Fuertes críticas a la Justicia de Misiones por el fallo, considerado como «arbitrario»
El Tribunal
El fiscal Federico Rodríguez, el mismo que hace 8 años había pedido la condena en el caso considerado por los jueces un «despropósito jurídico», había solicitado ahora una condena de 22 años para Ovando, por considerarla culpable del delito de “corrupción de menores”, agravado por la condición de guarda, cargos que los jueces incorporaron a la sentencia. Rodríguez también había solicitado condenas de 16 y 18 años para Laurindo y Ferreira. “Siendo menores, se les imputa además ser concubino, a uno de ellos, de María”, afirmó Rivas y aclaró que “nunca existió un vínculo amoroso entre ellos”.
La defensa, a cargo de Roxana Rivas, Eduardo Paredes y Jose Luis Fuentes, pedía la absolución. «No nos imaginamos que aceptarían los cargos que pidió el fiscal, porque realmente no hay nada que lo pruebe en el expediente”, advirtió la abogada y remarcó que “el hostigamiento judicial que recibe María no termina acá». Los abogados de Ovando explicaron que «hasta tanto no haya una condena firme el Tribunal estaba impedido de haber ordenado la detención», por lo que este jueves presentarán la solicitud de excarcelación.
«Que el fiscal me explique por qué me odia tanto»
«Al principio María tenía miedo de participar, pero después fue clara y dijo: quiero hablar y que el fiscal me explique por qué me odia tanto», relató Rivas. El equipo de la defensa, con el apoyo del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, había solicitado la recusación del fiscal Rodríguez -el mismo que intervino en el juicio del 2011 solicitando una pena de cinco años para Ovando- por «ejercer hostigamiento y estigmatización» hacia la mujer.
Ovando fue juzgada por primera vez en 2011, acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Carolina, de tres años, mientras intentaba atravesar el monte cargando a la nena para llegar al Hospital para que la atendieran. En noviembre del 2012, el mismo Tribunal que hoy la condenó, dictó su absolución por considerar a la acusación «un despropósito jurídico». Según la defensa, la nueva acusación que enfrenta Ovando es una respuesta ante la demanda que presentó contra el Estado, y contra el fiscal y el juez que habían intervenido en ese caso, por daños y perjuicios.
“Son evidentes las irregularidades de la acusación”, aseguró Rivas y explicó que “los abusos que sufrieron estas niñas fueron en el tiempo que estuvieron con la guardadora, que es la que está ahora con ellas”. Según la hipótesis del fiscal Rodríguez, los abusos habrían ocurrido entre mayo del 2013 y marzo 2015, fechas que coinciden con el período en que las niñas estuvieron bajo la responsabilidad de Ovando.
En septiembre, el juez Atilio León, presidente del Tribunal, había hecho lugar al pedido de nulidad que presentó la defensa de Ovando, ya que consideró que la vaguedad de la acusación no le permitía determinar qué hecho debería juzgar.
«Las niñas no estaban a su cuidado»
Los hechos por los cuales se acusa a los imputados sucedieron, según afirma la defensa, «cuando las niñas ya no estaban al cuidado de María». En marzo del 2015, la jueza Margarita Potschka resolvió quitarle la guarda de las dos niñas, que desde entonces están al cuidado de otra familia, la de Euvarta Godoy, familiar por parte del padre de la hija de Ovando. Curiosamente, en coincidencia con el pedido de restitución realizado por Rivas para que las niñas volvieran con María Ovando, fue que «Euvarta radicó la denuncia por abuso”, advirtió Rivas y aseguro que “fueron claramente inducidas a declarar”.
Frente al Juzgado, en la plaza 9 de Julio de Eldorado, Ovando recibió el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos y personas autoconvocadas, quienes al conocer la sentencia reclamaron por la liberación de Ovando y recordaron a Cristina Vázquez, una mujer condenada en Misiones por un crimen que no cometió. Tras haber pasado once años presa y sin ningún tipo de acompañamiento al quedar en libertad, Vázquez se suicidó en agosto de este año. En Misiones hay otro caso, el de Librada Figueroa, juzgada por la muerte de dos de sus hijos, que fallecieron por desnutrición. En 2004 la Justicia resolvió absolverla, y ella volvió a padecer las mismas condiciones de pobreza en las que vivía junto a sus hijos en el barrio Primavera, de Puerto Iguazú.
A principios de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), aprobó un proyecto para exigir que se incorpore la perspectiva de género en el juicio contra María Ovando, y que «cese la persecución y el hostigamiento contra su persona». Sin embargo, la Justicia volvió a responsabilizar a María, quien volvió a perder su libertad.
