Marcos Antonio Domínguez tiene 18 años y una discapacidad motora. El 20 de junio fue detenido junto con un hermano autista, Raúl Adrián, de 20 años, en medio de la protesta contra la reforma constitucional de Gerardo Morales. Ellos pasaban por el lugar, no participaban. La policía los agarró al voleo, como a decenas de personas. Su madre denunció ante las cámaras de televisión que el menor fue torturado en la cárcel y que por el mayor le exigían un certificado que demostrara su condición. Su cara y su voz fueron de las más replicadas por los medios. Este miércoles a la madrugada una patota policial, que no aceptó identificarse ni mostró orden judicial alguna, irrumpió en la casa de la familia Domínguez y se llevó a Marcos y a su novia Belén. Recién a la noche, se supo que estaban detenidos por supuesto narcotráfico. El en la comisaría 56 de Alto Comedero y ella en el área de narcotráfico. Hay más casos de estas características.
Cerca de la 1.30 parte de la familia (padres, hermanos y sobrinos) miraba televisión en el living. Marcos y su novia, de 18 años, estaban en otra habitación. La patota irrumpió en forma violenta en la vivienda ubicada en el Barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy. Era una decena de efectivos de infantería y algunos de civil. Estaban encapuchados y tenían la cara tapada. Uno llevaba una pechera que decía «narcotráfico».
Los obligaron a desnudarse a todos menos al más chico (de 15 años) y luego a tirarse al piso mientras les apuntaban con armas largas, negras y plateadas. Luego fueron esposados. La pareja estaba en otro dormitorio. Marcos Antonio padre pedía a los gritos que le explicaran la situación. Nadie le decía nada.
Después de un buen rato un policía se acercó al padre y le dijo que los había mandado un fiscal, que era una actuación en flagrancia y que no necesitaban orden de allanamiento. Pero no precisó ni qué juzgado ni qué fiscalía intervenían. Había dos supuestos testigos cuyos nombres tampoco quedaron consignados en ninguna parte.
También llevaron un perro entrenado para detectar drogas. Cuando terminaron de requisar a los Domínguez, un policía tiró una bolsa verde al suelo, al parecer con drogas. El policía se reía y les decía que era pasta base. Así les abrieron a Marcos y Belén un expediente por supuesto narcotráfico.
«Es un proceso de persecución y hostigamiento, en este caso a Domínguez, por las denuncias que hizo sobre los apremios ilegales que sufrió los tres días en estuvo detenido. Persiguen a los que denuncian. Estamos preocupados porque están apareciendo otros casos similares», dijo la abogada y exdiputada Alejandra Cejas, quien presentó el hábeas corpus por los jóvenes que durante horas nadie supo donde estaban.
Pero el procedimiento no se quedó en las detenciones. Los policías entraron a las habitaciones y se llevaron 200.000 pesos que guardaban en la casa fruto de una colecta para pagar la operación de un nieto que es sordo. Pero no fue lo único que se apropiaron. Hicieron lo mismo con dos motos, un auto Megane verde y los celulares de todos los que estaban en la vivienda.
Marcos Antonio y su madre habían denunciado las torturas durante su detención: que fue golpeado, que le metieron la cabeza en un balde con agua y lo tuvieron seis horas de rodillas. A ella se la vio desconsolada en la televisión mientras esperaba afuera del penal de Alto Comedero. También fue informada la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos que fue a Jujuy a raíz del feroz operativo represivo de la semana pasada, que el gobernador Morales utilizó para su campaña. «Claramente el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida y un acto de intimidación» hacia Marcos y toda su familia, dice el texto del hábeas corpus.
En los últimos días fueron muchas las personas que empezaron a recibir notificaciones en sus casas imputándolas por la protesta de la semana pasada contra la reforma. Hasta recibió una Sebastián Copello que fue convencional constituyente por el Frente de Izquierda, pero se refería a hechos de febrero.
El Instituto Nacional del Teatro denunció agresiones también en la madrugada del miércoles a la actriz, docente y bailarina Camila Müller. Son prácticas propias de la gestión de Morales, y que ahora parecen poner muy a la vista los mecanismos contra la protesta que la constitución reformada lleva en su esencia con un concepto bastante peculiar de «paz social» y la afirmación de la criminalización de la protesta como gran objetivo.
