Pedidos Ya, Glovo y Rappi sancionados con 40 millones
El gobierno de la provincia de Buenos Aires detectó que el 97 por ciento de los repartidores de plataformas no estaban registrados.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó multas a las plataformas digitales Pedidos Ya, Glovo y Rappi tras detectar incumplimientos en las normativas laborales en el 97 por ciento de los trabajadores contactados. Más allá de que es conocida la precariedad laboral de las y los trabajadores de reparto, es la primera vez que desde el Estado se realizan inspecciones laborales de este tipo. El gobierno impuso multas a las empresas por más de 40 millones de pesos.
Lo central del asunto es que por primera vez un ente estatal, la cartera de Trabajo bonaerense que actúa de policía de trabajo, determinó la responsabilidad que tienen las empresas en estas relaciones: «Los trabajadores tienen una relación de dependencia técnica, jurídica y económica con las empresas y por lo tanto corresponde registrarlos para que accedan a sus derechos laborales como ART, aguinaldo y vacaciones», explicó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec.
Las multas aplicadas ascienden a 17,7 millones de pesos para Pedidos Ya, 16,4 millones para Rappi y 6,3 millones para Glovo. El monto fue determinado en función de las infracciones que comentió cada empresa: «La más grave es la del no registro como trabajadores en relación de dependencia, pero además encontramos infracciones en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo», indicó la ministra. En la provincia es obligatorio que las empresas confeccionen e implementen un protocolo especial para la covid, que tampoco se cumplía.
La decisión es el resultado del relevamiento de 172 trabajadores en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza en el que se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, así como la falta de pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones. La enorme mayoría de los trabajadores no cuenta con ART o seguro ante riesgos del trabajo y, en aquellos casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trataba de seguros de accidentes o contra terceros financiados por las y los trabajadores, a título personal.
Una vez hecho el relevamiento, se le pidió a las empresas que envíen la información correspondiente en función de cada irregularidad registrada. Podían presentar los papeles que acreditaran el cumplimiento de la normativa o realizar un descargo, camino que eligieron las plataformas sosteniendo que no tienen trabajadores en relación de dependencia porque son emprendedores y usan su tiempo libre en esta actividad. Esta narrativa contrasta con el resultado del relevamiento: el 73 por ciento de las personas trabajan los siete días de la semana, es decir sin jornada de descanso. A esto se le suma la intensidad de la carga horaria diaria promedio: el 53 por ciento trabaja nueve horas o más por día.
«Nuestra intención no es recaudar, sino que se pretende que la empresa además de pagar arregle la situación que generó esa multa. Las evidencias que encontramos son súper contundentes: los trabajadores reciben órdenes, trabajan con elementos entregados por las empresas con sus logos, no pueden negociar la cantidad ni los plazos del dinero que perciben por sus trabajos que, ademas, es su principal fuente de ingresos», explicó Ruiz Malec.
«Queremos que se visibilice y que se negocien condiciones de trabajo entendiendo que estas empresas están por fuera de la normativa laboral», sentenció Ruiz Malec. «Se trata de una actividad bastante tradicional que es el reparto en este caso de comida u otras cosas a domicilio, donde hay una herramienta novedosa que es una aplicación que determina otra manera de realizar el trabajo. Pero la relación laboral de dependencia no se exime».
