Después de once meses de investigación, el juicio político a los jueces de la Corte Suprema llegó a su fin. O al menos su etapa investigativa. El Frente de Todos cumplió con lo que había prometido a principio de año y presentó, haciendo valer su mayoría en la comisión de Diputados, los dictámenes acusatorios contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Muchos se veían por primera vez desde la derrota electoral e, incluso, hubo algunas ausencias sorpresivas del massismo, pero al filo del vencimiento del período ordinario, el peronismo lanzó una última granada antes de dejar de ser oficialismo. Son cuatro dictámenes – uno por cada cortesano – que refieren a las cuatro causales por las cuales fueron investigados: beneficio a genocidas, aumento de coparticipación porteña, inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura e irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. El número para aprobar la iniciativa en el recinto no está – ni con esta composición, ni con la de a partir de diciembre -, pero el dictamen contará con estado parlamentario por un año más.
Era el último día hábil para dictaminar y el Frente de Todos se despidió de la actual composición de la cámara dejando, detrás suyo, la síntesis de casi un año de investigación disponible para ser utilizada por cualquiera que pueda crear una mayoría calificada a partir de diciembre. Hasta las últimas horas, sin embargo, el FdT no sabía si lograría presentar los dictámenes acusatorios. Fundamentalmente por el rechazo de Sergio Massa, quien ya había pedido prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre para poder patear el dictamen para después del ballotage. Había rumores de que, en el caso de que el tigrense fuera electo presidente, toda la investigación pudiera caerse. Final y paradójicamente, la victoria de Javier Milei llevó a que el kirchnerismo quisiera dar un último zarpazo antes de dejar de ser oficialismo.
Al momento de dejar asentada la firma, sin embargo, el massismo hizo sentir su ausencia. Dos diputados del Frente Renovador presentaron su renuncia: Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. La decisión fue una sorpresa y en las fila oficialistas predominaba el malestar con la actitud del ex candidato presidencial. «Somos muchos los que nos exponemos, había que cerrar esto juntos», murmuraba un diputado oficialista que, como toda la bancada peronista, todavía está reacomodándose tras el golpe de la derrota.
Los diputados de Juntos por el Cambio no perdieron oportunidad para exponer esta división, por lo que el jefe de la bancada oficialsita, Germán Martínez, decidió salir al cruce: «Cuando uno se pone la gorrita de cana hay que sostener en los hechos lo que se dice. 39 integrantes de nuestro bloque participaron a lo largo de estos 10 meses: prácticamente un tercio de nuestro bloque en algún momento pasó por la comisión. Lo que ustedes no entienden y no van a entender nunca es que somos un bloque. Si ustedes no son un bloque es su problema, quizá lo pueden resolver el 10 diciembre. Daría la sensación que no», chicaneó.
Curiosamente, y para evitar que la fractura con el FR fuera tan alevosa, el encargado de reemplazar a Gutiérrez fue un diputado massista: el mercedino Carlos Selva. «Se puso la camiseta del FdT», destacó un diputado peronista.
Los últimos discursos
La última reunión de comisión de Juicio Político arrancó pasadas las 15 en una sala desbordada de diputados, asesores y periodistas. El lado derecho reservado para JxC, habitualmente semi vacío, estaba repleto: ninguno había querido perderse el último espectáculo. Ni los que venían de participar de las 35 reuniones previas – como Juan Manuel López o Álvaro González – ni los que solo se habían dejado ver en la comisión un par de veces, como Mario Negri u Omar de Marchi.
Fue una reunión extensa, que arrancó con una síntesis de los cargos realizado por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y que terminó a las 21 horas después de que la mayoría hubiera podido dejar asentado su (último) testimonio: el FdT defendió, con su mayoría de 16 diputados, la decisión de haber avanzado en enero con el pedido de destitución de los magistrados, mientras que los 15 diputados de JxC y el «Topo» Rodríguez buscaron impugnar el proceso.
«La Corte no puede actuar suponiendo que la Constitución no rige para ella y que pueda disponer como quiera sobre sus competencias. Y en los últimos tiempos los mayores esfuerzos de la Corte parecieron dedicados a inmiscuirse en política partidaria, creando un estado de incertidumbre y fabricando conflictos institucionales donde antes no había», arrancó Leopoldo Moreau, quien se encargó de defender la constitucionalidad del juicio político, así como desgranar la forma que la Corte había incurrido, de manera sistemática, en un «desvío de poder». Apuntó, a su vez, contra la oposición por oficiar de abogados de la Corte durante los últimos meses: «Muchos actuaban espantados frente a la posibilidad de que se corriera el velo sobre el anonimato respecto al funcionamiento de uno poderes de la república», provocó, haciendo referencia a las objeciones durante los interrogatorios a los funcionarios de la Corte.
«Este va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que se haya conocido», se quejó el radical Negri, quien propuso llevar el tema los más rápido al recinto para poder rechazarlo y, así, evitar «presiones» sobre la Corte Suprema. «Algunos tendrán la tentación de negociar con la Corte. Ojalá podamos rechazarlo en el recinto para que nadie se le ocurra tener sometida a la Corte con esta causas», sumó, en la misma línea, el lilito López. Más allá de este punto, el interbloque de JxC, que está al borde de la ruptura, no tuvo muchas más coincidencias. Fue López quien se encargó de detallar, punto por punto, los cuestionamientos a la investigación, haciendo énfasis en criticar que no se hubiera podido incluir prueba contra Lorenzetti – ya que la CC tiene su propio pedido de juicio político contra él -, mientras que el resto buscó hacer más hincapié en el «circo» montado por el oficialismo.
Pablo Tonelli, diputado porteño del PRO, por ejemplo, apuntó a defender el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires: «Este juicio político se inició para justificar el incumplimiento de una decisión de la Corte», se quejó, refiriéndose a la acordada de 2022 que incrementó la coparticipación porteña de 2,3 a 2,95 puntos, beneficiando así a Horacio Rodríguez Larreta.
El FdT, mientras tanto, eligió distintos voceros para resumir cada una de las causales. La primera fue Vanesa Siley, que apuntó los cañones contra las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial, recordando los testimonios de afiliados y de expertos que habían realizado las auditorías – pedidas por la propia Corte – que daban cuentas de los desmanejos. «Decir que esto fue un ‘circo’ es desconocer la realidad. ¿Saben ustedes lo que ha mejorado la obra social desde que empezó el juicio político? Se actualizaron los montos en reintegros por discapacidad, se lanzó un sistema de comunicación más eficaz. Ojalá siga mejorando y nadie se anime a hacer lo que hizo Maqueda con la obra social», afirmó, agotada, la secretaria general de Sitraju
Eduardo Valdés, mientras tanto, se refirió a la forma que el Máximo Tribunal había avanzado «sobre facultades del Poder Legislativo» cuando declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. Y señaló las irregularidades detrás de haber dado solo 120 días para sancionar una nueva ley y, luego, haber reflotado una ley derogada cuando este plazo se venció. Hugo Yasky se refirió al fallo Muiña que apuntó a conmutar las penas de genocidas y, finalmente, Juan Manuel Pedrini desarrolló la causa de coparticipación.
Los dictámenes
Con 16 votos a favor – ni uno más ni uno menos -, el FdT logró avanzar con cuatro dictámenes acusatorios: uno por cada cortesano. El más complicado – más por el peso de la prueba recabada que por la cantidad de causas que lo perjudican – es Juan Carlos Maqueda, principal apuntado por las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. A Maqueda se lo acusa por la ausencia de fiscalización de la obra social entre 2008 y 2021, período durante el cual se detectaron numerosas irregularidades: ausencia de estados contables y financieros, inexistencia (durante 13 años) de un presupuesto, sistemas informáticos vulnerables y obsoletos, licitaciones irregulares, violación a los datos personales de los afiliados, entre otros. Gran parte de estas irregularidades son reconocidas por el mismo Maqueda en un mail que le envía a los cortesanos en agosto de 2021.
La causal de coparticipación, mientras tanto, pesa sobre los cuatro cortesanos. Es, de hecho, la única que afecta directamente a Lorenzetti (que es quien salió mejor parado de todo el juicio político). La causal es por «desvío de poder» y acusa a los magistrados de haber «violado el orden jurídico vigente» al perjudicar el sistema federal de gobierno, así como haberse arrogado facultades legislativas, entre otras denuncias. A Rosatti, puntualmente, se lo acusa por no haberse auto excusado de la causa debido al vínculo de «íntima confianza» entre su vocero Silvio Robles y el ex ministro larretista, Marcelo D’ Alessandro (cuyos chats filtrados fueron el puntapié de todo el proceso).
La causal del 2×1 a los genocidas apunta contra Rosatti y Rosenkrantz – que son los que firmaron el fallo Muiña – por haber «retenido» el fallo Schiffrin – un fallo que refería a la edad jubilatoria de los cortesanos – para poder sumar el voto de Elena Highton, quien estaba por cumplir los 75 años y deseaba permanecer en el cargo.
La causal de Consejo de la Magistratura, por último, apunta contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, acusándolos por la «irrupción del proceso legislativo», la falta de excusación de Rosatti – ya que él, en tanto presidente de la Corte, pasaría a presidir el Consejo de la Magistratura -, el «exceso de jurisdicción», entre otros cuestionamientos.
