Los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin denunciaron penalmente a dos camaristas federales de Rosario por la presunta comisión de los delitos de cohecho y violación de los deberes de funcionario público debido a que habrían ayudado a evitar que la Tabacalera Bronway dejara de pagar los impuestos mínimos vigentes por ley.
Según indicaron fuentes vinculadas con la investigación, los letrados denunciantes, algunas resoluciones tomadas por los magistrados federales supondrían haber incurrido en delitos de corrupción de Bronway Technology S.A. cuyo presidente es el empresario Darío Ippolito.
El fiscal Claudio Kishimoto deberá determinar si los magistrados denunciados -cuya identidad se reserva- actuaron, o no, de buena fé y si en las decisiones inherentes a este conflicto de la tabacalera santafesina, aplicaron el derecho de forma imparcial y desinteresada.
Los delitos que se investigan
Según los denunciantes, la causa iniciada contra los magistrados se basa en «posibles delitos y escandalosas actuaciones llevados a cabo por ambos jueces» y que podrían derivar en delitos como:
– «Cohecho«. Que según el Código Penal, artículo 256, conducta de funcionario corrupto podría derivar en una pena de prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua de funcionario público.
– «Violación de los deberes de funcionario publico«. Artículo 248, con penas de 1 mes a 2 años de prisión al funcionario que dictare una resolución arbitraria y parcial, a sabiendas de su injusticia, en contra de la Constitución o Leyes Nacionales.
Una deuda impositiva de 100.000 millones de pesos
Siempre según los letrados que denunciaron a los magistrados, el 23 de mayo de 2022 un juzgado de primera instancia de Rosario deniega la petición de la Tabacalera Bronway que pretendía mediante una cautelar no pagar los impuestos mínimos correspondientes a la Industria. Cabe señalar, que esa firma debería al Estado más de 100 mil millones de pesos en impuestos.
El 29 de diciembre de 2022, el tribunal de alzada rechaza de nuevo la solicitud de Bronway para no pagar los impuestos mínimos a través de otra cautelar y la tabacalera decide amenazar con despidos y presiones a funcionarios de la Justicia para conseguir dicho beneficio exclusivo.
Frente a ello, el tribunal accede a autorizar durante 3 meses el funcionamiento de la mencionada empresa, con el fin de regularizar un plan para su estado impositivo, con la prestación de un seguro de cautela (contracautela), cuyo monto y modalidad sean fijados por una Jueza de primera instancia hasta una resolución definitiva.
El 4 de enero la jueza fija una contracautela, con un informe económico de AFIP, en base al 30% de la deuda impositiva de los últimos 4 meses, con un monto de 2.000 millones de pesos.
De forma «escandalosa y arbitraria», se manifiesta en la denuncia, dos camaristas, habilitando la feria judicial, sin justificar esta excepcionalidad y “entre gallos y medianoche” el sábado 14 de enero, fijan la contracautela en tan solo 90 millones de pesos, 1.910 millones menos que lo fijado en primera instancia.
Asimismo los denunciantes formularon la correspondiente presentación en el Consejo de la Magistratura, a los fines que los jueces sean también investigados disciplinariamente.
