Los impactos económicos, sociales y medioambientales de la iniciativa del oficialismo

Es una oportunidad de negocios y desarrollo del sector de I+D vinculado a los materiales verdes y el reciclado. Fomenta un proceso de reconversión industrial y de consumo en el sector plásticos, generando una fuerte innovación en el área de nuevos materiales y el de packaging y envases.

En Argentina se producen más de 50 mil toneladas de residuos por día, de las cuales se recuperan menos de 10 por ciento y más de 20 por ciento son envases posconsumo. Con más de 5000 basureros a cielo abierto y rellenos sanitarios ilegales, los residuos sólidos urbanos es uno de los mayores problemas socioambientales del país.

Más de 150.000 cartoneros y cartoneras evitan que este sistema anticuado e ineficiente colapse, y además lo hacen trabajando en situación de máxima vulnerabilidad social. En ese contexto, el oficialismo impulsa una ley de envases, que propone gravar hasta el 3 por ciento del precio mayorista del bien final para generar un fondo que apoye las políticas de reciclado.

La medida generó las quejas del sector empresarial, que advirtió sobre el efecto en la tasa de inflación y de sostenibilidad de la producción y el empleo. Al respecto, vale decir que si bien el impuesto puede incrementar levemente los costos y generar algún traslado a precio final, su impacto inflacionario es mínimo.

En ese sentido, es sorprendente que las mismas cámaras y medios que propician el ajuste tarifario y cambiario se espanten ante el impacto inflacionario de un impuesto mínimo. Por otro lado, en el mediano plazo el efecto de la medida es que las empresas cambien su matriz de envases hacia los reciclables, por lo que parte del efecto costos debería diluirse.

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Mientras, los fondos para el reciclado prometen generar mucho más empleo que cualquier hipotética pérdida de puestos de trabajo que pudiera traer el nuevo impuesto en el sector productivo. Adicionalmente, son una fuente de recursos para mejorar las condiciones de trabajo e ingresos de los cartoneros, siendo así una herramienta para la reducción de desigualdades sociolaborales.

Más allá de sus impactos de corto plazo, la ley de envase es una oportunidad de negocios y desarrollo del sector de I+D vinculado a los materiales verdes y el reciclado. Estas leyes ya son un hecho en la UE, Japón y otros países, provocando un proceso de reconversión industrial y de consumo en el sector plásticos, generando una fuerte innovación en el área de nuevos materiales y el de packaging y envases.

Tarde o temprano estos cambios serán incorporados a sus normativas comerciales, de ahí que, una transformación a tiempo de la matriz de usos de materiales plásticos hacia el reciclable, si bien puede generar algún costo adicional en el corto plazo, es una ventaja para sostener mercados externos en el mediano término.

Al respecto, tal como señalamos en el informe Impuestos al plástico para el financiamiento ambiental, “la implementación de una tasa ambiental a los envases de plástico y los plásticos de un solo uso tiene como principal objetivo desincentivar el uso de plástico en sus múltiples dimensiones, maximizar el reciclaje del plástico existente, minimizando el enterramiento de estos materiales, al mismo tiempo que se de incentivo a una nueva industria verde que incorpore el entramado de ciencia y tecnología argentina junto a la economía social cooperativa”.

 

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