Una empresa que ofrece planes de ahorro fue denunciada por descontar a beneficiarios de tarjetas alimentarias mil ochocientos pesos mensuales, luego de hacerles firmar, con la expectativa de ganar un sorteo, su consentimiento para adherirse a un sistema de capitalización de ahorros. Sucedió en la localidad de Pichanal, Salta, donde la situación fue alertada desde el Movimiento Evita. Los beneficiarios tenían un plan social de 2300 por mes, pero se encontraban con que prácticamente todos sus ingresos les eran descontados por un sistema de débito automático.
“Muchos vecinos se acercaron a plantearnos que no estaban cobrando la tarjeta, o estaban cobrando menos y no sabían por qué”, contó Jocha Castro Videla, militante del Movimiento Evita que trabaja en el Plan Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre cómo detectaron lo sucedido. Al hablar con el banco emisor de la tarjeta, encontraron que la empresa que estaba haciendo los descuentos era Alcance S.A.
“La empresa está radicada en Córdoba, pero tiene vendedores en todo el país que estuvieron yendo a asentamientos y barrios vulnerables. Es un cuento del tío: dicen a la gente que con poca plata van a tener beneficios muy grandes, les piden nada más que el nombre y el DNI y los hacen firmar. Así obtienen todos los datos bancarios y los de Anses”.
Según Castro Videla, los beneficiarios “ni siquiera estaban comprando algo, una moto o una casa, sino que al ser un sistema de capitalización de ahorros lo único que estaban haciendo era dar el dinero a la empresa, que lo administraba y cobraba una parte de la cuota por sus servicios. Los planes son de hasta 330 cuotas, es decir que implican cuotas durante 28 años”.
El mecanismo está dentro de lo que una financiera puede hacer bajo el amparo de la ley. En teoría, pasados los 28 años la empresa devolverá a los ahorristas el dinero invertido con sus eventuales beneficios. Mientras tanto, mantiene las expectativas de un premio con sorteos mensuales de órdenes de compra.
El denunciante señaló que en la mayoría de los casos, las personas casi no sabían leer o escribir y se llevaron una gran sorpresa cuando comenzaron a descontarles casi todo el dinero del beneficio del programa social.
Hasta ahora, en la localidad dieron de baja a 80 familias y creen que las adheridas son muchas más. El sistema puede darse de baja. Pero hay que saber hacerlo, tener correo electrónico y acceso a internet.
El tema fue denunciado al Anses y al ministro de Justicia de la provincia, aunque en la práctica, con el marco legal vigente lo único que pudieron hacer los afectados fue tramitar la baja. Periódicamente, además, en la localidad hacen campañas de difusión para prevenir que más beneficiarios sean engañados.
