El juez Ernesto Kreplak procesó por espionaje prohibido a los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno de María Eugenia Vidal que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia durante la cual se coordinó la persecución judicial al gremialista de la Uocra-La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina. El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en Casa Rosada en la que estuvo el ex Presidente Mauricio Macri. Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de lo que comenzó a llamarse desde la revelación de diciembre, la GestaPro.
“Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada –dijo– podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”.
Los procesamientos alcanzaron al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aquel se confesó añoroso de la Gestapo. También al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al intendente Julio Garro y al senador Juan Pablo Allan enlace con el Consejo de la Magistratura de La Plata. Entre los integrantes de la AFI procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci. Dejó afuera del procesamiento a los empresarios y miembros de las cámaras de profesionales y al exministro de Infraestructura Roberto Gigante.
Para Kreplak, la estrategia de judicialización que buscó detener al gremialista no estuvo acotada a la reunión ni partió de ahí: la reunión fue sólo una parte en esa línea de tiempo. De esa manera señaló que “implicó el desarrollo de tareas de investigación criminal sobre Medina y su entorno por parte de miembros de la AFI, que abarcaron vigilancias encubiertas, tomas de fotografías, análisis de vínculos y compulsa de bases de datos que no son de acceso abierto, para la consecuente elaboración de informes, todo ello sin que existiera requerimiento judicial alguno”. Como parte de la maniobra, “se produjo la reunión del 15 de junio de 2017, en la que los integrantes de la AFI, con miembros del gobierno provincial y municipal, procuraron obtener pruebas en pos del objetivo que se había trazado, lo que claramente también excede los límites que impone la ley de inteligencia, e implica la configuración objetiva del tipo penal mencionado”, es decir tareas de investigacion criminal ilegales.
La descripción de los hechos que reconstruyó comienza en la Rosada, sigue en reuniones de trabajo que surgieron de agendas de los exfuncionarios, incluyó el análisis de las visitas a la AFI, las llamadas de teléfono entre ellos y los anónimos que dispararon las causas penales hasta la detención. Kreplak volcó en el escrito de casi 250 páginas el análisis de cada prueba. Un modo de subrayar que la acusación no tiene que ver con la reunión filmada, cuyo video y su legalidad aún es discutido por las defensas.
La Rosada
La reunión en la Rosada es una escena que incluye de manera nítida la figura de Mauricio Macri detrás del armado. Sobre la reunión, el juez dijo lo siguiente: “Las pruebas permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata”. El primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí –agregó– “consiste en una reunión llevada a cabo el día 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida”. Entre las pruebas de esa reunión tomó una publicación del periodista Hugo Alconada Moon, su testimonial, también la agenda del ministro Villegas y el libro de ingresos a la Casa Rosada. La lista también sumó la explosiva indagatoria del exministro.
Con lujo de detalles, Villegas había dicho: “Así fue como, el día indicado, me presenté en la Casa Rosada. Llegué, entré por la explanada y me acompañaron hasta la privada del Presidente. Esperé unos minutos, dejé el teléfono fuera del despacho y me hicieron pasar. Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: ‘Pata’ Medina y la Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado”. Los participantes, había dicho, estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar del despacho del Presidente. “Y eran el propio Presidente ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas”.
Kreplak ahora dijo que “si bien es cierto que el valor de declaración de un coimputado es relativo” en “este caso no se contradice sino que tiende a confirmarse por el resto de las probanzas”. Y dijo al analizar esa declaración que “resulta claro que esa reunión tuvo por objeto poner en funcionamiento una estrategia dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a la Uocra”. Un dato elocuente, sostuvo, fue la presencia del titular del AFI. “Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de la seccional La Plata y sus allegados, apenas días después”.
El Bapro
Kreplak probó que la reunión de junio se hizo en la sede porteña del Bapro de calle San Martín N° 137 , es decir, ese fue “el evento que se observa en la filmación”. También probó quiénes participaron; que el lugar no tenía cámaras y que las cámaras fueron colocadas un día antes. Entre otros elementos, valoró los mensajes de teléfonos de los empleados, Guillermo Squillari y el secuestrado a Patricia Bencivengo, peritados. Y colocó imágenes con una sucesión de diálogos ocurridos entre el 13 y el 15 de junio. Aparece la confusión entre los empleados porque “ahora me dicen que son dos reuniones”. Y un mensaje del 15 de junio que dice: “Llegaron las 4 personas que vinieron ayer”.
Primero:
De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador. Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro “quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento”. Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la “intervención de los distintos estamentos gubernamentales” con la estrategia de judicialización.
La coordinación
«Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial», señaló. Y remarcó: «Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores».
