicios. “Vamos a mantener sin modificaciones resolución 46 –en relación al cronograma de subsidios a la producción no convencional descripto más arriba–. Pero no vamos a incorporar ningún proyecto adicional a los que ya están aprobados. Había 16 proyectos de explotación en Neuquén de los cuales se habían aceptado ocho. No vamos a incorporar más. Con estos ocho proyectos se cierran los 700 millones de dólares que tenemos presupuestados para este año”, detallaron desde el Gobierno. Los ocho proyectos aprobados están en manos de Tecpetrol, YPF, CGC, Total, Pan American Energy, Wintershall, Capex, Gas y Petróleo de Neuquén. En cambio, no fueron aprobados otros proyectos de YPF, Total, Gas y Petróleo de Neuquén, Shell, Exxon, Dow, Pluspetrol y Pampa Energía.

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Ahora, el conflicto a seguir es entre el Gobierno y Techint por el pago del subsidio por la diferencia no pautada en el proyecto original de crecimiento de la producción para 2018. El planteo de la empresa es que la norma no deja en claro que haya topes al pago de subsidio, incluso se menciona que el ex secretario Javier Iguacel había dicho que el subsidio se pagaba por toda la producción ampliada y no sólo por lo previsto de antemano. “Las empresas lo pueden interpretar como les parezca, y Javier –por Iguacel– decía muchas cosas. Lo cierto es que hay una norma y nuestros abogados nos dicen claramente que se paga por la curva original”, dijeron altas fuentes oficiales, que no descartaron que Techint inicie un conflicto legal por este tema contra el Estado. Según las estimaciones oficiales, los subsidios de la resolución 46 implicaron 6 mil millones de pesos y todavía falta otro tanto a pagar entre enero y febrero. Si se toma en cuenta que entre el 70 y el 80 por ciento corresponde a Techint y está en disputa el estímulo de precio por nada menos que la mitad de lo producido por Techint, se tendrá una dimensión del conflicto. Este año, incluso en el marco de la crisis, el Gobierno destinará un monto muy superior, equivalente a unos 28 mil millones de pesos, para las petroleras.

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