Rodríguez Larreta adelantó que no suscribirá

El Presidente busca cerrar el lunes un acuerdo con los mandatarios de todo el país. Las críticas al jefe de Gobierno porteño por su negativa.

El lunes próximo el presidente Alberto Fernández se volverá a sacar una foto junto a todos los gobernadores del país, cuando firmen el nuevo consenso fiscal en Casa Rosada. Solo faltará el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que una vez más anunció que no suscribirá al acuerdo, tal como lo hizo en 2020. Si bien Larreta esgrimió que no lo firmará porque «en la Ciudad no vamos a aumentar impuestos», desde Casa Rosada lo desmintieron: «el Gobierno de la Ciudad lo rechaza porque ellos efectivamente están aumentando impuestos». «Eso lo tienen que saber todos los porteños», agregaron y recordaron que el GCBA, desde sus leyes impositivas, en el último tiempo aumentó un 52 por ciento el ABL y también las patentes, además recordaron la creación que el año pasado hizo la Ciudad de un nuevo impuesto a las tarjetas de crédito «que pagan todas las familias» y el aumento a los servicios financieros.

La primera vez que se firmó un consenso fiscal fue en el año 2017, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Esa herramienta, que fue creada por Cambiemos luego de la victoria que tuvieron en las elecciones legislativas de ese año, fue parte del discurso de «austeridad» que pregonaba el exmandatario. Mediante el consenso fiscal, las provincias y CABA se comprometían a reducir, a lo largo de cinco años, el impuesto de ingresos brutos y a sellos, que Macri consideraba «distorsivos» para la economía, a cambio de beneficios para los distritos nunca recibieron.

En 2019, a una semana de haber asumido el Gobierno Alberto Fernández, y por pedido expreso de todos los gobernadores, la reducción impositiva a la que obligaba el consenso fiscal fue suspendida y todos los gobernadores firmaron un nuevo acuerdo para dejarla en pausa. En ese momento, Larreta estuvo de acuerdo, firmó y hasta participó de la foto que el Presidente se sacó en el Salón Eva Perón con todos los jefes provinciales, el ministro del Interior Eduardo de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Jefe de Ministros de ese entonces, Santiago Cafiero.

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En 2020 el panorama fue complejo. Con la pandemia en el centro de la escena y con las graves consecuencias que trajo para la economía, los gobernadores refrendaron la suspensión de la baja en los impuestos, pero en esa ocasión Larreta cambió su discurso y se opuso. Sucede que el Jefe de Gobierno porteño no quería aceptar una cláusula del acuerdo que consistía en dar de baja todos los litigios de las provincias con Nación –tal como lo decía el consenso de 2017–. No lo quiso hacer porque eso hubiera incluido resignar el litigio por la coparticipación, tema por el que se encontraba discutiendo en ese entonces con el Gobierno Nacional.

Sobre el consenso que se firmará este año, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, indicó en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada que «surge como respuesta a la necesidad que se generó en las provincias luego del consenso que se firmó en 2017, que establecía un cronograma de reducción de alícuotas de los impuestos provinciales, al que muchos gobernadores fueron forzados a firmar». Además, añadió que «en el 2019 los gobernadores reclamaron seguir teniendo potestad y autonomía tributaria. Como Gobierno dimos lugar a eso y desde 2019 empezamos una firma de consensos en los que establecíamos las alícuotas vigentes del momento». En esa línea, Batakis explicó que eso no quiere decir que las provincias tendrán que aplicar las alícuotas que fije el Gobierno de forma obligatoria, sino que, incluso, podrán aplicar menores, «se trata simplemente de armonizar los máximos», subrayó.

La funcionaria del Ministerio del Interior remarcó, para desmentir los dichos de Larreta, que «desde este consenso no promovemos ningún aumento de impuestos. Se trata simplemente de ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, en el 2020 y en el 2021, pero ahora las provincias tendrán la potestad. Lo único que hacemos es volver a darle autonomía política a cada provincia para que ellos decidan si aumentan o no, fijando un tope». «Las provincias volverán a tener la autonomía que el macrismo les sacó con el consenso del año 2017», señaló tajante. De este tema también habían conversado los gobernadores con el Presidente, durante el almuerzo que el miércoles sostuvieron con él en la Quinta de Olivos.

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Acerca de los topes que habrá para cada actividad, Batakis explicó que «este consenso da estabilidad jurídica porque el año que viene las provincias no van a necesitar ir a uno nuevo por impuestos provinciales. De ahora en adelante las provincias tendrán un tope de alícuotas que quedará establecido». Según el borrador del acuerdo, las alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos son: para agricultura, ganadería, pesca y minería de 0,75 por ciento; para la industria manufacturera, 1,50 por ciento; para la construcción, 2,5 por ciento; para el comercio, 5 por ciento; para hoteles y restaurantes, 4,5 por ciento; para comunicaciones 5,5 por ciento; para telefonía celular 6,5 por ciento; para intermediación y servicios financieros 9 por ciento –este es el impuesto que la Ciudad decidió aumentar el año pasado–; para actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 por ciento y para servicios sociales y de salud 4,75 por ciento. Los porcentajes son distintos ya que, como explicó Batakis, «lo que tratamos de hacer es que el impuesto sobre los ingresos brutos no le ponga freno a la actividad productiva».

Para la elaboración del consenso 2021, el Gobierno Nacional viene sosteniendo un diálogo fluido con las provincias desde hace más de dos meses. A lo largo de ese proceso cada jurisdicción fue enviando comentarios que eran centralizados y trabajados por el Ministerio del Interior. Este año firmarán todas las provincias salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco lo harán La Pampa y San Luis, ya que no necesitan firmar porque no estaban involucradas en el consenso 2017. En esa línea, destacó que «la única que no va a firmar y no va a tener estabilidad jurídica es CABA».

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El nuevo acuerdo incluye otros capítulos que tienen que ver con, por ejemplo, el endeudamiento responsable. Al igual que el año pasado y el anterior, se fijó que las provincias no podrán endeudarse en dólares. Además, cualquier tipo de endeudamiento que tomen tendrá que ser utilizado para realizar obras de infraestructura, algo totalmente distinto a lo que sucedió durante el macrismo, que permitió endeudamientos sumamente elevados en dólares que trajeron terribles consecuencias económicas para las provincias, como sucedió en Chubut. Desde ahora, las provincias solo podrán incrementar el stock en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.

Una novedad del nuevo consenso es que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante 2022 podrán legislar un impuesto a un aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. Luego de firmarse, el consenso fiscal deberá ser enviado y aprobado por el Congreso Nacional y deberá pasar también por las legislaturas locales. Si una provincia decidiera no firmarlo, puede hacerlo. «No obligamos a nadie a hacerlo», subrayó Batakis. La funcionario explicó que en la provincia que no lo haga entrarán a tener vigencia las cláusulas de los impuestos provinciales de 2017, fijados por el macrismo.

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