La provincia de Salta se vio conmocionada hoy por una sucesión de hechos en el marco de la investigación que lleva adelante una Unidad Fiscal en el norte salteño por irregularidades en un trámite procesal.
De esa sucesión de hechos, la novedad más importante fue la detención del intendente del pueblo de Aguas Blancas, Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, y del abogado oranense Roberto Ortega Serrano, medidas solicitadas por la fiscalía ayer y ordenadas hoy mismo por el juez de Garantías Raúl López.
Además, se realizaron operativos en ocho viviendas en el norte salteño. Dos de esos allanamientos fueron en propiedades del juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, en este caso la medida fue autorizada por la Corte de Justicia de Salta. La fiscalía también solicitó la detención del magistrado, aunque este pedido no fue autorizado todavía.
Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la intervención de la Municipalidad de Aguas Blancas, aunque ya el intendente había pedido una licencia de tres meses «por razones personales» y quedó a cargo de ese municipio el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Gutiérrez.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la Unidad Fiscal, integrada por las fiscalas penales Mariana Torres y Daniela Murúa y el fiscal penal Carlos Salinas, dirigió hoy el allanamiento del domicilio particular del juez Parisi. Trascendió que también se allanó otra propiedad de este magistrado.
Simultáneamente, el juez Raúl López autorizó la detención del intendente Martínez y de Ortega Serrano. Acompañado por su defensor, el abogado Darío Palmier, Martínez se había presentado voluntariamente ante el juez López, que pidió la presencia de la policía de la provincia para llevar a cabo la detención. Además, se allanaron tres propiedades del intendente, en Aguas Blancas.
La detención de Ortega Serrano fue después y durante este operativo se le secuestró su camioneta, un teléfono celular y 400 mil pesos en efectivo. En este caso se allanaron dos propiedades del abogado, en la ciudad de Orán.
El juez Parisi, el intendente Martínez y el abogado Ortega Serrano fueron imputados por haber facilitado acceso a información confidencial vinculada a una investigación penal en curso, relacionada al homicidio agravado de César Daniel Martínez, hermano del intendente.
La fiscalía sostiene que el magistrado dio acceso indebido al abogado al expediente y comunicó al intendente de Aguas Blancas que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.
La Unidad Fiscal imputó a Parisi por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. A Ortega Serrano y a Martínez los acusa como coautores de entorpecimiento de acto funcional y cómplices primarios en la violación de secretos.
Los hermanos Martínez tienen antecedentes que los vinculan con el tráfico de drogas. César Martínez fue asesinado a tiros por sicarios, el 12 de noviembre de 2023, en la puerta de su casa en la ciudad de Orán, donde cumplía prisión domiciliaria. Tenía antecedentes por violencia de género y hechos vinculados al tráfico de drogas ilegales.
El intendente Carlos Martínez cumplió una condena de 5 años de prisión por transporte de estupefacientes. Actualmente, está procesado por lavado de activos en una causa radicada en la Justicia Federal de Santiago del Estero.
Una circunstancia extraordinaria
El concejal a cargo de la intendencia de Aguas Blancas, Fabián Gutiérrez, publicó hace unas horas un comunicado «a todo el pueblo en general» informando que desde ayer está a cargo del Poder Ejecutivo Municipal, «en virtud de que el Sr. Carlos Martínez ha solicitado licencia al Concejo Deliberante y en consecuencia, como Presidente del Poder Legislativo Municipal me ha tocado asumir la jefatura del municipio de Aguas Blancas».
Cuando difundió este comunicado la Cámara de Diputados de la provincia aún no había aprobado la intervención. Gutiérrez consideró «preocupante» esta posibilidad, que finalmente se concretó.
Sostuvo que la intevención es «una circunstancia extraordinaria para la joven vida política de este pueblo», decretó un asueto administrativo de 48 horas. «En primer lugar, para poder salvaguardar la institucionalidad con la mayor responsabilidad y compromiso, porque soy un vecino criado, formado y que quiere a este suelo» y también «para poder auditar y mantener el orden administrativo y financiero de la Municipalidad».
Asimismo, expresó públicamente sus deseos de reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz, el vicegobernador y presidente del Senado Provincial, Antonio Marocco, y el presidente de la Camara de Diputados, Esteban Amat, «con la finalidad de poner en contexto la realidad social de nuestro pueblo».
