Después del favorcito judicial que dejó en suspenso la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la fundación sin fines de lucro que Patricia Bullrich utilizaba irregularmente para financiarse, la Inspección General de Justicia (IGJ) se presentó ante la Cámara Civil y respondió las objeciones que había formulado el IEES para ganar tiempo. Ahora, el tribunal ya está en condiciones de expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, si la intervención dispuesta por la cartera se ajusta o no a derecho. «Resulta sospechoso que frente al cúmulo de pruebas con los que la IGJ solicitó hace más de 40 días la intervención de la asociación civil trucha que montó Bullrich para recaudar fondos de dudosa procedencia para su campaña presidencial, los jueces sigan dilatando su resolución para garantizar la grosera violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos», advirtió el ministro de Justicia, Martín Soria.
La IGJ detectó múltiples irregularidades en el IEES y determinó que correspondía intervenirlo. La denuncia original señalaba que el Instituto había recibido en el 2022 90 millones de pesos por «seminarios» o «almuerzos»organizados por Bullrich en distintas provincias -donde la información periodística daba cuenta de que había ido a hacer campaña-. Desde comienzos de 2023 y hasta fines de julio, había facturado más que el año pasado: 100.539.615 pesos. El organismo encabezado por Ricardo Nissen advirtió que esas actividades no tenían relación con el supuesto objeto social del Instituto. El IEES recibió también dinero en concepto de donaciones, provenientes de grandes compañías -entre ellas, casinos y empresas de servicios públicos, que no pueden aportar para campañas, por lo que la IGJ hizo una denuncia penal por posible defraudación y violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos-. Entre otras irregularidades se detectó el uso de dinero para pagar viajes, alojamiento y otros gastos generados por las actividades de Bullrich. También para abonar honorarios a los directivos de la entidad por supuestas consultorías, algo vedado: cobró Bullrich, también cobró el diputado Gerardo Milman.
Ante la solicitud de la IGJ, el ministro Soria resolvió separar a las autoridades del IEES por 180 días y designar una interventora. Pero la medida nunca se pudo materializar: a la interventora Norma Cristóbal no se le permitió ingresar a las oficinas de la entidad y no logró asumir el cargo. La disputa se trasladó al terreno judicial y, allí, Bullrich consiguió lo que quería: a través de la abogada Silvina Martínez, el IEES pidió el rechazo de la medida y los jueces María Isabel Benavente, Carlos Calvo Costa y Guillermo González Zurro de la Sala M de la Cámara Civil pusieron a la intervención en suspenso hasta que resuelvan la cuestión de fondo.
La apelación del IEES contra la intervención se basó en los siguientes argumentos:
* La IGJ no confirió vista de las actuaciones y que todo el expediente se manejó en secreto.
* El Instituto no realizó operaciones ajenas a su objeto social.
* El expediente se inició “de oficio», sin denuncia previa.
* La intervención es una decisión política, ya que desde 2014 el Ministerio de Justicia no intervenía una entidad civil.
Ante esos planteos, la IGJ se presentó ante la Cámara Civil y respondió:
* El IEES tomó vistas y su apoderada firmó de conformidad ante las actuaciones.
* Se digitalizaron la totalidad de las actuaciones, con sus anexos, y que se formó el expediente bajo el sistema de Gestión de Documentación Electrónica, «cuya transparencia, publicidad e inviolabilidad no pueden ser puestas en tela de juicio».
* La IGJ concluyó, tras analizar la documentación del IEES y la información pública que «bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se estructuró un sistema de ingresos y egresos destinados a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político en contraposición con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica involucrada».
* No es cierto que no se hayan dictado medidas de intervención desde hace nueve años. La IGJ puso como ejemplos casos de los dos últimos años: la Fundación Florencio Molina Campos, la Asociación Civil Instituto Promotor de los Argentinos, la Asociación Israelita Beit Jabad Belgrano y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).
* No hubo ninguna utilización política de herramientas del Estado para realizar persecuciones de ningún tipo. La resolución ministerial y la actuación de la IGJ «se encuentran largamente justificadas en los extremos fácticos y jurídicos».
Después de la presentación de la IGJ ante la Cámara Civil, en el Ministerio de Justicia entienden que los jueces deben resolver la cuestión de fondo. Soria exigió una pronta definición y reclamó que no haya más dilaciones. «No creo que solo estemos ante una muestra más de la total falta de independencia de sectores de la Justicia con la camiseta amarilla puesta», desafió. Y recordó la relación del IEES con el atentado a CFK: «La factura pagada desde esa misma asociación que armó Bullrich al técnico que borró los celulares de Milman y sus secretarias para esconder las huellas de quienes orquestaron el intento de asesinato contra la vicepresidenta aún abren la puerta a varios interrogantes».
