Los vendedores callejeros, a los que la Policía de la Ciudad hostiga en todo Buenos Aires, se pasearon sin problemas vendiendo copos de azúcar frente al domicilio de Cristina Kirchner poco antes del atentado del 1º de septiembre y haciendo inteligencia. Los integrantes de Revolución Federal, que ansiaban matar a la vicepresidenta, entraban al edificio donde vive CFK sin problemas. Un fiscal federal le advirtió a Marcelo D’Alessandro, ministro porteño, que podía haber problemas y no le contestaron nada. En las terrazas había gente sacando fotos y no se sabe quiénes son, aunque parece que respondían a la Policía de CABA. Todos estos hechos son la base sobre la cual los abogados de CFK reclaman una investigación del papel que jugó aquel día de septiembre, y en los días previos, la fuerza policial porteña que, se supone, era la encargada de dar seguridad en Juncal y Uruguay y sus alrededores. Los abogados no se hacen muchas ilusiones: en el mismo escrito en el que le piden a la jueza María Eugenia Capuchetti que investigue a la Policía de la Ciudad, se menciona que la magistrada trabaja para el Poder Ejecutivo porteño en un sospechado Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en el que se pagan las horas de clase a más valor que en la UBA y en el que funcionarios judiciales parecen tener sueldos sin realizar a cambio ningún trabajo.
Seis meses y una hipótesis
El miércoles próximo se cumple medio año del intento de asesinato de la vicepresidenta. Sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal presentarán dos días antes, el lunes, un escrito de 26 páginas en el que cuestionan todo el enfoque de la investigación a la jueza Capuchetti. Por ahora, lo que intentan instalar la magistrada, la oposición y los medios alineados con Juntos por el Cambio es la hipótesis de que un grupito de tres locos se lanzó a matar a Cristina Kirchner.
Ubeira y Aldazabal vienen batallando contra ese enfoque, poniendo el acento sobre el financiamiento originado en dos empresas de la familia Caputo; en el papel de los neonazis de Revolución Federal y ahora en la fuerza que, supuestamente, estaba a cargo de la seguridad en la esquina de Juncal y Uruguay.
Los abogados se preguntan ¿por qué la jueza Capuchetti puso en marcha un expediente sobre la actuación de la Policía Federal y la custodia de CFK, mientras que se abstuvo de hacer lo mismo con la Policía de la Ciudad?
En realidad, Ubeira y Aldazabal se responden a sí mismos con un razonamiento: es porque la jueza juega para el gobierno porteño y cobra un sueldo inexplicado del Instituto de Seguridad Pública. La secuencia que describe el escrito de los abogados es sencilla: Capuchetti es empleada del ISSP, que depende del licenciado ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro. Es decir, trabaja en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo porteño, “la división de poderes bien gracias -dicen Ubeira y Aldazabal-, el Instituto “parece funcionar como una caja destinada a construir influencias y a financiar operadores judiciales, jueces y fiscales. Tres días después de pedirse licencia por estar involucrado en gravísimos hechos de corrupción y tráfico de influencias, D’Alessandro fue nombrado profesor titular del Instituto”, recuerdan los letrados.
El pedido de medidas
En concreto, los abogados de CFK le piden a la jueza que ordene seis medidas elementales de prueba para investigar la actuación de la Policía de la Ciudad. Y, en realidad, todo suena a que esto debió ordenar la magistrada el primer día, no seis meses después del ataque. Por ejemplo:
* El entrecruzamiento de llamadas de los efectivos dispuestos en la zona.
* La identificación de todas las personas que filmaron y fotografiaron cerca de la casa de Cristina Kirchner.
* Que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño mande los protocolos que seguían los efectivos para resguardar la seguridad de la vicepresidenta.
* Que ese mismo ministerio envíe todas las órdenes dadas en relación con la seguridad de la esquina de Juncal y Uruguay.
* Que se cite a declarar al fiscal Leonel Gómez Barbella para que explique el oficio que le envió a D’Alessandro advirtiéndole sobre la necesidad de reforzar la seguridad de la expresidenta.
La sensación es que lo ocurrido se inscribe dentro de una definición: para el gobierno porteño CFK era -y es- una adversaria. De manera que cualquiera que fuera a manifestar en contra de ella, no era ni sospechoso ni mal visto. La vecina que colgaba carteles y los neonazis que la visitaban, resultaban simpáticos. Los de Revolución Federal, muchachos algo díscolos, pero aceptables. A los que vendían copos de azúcar no se los vio como un peligro porque cualquier cosa contra Cristina era tolerable. En cambio, los que fueron a respaldar a la vicepresidenta, esos sí resultaban sospechosos, indeseables y había que ponerles vallas.
Encuadre escandaloso
Para Capuchetti, la tentativa de homicidio no tuvo nada de político, fue como un intento de matar a alguien en una pelea de borrachos. “Respecto del carácter político de los hechos -escriben Ubeira y Aldazabal-, es sintomático que durante los procesamientos no se menciona una sola vez la naturaleza política de lo sucedido. La jueza lo trató como una causa en la que se investiga y juzga un delito ordinario”. Es indudable, que quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación y líder de una de las principales corrientes políticas del país, por lo cual si hubiera salido el disparo, el país habría entrado en una situación dramática. Y por muchos años.
Pero tampoco -dicen los abogados de CFK- hay un encuadre de género. El Comité de Expertas de la Convención Interamericana para Prevenir la Violencia contra la Mujer caracterizó el atentado como un hecho de violencia política y, además, recalcó su carácter de violencia contra la mujer. Nada de eso figura en los procesamientos.
Ninguno de estos encuadres forman parte del expediente. El aparato de Comodoro Py tiene como objetivo cerrar la causa cuanto antes, mandar a juicio a los tres imputados –Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo– por el delito de tentativa de homicidio, escondiendo todo lo que hubo alrededor: financiamiento; grupos neonazis conectados con Juntos por el Cambio; violencia política y un intento de desestabilización del orden constitucional.
