Presentaciones de la Defensoría del Pueblo porteña y el sindicato de judiciales
En esta denuncia, Amor consideró la conducta de los jueces como “inadmisible, propia de ignaros en la materia que de forma increíble denomina peyorativamente (¿?) “moderno” a una norma (art. 86 del C. Penal que está por cumplir un siglo)” y se refieren a ciertos “poderosos de la tierra” que no identifican. Del mismo modo, señaló, “aluden a la “ideología de género”, descalificando la perspectiva de género, imprescindible para administrar justicia en los casos como el que nos ocupa”. En el mismo sentido, el escrito presentado por el Sitraju encontró que “el apartamiento plenamente consciente de interpretaciones respetuosas de los derechos humanos y de la perspectiva de género –a la que despectivamente llaman “ideología de género”– que reclama nuestra normativa, constituye el aprovechamiento de estos magistrados de su lugar de poder y autoridad”, con una intención “aleccionadora y revictimizante”. “Buscan, mediante una sentencia, imponer una opinión ideológica personal, apartándose de su deber de fallar conforme a derecho. En un estado de derecho, estos comportamientos resultan inaceptables y constituyen causal de remoción por mal desempeño”, finalizaron las autoras.
El 6 de octubre se reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8, denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.
La misma semana, la asociación civil Mujeres x Mujeres presentó un pedido de juicio juicio político por «ignorancia inexcusable de derecho». Y el 20 de noviembre este mismo pedido fue presentado por el fiscal César Troncoso. Este último se dio en la causa iniciada a partir de que los jueces del Tribunal Oral Nº 8 efectivizaron la extracción de testimonios e iniciaron un nuevo caso para que se investigue lo actuado por los funcionarios que garantizaron la ILE a la niña, pese a que el pedido había sido recurrido por el Ministerio Público Fiscal y que la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el punto.
La presentación de Mujeres x Mujeres sumó más de 250 adhesiones, entre ellas las de organismos de peso como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, referentes feministas y del poder judicial, diputadas y especialistas como Nelly Minyersky, Elena Liberatori, Genoveva Cardinali, Mónica Macha, Mariana Romero y Mario Pecheny, entre otres.
Habrá que ver qué decisión toman en el Consejo de la Magistratura. El pedido de juicio pasó el primer análisis de admisibilidad y ya se sorteó el consejero instructor, que es Marisa Sánchez Herrero. El expediente tiene 500 páginas y la consejera lo está evaluando. Seguramente, el próximo paso será pedir el Artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación –siempre lo hace–, que establece que se notifique la denuncia a los magistrados denunciados, para que puedan ejercer su defensa en el plazo de veinte días.