La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) elaboró un informe que advierte sobre irregularidades en la ejecución de los programas del Gobierno porteño en materia de saneamiento y soluciones habitacionales en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR). La auditoría se realizó sobre el presupuesto destinado al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) durante el año 2020, en el que los y las auditoras encontraron subejecuciones y deficiencias en el control de la contaminación ambiental y el acceso a la salud de las familias que viven en la zona. Además, advirtieron sobre la falta de soluciones de vivienda en los barrios El Pueblito, Magaldi y Luján tras el fallo de la Corte Suprema por la causa Mendoza.
El informe de la Auditoría se divide en dos partes, una por cada semestre de 2020, año en el que, remarcan los y las auditoras, «el GCBA realizó readecuaciones presupuestarias para afrontar el manejo de la situación sanitaria ya que se declaró la pandemia del Covid – 19″. En ese marco, la Auditoría efectuó una serie de «observaciones» sobre movimientos dentro del PISA que no aparecen justificados pese al contexto de pandemia, como la inclusión en el presupuesto de acciones con «denominación Acumar que no corresponden al PISA» por más de 3,7 mil millones de pesos.
El informe detalla que ese monto está compuesto por diversas partidas. Una denominada «Oficina de Género» del Tribunal Superior de Justicia, que incluye casi 8 millones de pesos, otra llamada “Salud Comunitaria – Acumar” del Ministerio de Salud por poco más de 750 millones de pesos. «Este programa contiene un conjunto de acciones de salud más amplias que las vinculadas a atender las necesidades de la comunidad afectada por la problemática de la CMR», advierten los y las auditoras. La partida más grande corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat por casi 3 mil millones de pesos, en concepto de «subsidios que no deben incluirse en el PISA».
Para el auditor por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, se trata de «gravísimas irregularidades» en la ejecución del presupuesto: «La Legislatura porteña decidió destinar más de 5,8 mil millones al saneamiento de la Cuenca, pero un 64,46 por ciento de los fondos fueron desviados a otros gastos, es decir que de poco menos de 6 mil millones la Ciudad desvió 3,7 mil millones», alertó Teszkiewicz sobre los resultados de la auditoría. El informe del primer semestre de 2020 detalla que, en ese período, el «porcentaje de ejecución en relación con el Crédito Vigente fue de 34 por ciento, habiendo descendido la ejecución con relación al primer semestre de 2019«.
En total, los y las auditoras presentaron 29 «observaciones» sobre el PISA de 2020. Muchas de ellas exceden la cuestión presupuestaria y se enfocan en un análisis detallado de sectores concretos, como las áreas de salud que deberían trabajar específicamente con las problemáticas derivadas de la contaminación ambiental. Estas «Actividades de Salud Ambiental» sólo se encontraban operando para ese año en el 13,33 por ciento de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) ubicados dentro de los límites de la CMR.
En cuanto al análisis de la calidad del aire de la zona, el informe advierte que a 15 años del fallo de la causa Mendoza no se determinaron «las metas físicas de calidad a cumplir en el corto, mediano y largo plazo para los componentes aire, sedimento y suelo». La Agencia de Protección Ambiental (APRA), agregan los y las auditoras, «no realiza tareas de investigación y desarrollo para determinar valores admisibles de parámetros que define como ‘no regulados’ por normativa o bibliografía nacional e internacional». «La determinación de dichos valores es fundamental para que la Autoridad de Aplicación conozca y considere el grado de contaminación del elemento objeto de control, en este caso el agua«, añaden.
Sobre el análisis de la calidad de los suelos, en tanto, el informe de la Auditoría subraya que la APRA «no realiza tareas o procedimientos para el monitoreo de la calidad de sedimentos y suelos» ni las «acciones conducentes a conocer el grado de contaminación de los suelos, por lo que no se conoce el grado de contaminación donde se emplaza la obra ‘Camino de Sirga Etapa III‘”. Teszkiewicz resaltó en este sentido que se trata de suelos que se encuentran «dentro de los límites de un territorio declarado judicialmente como contaminado y no podemos saber la contaminación donde se realiza una obra pública. Es decir que Rodríguez Larreta no sólo no cumple con el saneamiento, sino que hace obras sobre suelo contaminado y sin control«.
La Auditoría también puso el foco en los programas de soluciones habitacionales del GCBA tras el fallo de la causa Mendoza y encontró «falta de resolución de la problemática habitacional de los barrios El Pueblito, Magaldi y Luján«. «De acuerdo a lo informado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad , las últimas soluciones habitacionales fueron entregadas hace 10 años, en 2012, y dichas soluciones representan el 64 por ciento de las familias comprendidas en el Convenio Marco», agrega al informe. Por todo esto, los y las auditoras concluyen que «no se alcanza el objetivo dispuesto por la Corte Suprema» en lo relativo a la «recomposición del ambiente en todos sus componentes: agua, aire y suelo».
