La motosierra de Javier Milei no para con los recortes económicos a las provincias y profundiza el conflicto con los gobernadores. Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este miércoles, el Gobierno nacional eliminó las transferencias que por ley la Anses realizaba a 13 cajas de jubilaciones provinciales y que –a pesar de los reclamos– tampoco se giraba desde que asumió Milei. La primera reacción surgió desde la administración radical de Santa Fe, donde el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, criticó la decisión de Milei, sostuvo que «las Cajas de jubilaciones no son casta» sino «los aportes de los trabajadores durante su vida laboral» y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial para frenar el recorte. La eliminación de las partidas también afectan a otras 12 provincias de distinto signo político: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

El DNU de Milei da de baja a varios artículos de la Ley de Presupuesto 2023 (prorrogado por la administración de La Libertad Avanza) con los que poda más recursos a las provincias: allí derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias de las provincias, y formalizó la eliminación del los fondos de Compensación al Transporte Público del Interior y de Incentivo Docente. Lo que agrava las finanzas provinciales.

Las partidas para las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, aunque las transferencias no se actualizaron.

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Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei no envió más ese dinero a las provincias, que recibieron por última vez los recursos en diciembre pasado. Este fue uno de los puntos de negociación al comienzo del Gobierno de la LLA: los gobernadores pidieron el pago de la deuda acumulada por falta de actualización de las cajas jubilatorias como una forma de descomprimir las tensiones frente a otros recortes. Pero el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se negó.

Desde entonces los mandatarios provinciales cubren con sus propios recursos el bache económico que provoca la falta de las transferencias, que por decisión de Milei ya no recibirán más. Según sus propias estimaciones, las provincias calculan que la deuda que el Estado Nacional acumularía con ellas en abril alcanzaría a 62.500 millones de pesos.

Nuevo apriete

Las decisiones del Presidente no parecen ser la mejor arma de seducción para que los gobernadores no intenten avanzar contra el DNU 70/23 que desreguló toda la economía y que acompañen la nueva versión reducida del proyecto de ley ómnibus, con la zanahoria por delante de arribar a algún acuerdo posterior que Milei promete en su proclamado Pacto de Mayo en Córdoba.

Por el contrario, abrió un nuevo conflicto con las provincias que se resisten a que el gobierno central las ahogue. Así, lo entendió el gobierno santafesino, que salió al cruce uno de sus funcionarios. Boasso señaló que el decreto responde a «otra trastada del Presidente» y puntualizó que, «mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias».

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El funcionario de Pullaro en materia previsional provincial aseguró además que el DNU configura «una apropiación indebida de fondos». En una entrevista concedida al diario La Capital de Rosario, Boasso reclamó –-en sintonía con el gobernador– que «Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos», y remarcó: «Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con 700 mil millones».

«Hay que terminar con el unitarismo y construir un país federal en serio», pidió al tiempo que postuló la necesidad de «aprobar urgente una ley de coparticipación inversa, es decir que recauden municipios y provincias y después coparticipen a la Nación», agregó Boasso como propuesta para evitar el ahogo con el que somete La Nación a las provincias. «Las Cajas de jubilaciones no son casta» sino «los aportes de los trabajadores durante su vida laboral», sentenció el funcionario santafesino y advirtió que la provincia analiza recurrir a la vía judicial.

Por ahora solo Santa Fe salió al cruce del nuevo recorte de Milei, ya hay antecedentes de reclamos judiciales de diversas provincias por los recursos de sus cajas de jubilaciones que desembocaron en fallos de la Corte Suprema que obligaron al Estado Nacional a desembolsar esas deudas.

En tanto, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora dejó trascender que por ahora estudian la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la Nación o a una Cámara Federal. La provincia tiene un fallo favorable de la Corte y los funcionarios cordobes consideran que el decreto consolida algo ilegal pero que la provincia tiene un marco legal para reclamar. Eso sí, dejaron trascender que por ahora continúan apoyando el proyecto de ley ómnibus.

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Pero el guadañazo de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con las provincias y el Pacto de Mayo aparece cada vez más lejos que la fecha que fijó el Presidente. Especialmente porque los gobernadores “dialoguistas” figuran entre los más afectados.

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