En un día cargado de tensión, porque las fuerzas de seguridad tiraron gases contra los desocupados que manifestaban en la estación Avellaneda, los movimientos sociales reclamaron contra la decisión del gobierno de Milei de cerrar el programa Volver al Trabajo, una medida por la que 900 mil personas perdieron su plan social. Se trató de una jornada de lucha en todo el país -con cortes de ruta y protestas en las plazas de muchas ciudades-, aunque el foco de la atención estuvo puesto en Avellaneda. Allí los manifestantes fueron reprimidos al intentar cortar el puente Pueyrredón: la policía no los dejó subir al puente, pero la gente tampoco se fue del lugar y permaneció cortando durante horas la avenida Hipólito Yrigoyen. La protesta piquetera empalmó, a la tarde, con la de las centrales obreras y los jubilados.
El próximo 5 de agosto, los titulares de lo que fue el mayor programa de asistencia social -reivindicado por los movimientos como un salario complementario para los trabajadores de la economía popular- no percibirán más ese ingreso mensual.
–¿Cómo impactó la noticia en tu barrio?- preguntaron a Norma Morales, referenta de Barrios de Pie.
-Con incredulidad: la gente no se convence de que no lo va a cobrar. “No va a pasar… ¿te parece, Norma?”, dicen. El golpe se va a sentir el 5, cuando el dinero no se deposite.
Morales es dirigente nacional de su organización y además secretaria adjunta de la UTEP. Vive en Danubio Azul, un barrio popular de Avellaneda, donde hace rato que los ingresos de los vecinos vienen reduciéndose. Como resultado, la gente busca nuevos rebusques. Ella misma tiene cuatro trabajos para sobrevivir: uno en una cooperativa textil, otro como lavacopas los fines de semana. Además, vende comidas típicas en su casa, y ropa por las redes. Eso es ser hoy trabajador informal, o de la economía popular.
El programa cerrado
El Volver al Trabajo consistía en el pago de 78 mil pesos mensuales. En el gobierno anterior llegó a equivaler a la mitad de un salario mínimo, aumentaba de manera automática cada vez que el salario mínimo tenía una recomposición. Aquella cláusula de enganche fue un reconocimiento de que los altos niveles de trabajo informal en la Argentina son un problema crónico, y de que sus trabajadores requieren del Estado políticas compensatorias. Sin embargo, al asumir la presidencia Milei, congeló el monto del programa y quedó en 78 mil pesos.
En abril, el gobierno dio por finalizado el programa. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular llevó el caso a la justicia y consiguió, por unos meses, mantener el pago del Volver al Trabajo, hasta que hace diez días un fallo de Cámara habilitó al ministerio de Capital Humano a dejar de pagarlo.
Alejandro Gramajo, el titular de la UTEP, anticipó que apelarán ese fallo. “Vamos a llegar a la Corte Suprema”, dijo en la protesta de Avellaneda cuando, después de varios momentos de represión, la columna de manifestantes se acomodó sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.
Palos y gases a los manifestantes
La intención de los manifestantes era subir al puente Pueyrredón y cortar el tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires. Mientras se iban reuniendo frente a la estación de Avellaneda -allí llegaron a ser muchos, a cubrir unas tres cuadras-, encendieron cubiertas sobre el pavimento.
Del otro lado, el ministerio de Seguridad desplegó a la Prefectura y a la Policía Federal. Hubo varios momentos tensos cuando los efectivos, que apagaron el fuego, cargaron contra los que estaban adelante en la columna. En los forcejeos, repartieron palos y tiraron gases lacrimógenos.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, fue uno a los que los efectivos le tiraron gas en la cara. Se había acercado a discutir con uno de los jefes del operativo, que alegaba que así como los desocupados tenían derecho a manifestar él tenía derecho a reprimir.
El clima se fue caldeando y se desbordó cuando desde la manifestación les gritaron a las fuerzas de seguridad que “fueron unos cagones en Malvinas”, insulto que los efectivos contestaron con gases.
Pero la violencia no pasó de ahí. Sin detenidos ni heridos, los manifestantes se quedaron frente a la estación de tren, cortando las cuatro manos de la avenida desde las diez de la mañana hasta pasado el mediodía.
Las protestas tomaron su propio color en cada lugar. En Rivadavia y la avenida General Paz el ex titular de la UTEP, Esteban Castro, llevó una imagen de la virgen de Luján. “El presidente Milei quiere hambrear aún más a los pobres, quitándole a 900 mil personas el salario social complementario, una conquista que conseguimos por ley en el 2016”, dijo allí Castro. En el piquete de Mar del Plata, sobre la Ruta 2, se organizó una olla popular para doscientas personas.
“No hay una democracia real”
“El gobierno quiere destruir la organización de los trabajadores. Al cerrar el programa, apunta no sólo a no pagar los 78 mil pesos… aunque es cierto que es un gobierno cruel, y que va a perjudicar no sólo a los que cobraban el programa sino a los barrios, porque va a dejar de circular un montón de dinero, profundizando la recesión y la caída del consumo. Pero en el fondo, lo que creo que busca el gobierno es que no haya más organizaciones obreras, ese es su ideal. Si no hay organización, se abaratan los salarios sin resistencia, se achica cualquier tipo de ayuda social y no pasa nada. Necesitan que los trabajadores no se organicen, lo hacen por eso”, opinó Belliboni sobre el motivo de fondo del conflicto.
Para Laura Cibelli, del Movimiento de Trabajadores y Excluidos, los hechos de represión “muestran que la protesta social está vedada, que en la Argentina no tenemos una democracia real”.
“Lo que están haciendo con nuestros compañeros es muy cruel porque implica que 900 mil personas van a dejar de cobrar y eso va a perjudicar a miles de comedores, que no sabemos cómo van a hacer para seguir adelante, porque ya les quitaron el envío de alimentos y ahora les quitan el salario social complementario. La verdad es que la situación es muy terrible: tenemos un gobierno que siempre va contra los de más abajo, con los que peor están”.
