La alta inflación, la incertidumbre electoral y la falta de definición con respecto a la reforma de la Ley de Alquileres no hacen más que echarle combustible a los precios locativos. En un mercado con cada vez menor oferta, se espera que octubre traiga una suba récord de 115%.
Ese número resulta del pronóstico coincidente de los operadores del sector, que auguran un empeoramiento de las condiciones en las que desenvuelve el mercado de alquileres por la ausencia de certezas sobre el destino de la reforma hoy discutida en el Senado tras la media sanción de Diputados que modificó los artículos más cuestionados.
Además, debe tenerse en cuenta que. aunque finalmente se aprobaran los cambios a la ley, las nuevas condiciones, regirán sólo para los contratos que se inicien con posterioridad a las reformas, mientras que los contratos anteriores seguirán rigiéndose con las mismas reglas derogadas.
De acuerdo a un informe divulgado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña (DGEYC), los alquileres en la Ciudad registraron en el segundo trimestre del año aumentos interanuales de hasta el 141 %. Todo en un contexto de fuerte sequía de la oferta, estimada en más del 48% en lo que respecta a la publicación de avisos y la multiplicación por tres de las propuestas cotizadas en dólares.
La oferta de alquileres sigue en caída
El retiro de inmuebles con destino al alquiler de vivienda ha sido tan drástico en los últimos meses que en la actualidad se estima que el total de unidades disponibles en Capital Federal se ubica por debajo de las 500 unidades. Además, según las inmobiliarias, la escalada del dólar registrada tras las PASO del 13 de agosto tuvo el efecto incentivar el pase al mercado de ofertas temporarias, acentuando aún más la crisis en la oferta de departamentos.
En este escenario, las novedades que llegan del ámbito legislativas no son nada estimulantes. Esta semana la sesión prevista en el Senado para tratar las modificaciones a la Ley de Alquileres fue suspendida y postergada hasta fin de mes. La causa de la postergación fue la indisposición de dos senadores del oficialismo, por lo que no pudieron asistir al debate en la cámara. La idea del Frente de Todos y aliados era discutir el proyecto que reforma haciéndole cambios al proyecto que logró media sanción en la cámara baja.
Tras dos semanas de debate en comisión, el oficialismo logró aprobar el dictamen de mayoría en tanto que Juntos por el Cambio impulsó su dictamen de minoría ratificando la media sanción de Diputados. Este último proyecto, aprobado el 23 de agosto, reduce de tres a dos años los plazos de contratos e introduce una actualización de los alquileres cada cuatro meses (actualmente es anual) y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.
El dictamen oficialista en el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de duración de los contratos y ordena que serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses.
