Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se reunieron para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que atenta contra la soberanía y la integridad territorial, luego de que la iniciativa naufragara por cuarta vez la semana pasada. En un uso selectivo de la Constitución, Bullrich defiende el proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros sin límites y se ampara en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos nativos. La interpretación contrasta con la presentación del jefe del bloque libertario, Agustín Romo, en la Legislatura bonaerense, para arancelar la educación y la salud de los inmigrantes. El Senado buscará aprobar la ley el próximo 6 de agosto. El proyecto para entregarle el país a los tecno-ricos que Milei admira tendría los votos para su aprobación en general, aunque persisten las dudas sobre algunos de sus artículos centrales. En las redes sociales comienza a gestarse una movilización para el día en que la ley se trate en el Senado.
Minutos antes de las cuatro de la tarde y con el Congreso casi vacío por el receso invernal, Federico Sturzenegger llegó al Senado junto con el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. El encuentro con Bullrich se produjo luego de los cortocircuitos de la semana pasada entre el ministro y la jefa de la bancada libertaria, que derivaron en el levantamiento de la sesión. En una demostración de pragmatismo, la senadora les había prometido cambios a los aliados que Sturzenegger rechazó, y la exministra tuvo que pedir un cuarto intermedio para no desechar todo el trabajo parlamentario.
En concreto, el último borrador que circuló antes de la sesión otorgaba a las provincias mayor autonomía para avalar o rechazar la venta de tierras. La salteña Flavia Royón y una parte del radicalismo pidieron una suerte de régimen de habilitación provincial para esas operaciones, propuesta que el ministro de la motosierra rechazó. Fue la modificación número quince del texto que se dictaminó en mayo. Total normalidad.
Tras el encuentro, Bullrich dijo a los periodistas acreditados: “El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”. Ahora, deberá conseguir los votos para su aprobación. El poroteo que circula entre el oficialismo anticipa problemas para la votación en particular. En medio de una interna provincial, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se inclinarían a votar en contra de la extranjerización de la tierra. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia, Misiones es junto a Salta una de las provincias con mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros.
La Inviolabilidad de la Propiedad Privada es uno de los proyectos que más le importan a Javier Milei. Junto con el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Glaciares y la reforma de la Ley de Sociedades, constituye el andamiaje normativo para entregar, llave en mano, el país a los superricos de Silicon Valley que el libertario admira. En su cuenta de X, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió: “Estamos frente a un modelo que nos empuja hacia una plutocracia, donde determinadas corporaciones concentran niveles crecientes de influencia, información privilegiada y capacidad de decisión sobre asuntos del Estado, derivando en una suerte de totalitarismo privado. Todo ello es incompatible y peligroso para una democracia republicana”.
Constitución a su medida
Sobre los cuestionamientos de la oposición, Bullrich aseguró: “La soberanía está absolutamente resguardada”. Para la senadora, “el concepto de propiedad es un concepto que define nuestra Constitución. Un ciudadano que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un ciudadano nacional. Puede comprar tierras, un departamento, una fábrica. No puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en los departamentos que posee o en las hectáreas. Es un concepto de propiedad, no de soberanía”
Además enfatizó sin ruborizarse: “La soberanía es defender lo estratégico de la Nación”. La ley que el Gobierno quiere aprobar busca eliminar los límites en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico. Por ejemplo, en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento, como ocurre en zonas cordilleranas donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. Además, elimina el porcentaje máximo por nacionalidad previsto en la ley vigente, un artículo que parece hecho a medida de Estados Unidos, uno de los principales países de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en la Argentina.
Para el Gobierno libertario, los extranjeros millonarios no deberían tener límites a la hora de adquirir territorio, pero los migrantes pobres sí a la hora de acceder a los hospitales o a la educación. En la Legislatura bonaerense, Agustín Romo presentó un proyecto que propone que los extranjeros sin residencia permanente paguen por el uso de hospitales públicos y universidades provinciales. A nivel nacional, las universidades públicas ya están habilitadas para cobrarles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. El encargado de recordarlo fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en su cuenta de X escribió: “Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el 28/05/2025”.
En efecto, el decreto de Milei choca con el mismo artículo 20 de la Constitución que Bullrich invoca para defender la extranjerización de la tierra y, fundamentalmente, con la Ley de Migraciones sancionada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner.
