No darlas de baja, puesto que, creadas por una reciente ley, tal misión sería de imposible cumplimiento desde el Ejecutivo. Pero sí frenar su comienzo, dilatarlo con auditorías y controles extra, dejarlas en un limbo sin financiación, como tantas áreas en un Estado que ha sido puesto fuera de servicio. El Gobierno tiene un plan respecto de las cinco universidades nacionales que formalmente se crearon en septiembre del año pasado: la de las Madres de Plaza de Mayo, que fundó Hebe de Bonafini, la de Río Tercero, en Córdoba, y las del Delta, Ezeiza y Pilar. A lo que apunta es a borrarlas del mapa en los hechos.
Desde diversas fuentes oficiales se encargaron de dejar trascender ante la consulta de Página/12, con un fondo de orgullo, que «fue un pedido expreso del Presidente a la ministra». Habría, aseguran, una idea de «recuperar el presupuesto girado sin control alguno por el gobierno anterior». Y también, en palabras de la diputada Marcela Pagano, que salió a defender el proyecto a falta de explicaciones de la ministra, aunque sin explicar los fundamentos de una acusación de este tipo, «impedir la utilización de esos fondos para financiar a políticos».
La mayoría de estas casas de estudio ni siquiera recibieron aún el presupuesto que contempla su puesta en marcha. Por otro lado, el presupuesto universitario general fijado por la administración nacional se decidió mantener igual este año que en 2023 y, según ya denunciaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), es a todas luces insuficiente: de no mediar una actualización, se calcula que alcanzará hasta abril o mayo, a lo sumo.
El reino de la revisión
La resolución 45/2024 firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene “el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para la creación y funcionamiento objetivo” de estas universidades. Desde el Gobierno aseguran que la Secretaría de Educación ya comenzó con “el proceso de revisión de la puesta en marcha e inicio de las actividades académicas”, y dan por descontado que la medida implica «suspender los nombramientos de cinco rectores normalizadores nombrados con anterioridad».
Se habla, por ejemplo, de “determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido», o de “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas». El camino a la paralización será un largo proceso de revisión.
El texto no se ajusta, de todos modos, a la realidad de estas universidades con situaciones y estructuras muy discímiles: sin ir más lejos no todas se crean de cero, la de las Madres era antes un instituto, y depende de Justicia. La de Ezeiza era una universidad provincial a la que el Congreso le dio el rango de nacional con la ley de fines de septiembre. Más allá de los pasos que ya se están dando para conveniar el traspaso, es una universidad que ya cuenta con más de 9.000 estudiantes en sus 16 carreras de grado y pregrado. Ubicada en el barrio Uno, a pocos metros del aeropuerto, se enfoca en carreras como Comercio Internacional, Gestión Aeroportuaria, Logística o Turismo.
Ese fuerte anclaje territorial guía también un proyecto como el de la Universidad del Delta, que abarca los municipios de San Fernando, Tigre y Escobar, y se enfoca en áreas estratégicas como la eco sustentabilidad, el turismo, el medioambiente, la industria naval, la seguridad informática, la biotecnología. Con distintas sedes pensadas para dar una oportunidad de estudios a la población de las islas, en este caso está organizada en cinco institutos. Se trata de un proyecto que venía impulsando desde hace años en Tigre Sergio Massa y, al frente de la cartera de Educación municipal, Malnea Galmarini.
El curro de las universidades
Río Tercero es otra localidad que venía trabajando por su universidad desde hace años. La marca trágica de esta ciudad tras las explosiones del 95 hace que se presente a este logro como «una reparación», con toda la oportunidad de desarrollo que significa. La diputada por Códoba y una de las impulsoras del proyecto de creación de la universidad, Gabriela Estévez, (Unión por la Patria) calificó la decisión como «un nuevo ataque a Córdoba» y pidió luchar contra ella «por la memoria de las víctimas del atentado y por el presente y el futuro de todos los riotercerenses”. El intendente radical de Río Tercero, Marcos Ferrer, solicitó audiencia a la ministra para pedir explicaciones. Aún no obtuvo una respuesta.
Curiosamente, ninguna de estas universidades recibió cuestionamientos sobre su forma de financiamiento actual ni futuro. No les fue informado que se detectara problema alguno, y tampoco que se tomaría una decisión como ésta; todos se enteraron de la resolución por los medios. En Río Tercero, por ejemplo, aseguran que el rector normalizador, Pablo Yannibelli, trabaja actualmente ad honorem. “El claro que una resolución no puede voltear una ley. Lo que se busca es poner en pausa, y nadie sabe por cuánto tiempo, una decisión del Congreso Nacional”, analizan desde las casas de estudios.
Mientras dirigentes del radicalismo y del peronismo criticaron la decisión y anticiparon que harán «todo lo que haya que hacer para defender la educación pública», desde La Libertad Avanza celebraron la noticia. «Se terminó el curro de las universidades como caja para hacer política», sintetizó el pensamiento libertario la diputada Pagano, que estudió en la Universidad Argentina de la Empresa.
