La Policía de Nicaragua encerró este lunes en sus casas a más de diez opositores en la víspera de una manifestación contra el presidente Daniel Ortega convocada para mañana por un empresario local en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.
Opositores de ciudades como León, Managua, Masaya, y Tipitapa, todas ubicadas en la zona Pacífico, denunciaron que los agentes de la Policía nicaragüense les impidieron salir de sus hogares, sin dar explicaciones. En algunos casos las viviendas fueron rodeadas por más de una patrulla, según informaron los denunciantes.
Entre los opositores afectados están el empresario Dolores Blandino, y el comentarista político Jaime Arellano, quienes la semana pasada lanzaron una invitación pública para marchar contra Ortega mañana martes.
Algunos integrantes de las organizaciones opositoras Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, también denunciaron que la Policía les impide salir de sus casas.
“Se ha recrudecido la represión, los hostigamientos a las casas de diferentes dirigentes, hemos visto un despliegue inusitado de la Policía”, dijo el miembro de la Alianza Cívica, José Pallas, cuya casa se mantiene asediada por policías en la ciudad de León.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se pronunció en contra de las acciones policiales, remarcando que violan los derechos de libre movilización, expresión y reunión, establecidos en la Constitución de Nicaragua.
“No debe seguir este asedio, este abuso, al pueblo (…) es un abuso del Gobierno, lamentamos mucho que esta Policía, en vez de estar al servicio del pueblo, esté al servicio de un Gobierno dictatorial, intolerante, represivo”, dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
La Policía de Nicaragua mantiene una rigurosa prohibición de protestas contra Ortega y su familia -muchos de ellos con cargos en el Gobierno, entre quienes se destaca su esposa, Rosario Murillo- desde septiembre de 2018, a pesar de que la medida viola la Constitución, según han afirmado expertos en leyes.
La medida se ha visto ilustrada en el hecho que personas que han alzado la bandera de Nicaragua o cantado el himno del país han sido condenadas a varios años de cárcel.
La decisión de las autoridades contrasta con las expresiones semanales de apoyo que emiten hacia Ortega y su partido, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Blandino y Arellano habían convocado a la protesta antigubernamental para el mismo día en que se espera el relanzamiento de la nueva Coalición Nacional, la cual busca aglutinar a todos los grupos disidentes en contra de Ortega.
La crisis de Nicaragua estalló en abril de 2018 cuando una aparente mayoría de nicaragüenses salió a las calles para reclamar al Gobierno la muerte de decenas de jóvenes manifestantes, a manos de policías y paramilitares.
Desde entonces, al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales cuentan hasta 684, y el Gobierno admite 200.
Tanto la CIDH como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado por la violencia en Nicaragua al régimen de Ortega, quien sostiene que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
Las acciones policiales pusieron en duda la marcha citada para mañana martes en Managua. «El problema es que la Policía mata, persigue, secuestra, desaparece a los muchachos, y los encarcela, y viola a las mujeres, viola a los chicos gays, y viola un montón de situaciones», explicó el opositor Yader Parajón, en un video filmado en el interior de su casa.
En Nicaragua las autoridades no brindan información a medios no oficialistas.
