Aunque su apelación esté en trámite, el Ministerio de Capital Humano deberá diseñar un plan para distribuir los 5 millones de kilos de alimentos guardados en dos galpones, como le ordenó el juez Sebastián Casanello a través de una medida cautelar en la que le puso un plazo de 72 horas para eso, y que ya entró en la cuenta regresiva. La cartera de Sandra Pettovello había planteado que la decisión sobre el criterio  de entrega de la mercadería a los comedores comunitarios responde a una política pública y por eso es un asunto «no judiciable». El magistrado ya había dicho que es una cuestión penal donde está en riesgo el derecho a una alimentación adecuada. Una asociación mendocina pidió sumarse como querellante: este mes los llamaron desde el área de «Abordaje Comunitario» para avisarles sin explicación que no recibirían más asistencia para dar de comer a personas en situación de vulnerabilidad.

Apelación y efectos

Apenas se conoció la resolución de Casanello, el Gobierno anunció que iba a apelar para que intervenga la Cámara Federal. Lo hizo primero el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que el alimento estaba guardado para «emergencias y catástrofes», aunque la semana pasada había reconocido que estaba retenido en forma deliberada por las auditorías de Pettovello. Capital Humano en un comunicado dijo que estaba guardado porque antes lo utilizaban «las organizaciones» «para los comedores fantasma». En la apelación no hay alusiones a las situaciones de emergencia pero sí se intenta mezclar este expediente contra la ministra y su administración con otro que inició ella este mes como contraataque por supuestos comedores inexistentes, algo que aún no probó.

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«No hay conexidad declarada» entre los dos expedientes, advirtió Casanello al conceder la apelación, «ni impacto de la medida» que le ordena a Capital Humano establecer el plan de reparto de lo que está acopiado en los galpones de Tucumán y Villa Martelli. La apelación acusaba a los denunciantes de «buscar un retroceso» en la causa que intenta acusar a las organizaciones de quedarse con fondos o comida.

El juez también aclaró que cuando indicó que ese esquema se ejecute en forma inmediata no se refería a que la distribución debía ser instantánea sino que se desarrollaría de acuerdo al plan diseñado. Sostuvo que no estaba entrando en terreno político ya que indicó que el propio ministerio «en el marco de sus competencias» y «obligaciones» decida cómo quiere distribuir pero que lo haga. Lo que le pidió es que indique el tipo de alimento, la fecha de vencimiento, y el grupo de destino. Además solicitó que le informe «el detalle del stock actual», «las fechas de adquisición y expiración de la mercadería». El plazo vence el 30 de mayo.

Capital Humano, a través de la abogada Leila Gianni, insiste en que el tema no es competencia penal –apuntan a apartar al juez– sino del fuero contencioso administrativo, donde tramita un amparo colectivo pero que avanza con lentitud. Algo que es el ministerio el que «decide las políticas de alimentos y cómo deben ser distribuidos» y que algo más de la mitad de lo que hay en los galpones son paquetes de yerba, que por cierto es de alto consumo en los barrios populares.

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La decisión de no alimentar

La causa contra Pettovello se inició con una denuncia del dirigente Juan Grabois (Argentina Humana) en febrero último debido a que Capital Humano había cortado en forma total el suministro de alimentos para los comedores que atienden las organizaciones sociales. En ese entonces explicó que estaban registrados más de 40.000 comedores. Se estima que más de 2 millones de personas en la actualidad requieren asistencia alimentaria. La respuesta que siempre dio el gobierno es que estaban auditando y sospechaban de la existencia de irregularidades. Luego fueron agregando variaciones argumentales. Hasta ahora no han dado cuenta de una supuesta defraudación.

En el dictamen que propició el reparto de los 5 millones de kilos de alimentos guardados, la fiscala Paloma Ochoa, hizo notar que el ministerio de Pettovello no respondió si desde que se inició la gestión de Javier Milei distribuyeron alimento, cuánto, con qué programas y que pasa con los fondos de esos programas, como el del PNUD, de Naciones Unidas. Hasta ahora, como querella en este expediente fue admitida la Asociación Civil El Amanecer de los cartoneros, que atiende 320 comedores, lo que implica 32.400 personas.

Este martes se presentó con un pedido para querellar la Asociación Coordinadora de Entidades Intermedias (ACEI), de Mendoza, que informó que atiende a 480 personas que necesitan asistencia alimentaria desde hace más de 10 años a través de comedores o «módulos de mercaderías». En su presentación explican que jamás se les cortó el financiamiento estatal, hasta ahora. «El 7 de mayo de 2024 se comunicaron con nosotros desde la Oficina de Coordinación del área de Abordaje Comunitario dependiente del Ministerio de Capital Humano, para informarnos que a partir del 10 de mayo quedaban suspendidos los desembolsos para la compra de mercadería», dice el texto entregado al juzgado de Casanello, que agrega que no les explicaron «las razones de la suspensión» y solo les dijeron que fue «una decisión del Ministerio». «Esto no hace más que agravar las extrema situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias del programa (PNUD)», advierten.

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Ayer martes hubo una protesta frente al lugar donde se guardan los alimentos en Villa Martelli para reclamar que el Gobierno cumpla con la medida cautelar. Allí estuvo Grabois, donde explicó: “Es mentira que los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas”. «En las órdenes de compra, dice taxativamente que están comprados para ser entregados en comedores y merenderos”, informó “Es decir, se están robando la comida de los comedores y merenderos”, denunció. “Ellos quieren provocar una situación de caos porque no quieren cumplir el fallo y el fallo es clarísimo: tienen que repartir la comida tenían 72 horas. Ahora les quedan 48 (…) Este no es un derecho de las organizaciones sociales, es un derecho de la gente.

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