En la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, uno de los periodistas le preguntó este jueves por la interrupción de la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos y con otras enfermedades graves que carecen de cobertura médica, a cuento del caso de un joven de 22 años que falleció en la espera. Con fastidio, Adorni le respondió «que no se había dejado a nadie sin medicamentos» y que «ya lo había contado». «No lo voy a repetir porque ya lo dije», descalificó la consulta. Pese al tono altanero, la respuesta no es cierta y por eso, además de un amparo colectivo presentado la semana pasada y otros individuales, hay por lo menos dos denuncias penales en Comodoro Py contra Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el de Salud, Mario Russo. 

En Comodoro Py

Uno de los denunciantes, el abogado Daniel Trava, se presentará el martes 30 en la fiscalía de Carlos Rívolo a ratificar el escrito donde pide que se impute al Presidente, a la ministra y al ministro por abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Es porque desde diciembre, con la llegada del nuevo gobierno, la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DASDE), que se ocupa de la provisión de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad que requieren tratamientos costosos para enfermedades graves o raras, interrumpió las entregas y por lo menos siete personas fallecieron mientras aguardaban poder continuar con sus tratamientos. El juzgado que interviene es el de Daniel Rafecas. 

Trava señaló en su denuncia que esto se llama «mistanasia»: «El abandono indigno de las personas a las cuales el Estado debe proteger durante su vida entera y no solo en las fases avanzadas y terminales de sus enfermedades». Se refiere a quienes no pueden afrontar costosos tratamientos y dependen de la ayuda estatal. Entre las medidas de prueba que pide, una es conocer que se hizo con el presupuesto de casi 38.000 millones de pesos de la DASDE. Este organismo pertenecía a Capital Humano: con el argumento de que querían investigar como se hacían las compras de medicamentos, suspendieron el suministro, no reemplazaron el sistema por otro, y Pettovello denunció a la gestión anterior. La DASDE pasó a la órbita de Salud.

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Hubo una denuncia penal anterior, hecha por Martín Alejandro Sangougnet, un paciente que carece de cobertura de salud y reclama la medicación costosa para una úlcera crónica que requiere un tratamiento específico. También pidió una cautelar. En los tribunales federales pidió que se investigue a Russo pero su abogado Adrián Arena volverá al juzgado de Sebastián Ramos, el que le tocó, a reclamar porque aún no fue citado para ratificar, porque pide ser querellante y quiere ampliar la presentación. No sería extraño, de todos modos, que se junten las denuncias similares. Arena contó que fue apoderado y participó en el armado de La Libertad Avanza cuando Milei era candidato a diputado. Como es ostensible, ya no está en la misma vereda –dice– en desacuerdo  con la gestión. Por los medicamentos también tiene pensado recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El amparo colectivo

El periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, quien había planteado este tema en la conferencia de prensa del jueves, también le preguntó a Adorni si tenía algún mensaje «para la familia del pibe que falleció». «No tengo ningún mensaje para la familia», fue la respuesta. En un momento en que el cronista pidió hacer una repregunta sobre otro tema el vocero del gobierno que pregona la libertad dijo: «No le des el micrófono, me tiene harto agarrando el micrófono».

La afirmación de Adorni de que no se había dejado a nadie sin medicamentos no tiene nada que ver con la realidad. Los únicos medicamentos que se fueron entregando en el último tiempo responden a órdenes dictadas por jueces/zas al otorgar medidas cautelares pedidas por pacientes en forma individual. Es más, hubo expedientes donde le Gobierno apeló, lo que muestra su negativa a cumplir. Uno de esos casos fue el de Patricio Romanos: la medicación apareció dos semanas después de su muerte. 

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El amparo colectivo que presentaron seis organizaciones de pacientes y familiares la semana pasada daba cuenta de al menos 2000 casos de reclamos con expedientes en trámite ante la DASDE (personas que ya tenían un tratamiento asignado que se les cortó), otra muestra del incumplimiento. La clave de la cautelar era, en esencia, que funcione el organismo, que se designe a sus autoridades y se diseñe su organigrama. Que se implemente un sistema nuevo y eficaz de compra de medicamentos aunque se haya denunciado a la administración anterior. Por ende, que se entregue la medicación a quienes les corresponde y la esperan desde hace cuatro meses y medio. La respuesta habitual en este tiempo fue «llame en quince días», «estamos presupuestando», «no sabemos cuándo estará».

El amparo, con pedido de medida cautelar, le tocó al juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, quien se tomó su tiempo y esta semana decidió declararse incompetente. Envió el reclamo a la justicia Civil y salió sorteado el juzgado Civil 2 a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos. Habrá que ver si activa una respuesta rápida. Quién dice la parsimonia de la cartera de Salud se le termina adelantando.

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